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En Veracruz se han aplicado 1.2 millones de vacunas contra el sarampión; contagios se han reducido en 66 por ciento a nivel nacional
MEMORANDUM 1.- De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, gracias a los 18.2 millones de vacunas que se han aplicado desde el pasado 12 de febrero, se han reducido en 66 por ciento el número de casos de sarampión en el país. Refirió que en Veracruz se han aplicado 1.2 millones de inmunizaciones contra el virus, lo que coloca al estado en la quinta posición de la lista de las entidades con mayor número de vacunas, de acuerdo con el cuadro de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión. El subsecretario destacó que los casos de sarampión pasaron de 220 diarios, en el pico más alto del brote que se registró el 20 de febrero, a menos de 70. “El sarampión sigue bajando en nuestro país, llevamos prácticamente seis semanas de mejora continua. Es un hecho positivo, pero tenemos que ir cerrando las brechas. Todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo, y la manera de hacerlo es vacunándonos”, reiteró Clark. El funcionario señaló que se mantiene la alta disponibilidad de vacunas, con 28 millones de dosis, aunque continúa a la baja la propagación del sarampión. Señaló que desde la semana del 7 de febrero se tienen disponibles más de 20 mil módulos de vacunación y que en la última semana se aplicaron 1.3 millones de vacunas. La mayor inmunización se ha realizado en la Ciudad de México con más de 2 millones 134 mil vacunas; seguida del Estado de México con más de 2 millones 111 mil; Jalisco en el tercer sitio con la aplicación de un millón 369 mil inmunizaciones; seguido de Puebla con un millón 369 mil vacunas. Veracruz en quinto lugar con la aplicación de un millón 256 mil 120 vacunas contra el sarampión.
Giro en caso Jonathan Santamaría: había sido sacado de su domicilio en Xalapa y ahora lo reportan en penal de Tuxpan; Familia exige respuestas
MEMORANDUM 2.- La tarde del lunes un grupo de sujetos no identificados irrumpió en el domicilio marcado con el número 5 de la calle Sandía, en la colonia Sumidero de esta ciudad Xalapa y sustrajo por la fuerza a Jonathan Josué Santamaría Martínez, de 34 años. La familia del hombre de inmediato denunció una presunta desaparición forzada, sin embargo el martes fueron notificados que se encuentra detenido por su probable responsabilidad en el delito de secuestro y que habría sido trasladado al penal de Tuxpan. De acuerdo con la información que le fue dada a conocer a sus familiares la madrugada de este miércoles, la detención estaría relacionada con señalamientos en su contra; sin embargo, la forma en que fue asegurado causa preocupación, debido a las presuntas irregularidades documentadas en el momento de su captura. Según testimonios y videos que circulan sobre el momento de la detención, los individuos que participaron no se identificaron como autoridades ni informaron el motivo del aseguramiento, lo que provocó que la familia denunciara inicialmente una posible desaparición forzada, al desconocer quiénes se lo habían llevado y su paradero. Los familiares señalaron en su momento que, aunque se presumía que podrían ser elementos de la policía ministerial, estos no habrían cumplido con los protocolos legales correspondientes, como la presentación de una orden de aprehensión o la notificación formal de los cargos. Tras buscarlo en la cárcel municipal, en la policía ministerial y no encontrarlo, la familia acudió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz en busca de información, donde permanecieron a la espera de respuestas. Posteriormente, y ya de madrugada, habrían sido informados de que Jonathan se encontraba bajo custodia por el delito de secuestro y que fue trasladado al penal de Tuxpan. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía sobre este caso, ni detalles públicos sobre la carpeta de investigación o el proceso legal en curso. Especialistas en derecho han advertido que las irregularidades en detenciones, como la falta de identificación de los agentes o la omisión en la notificación de derechos, pueden derivar en violaciones al debido proceso. Estas fallas han sido, en distintos casos, motivo para que personas imputadas obtengan su libertad al acreditarse vulneraciones a sus derechos humanos. El caso de Jonathan Santamaría generan alarma social, especialmente cuando existen vacíos de información oficial en las primeras horas de los hechos. Familiares y ciudadanos han reiterado la exigencia de que las autoridades esclarezcan lo ocurrido, detallen la legalidad de la detención y garanticen el respeto a los derechos humanos durante el proceso, al tiempo que demandan transparencia en la actuación de los cuerpos de seguridad.
Diputados de la 4T aprueban reforma a Derechos de Autor para proteger a artistas frente a IA; oposición se abstiene; hay vacíos, contradicciones y riesgos evidentes
MEMORANDUM 3.- Pese a que oposición prefirió abstenerse de votar, en la Cámara de Diputados se aprobó las reformas a los Derechos de Autor de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes, la cual busca proteger a los artistas por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales. La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, fue aprobado en lo particular por 368 votos en favor, de Morena y sus aliados, a los cuales se sumó MC, y 104 en abstención, de PAN y PRI, en el marco de un debate donde el bloque opositor advirtió que la propuesta de regulación es ambigua e insuficiente, y puede afectar al sector artístico que busca beneficiar. Tras la aprobación de la reforma en lo general –con los votos del bloque de mayoría, y la abstención de PAN, PRI y MC--, se discutió y avaló una reserva expuesta por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a siete artículos de las dos normas modificadas. Luego de destacar que los cambios se diseñaron tras reuniones de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de él mismo con diversos sectores artísticos involucrados en el tema, el también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó el alcance de las modificaciones a tres artículos de la Ley Federal del Trabajo. Según Monreal, en los artículos 304 y 305 de dicha norma se buscó actualizar el ámbito de su aplicación, conforme a las condiciones actuales de la tecnología, para evitar duplicidades con la Ley Federal de Derechos de Autor, y se sustituye “un esquema prohibitivo por uno basado en la regulación”. Esto es, indicó, para que en los contratos se definan las condiciones y remuneraciones a los artistas, cuando se utilicen voces o imágenes a través de la IA y otras tecnologías. También, en el artículo 994 se eliminan las sanciones administrativas mencionadas en el artículo 305 Bis, para que los conflictos se trasladen al ámbito jurisdiccional laboral, “evitando duplicidades con la Ley Federal del Derecho de Autor”. Por lo que se refiere a los cambios a esta segunda norma, en el caso del artículo 87, la intención es “ampliar la protección de la imagen para incluir la voz y los resultados generados mediante IA, delimitando su uso al consentimiento expreso y a los fines pactados”. Además, en el 118, se sustituyó el concepto de “imitación” por “suplantación”, la cual consiste en la “generación de simulaciones o clones mediante IA que sustituyan la prestación profesional o induzcan a error, delimitando al mismo tiempo los supuestos permitidos. Asimismo, los cambios en los artículos 121 y 231 prevén que “cualquier transformación, modificación o suplantación de la voz o imagen mediante IA requerirá acuerdo previo y por escrito entre las partes”, y ampliar el alcance de las infracciones, para evitar vacíos normativos. Luego de destacar que la IA “ha rebasado ya cualquier ámbito en el que nos desarrollamos y día con día cobra más importancia en su uso”, Monreal admitió que, para hacer estos cambios a las dos leyes federales, primero se tendría que haber reformado el artículo 73 constitucional para darle facultades al Congreso de legislar en materia de IA, como se lo planteó la bancada del PAN. No obstante, indicó “no perder las esperanzas” de que ese paso en el proceso legislativo se cumpla “pronto”. Con la reserva también se realizaron dos cambios a la iniciativa presidencial. En el artículo 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor se planteaba que los derechos de autores y actores de doblaje “subsistirán durante la vida de la persona”, además de los 50 años que ya prevé la redacción vigente. Empero, la redacción nueva definió que los derechos “permanecerán vigentes de conformidad con lo previsto en el artículo 122 de esta ley”, esto es 75 años contados desde su primera fijación, interpretación o ejecución y transmisión. Asimismo, en el artículo 118, en el dictamen se planteaba que las regalías se otorgaran a compositores e intérpretes conforme “a los acuerdos previamente establecidos”, lo cual dejaba en indefensión a los autores y cantantes frente a las disqueras. En cambio, con la reserva se precisó que las regalías se pagarán “de conformidad a los acuerdos entre las partes”. En sentido contrario, la priista Laura Ruiz adelantó que su grupo parlamentario votaría en contra del dictamen, por considerar que, aunque las modificaciones legales propuestas “en el papel suenan bien, al revisar el contenido se encuentra un entramado legal confuso, con vacíos, contradicciones y riesgos evidentes”. Tras subrayar que los tricolores no están en contra de mejorar las condiciones laborales de actores, músicos y otros gremios de intérpretes, la legisladora recalcó: “no aprobaremos una reforma mal diseñada, ambigua y potencialmente dañina”. Según la legisladora del PRI, la reforma “no brinda certeza”, pues se establecen nuevas obligaciones y derechos, pero “sin definir con claridad los alcances, los mecanismos de cumplimiento ni tampoco las responsabilidades de cada una de las partes”, lo que puede dar pie a “litigios, incertidumbre y parálisis”. Por su parte, Germán Martínez Cázares (PAN) consideró que legislar sobre temas de IA puede ser “complejo, delicado y hasta inútil”, debido al poder de la “tecnología supranacional”, las posibles afectaciones a la libertad de expresión, y la falta de herramientas tecnológicas en el país para regular dicho fenómeno

 

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