MEMORANDUM 1.- Al expresar su solidaridad con el pueblo cubano y hacer un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que puedan derivarse de estas agresiones, Venezuela, junto con China y Rusia, rechazaron el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a las naciones que vendan o suministren petróleo a Cuba. El gobierno venezolano denunció que dicha acción “limita el intercambio de bienes y servicios y condiciona la libertad de los estados para decidir soberanamente sus socios comerciales” y, por tanto, “constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global”, aseguró el canciller Yván Gil. Por su parte, Pekín reiteró su oposición a las medidas unilaterales de Washington que “privan el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y el desarrollo, así como toda forma de injerencia en los asuntos internos de Cuba y el uso de sanciones como instrumento de presión política”, aseguró el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, quien exigió al gobierno estadunidense levantar el bloqueo impuesto a La Habana, cuyos daños acumulados en más de seis décadas superan 170 mil 677 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades de la isla. El vicepresidente del senado ruso, Konstantín Kosachov, desdeñó los argumentos de que el gobierno cubano sea un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, ya que el propio país caribeño lleva décadas siendo objeto de las amenazas de Washington. “Se trata del país más rico y armado del planeta y de una pequeña isla ...es evidente que Cuba no amenaza a Estados Unidos, pero la amenaza por parte de Estados Unidos lleva décadas y ahora es especialmente grave”, señaló. A su vez, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América condenó la orden ejecutiva del estadunidense que “pretende imponer un bloqueo total para someter a todo un pueblo a condiciones de vida extremas” y destacó que “lejos de doblegar al pueblo cubano, estas acciones... han demostrado la capacidad de resistencia, dignidad y firmeza de una nación que defiende su independencia y su derecho a construir su propio proyecto político, económico y social”. Por su parte, el vocero del secretario general de la ONU, Farhan Aziz Haq, recordó ayer la postura del organismo sobre el embargo estadunidense: “la Asamblea General ha pedido reiteradamente el fin del bloqueo contra Cuba”, concluyó.

01 de Febrero de 2026 / 16:47:24

Twittear

MEMORANDUM 2.- El proyecto de dictamen para establecer en la Constitución el derecho a la jornada laboral semanal de 40 horas en el país, elaborado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y que se pretende votar en la segunda quincena de febrero, modifica el Artículo 123 de la Carta Magna, para establecer que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la Ley”, toda vez que la disminución será gradual durante los próximos cinco años. De igual forma, en ese Artículo 123 constitucional se precisa que “por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”. El trabajo extraordinario, conocido como tiempo extra, “no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo”. Además, la prolongación del tiempo extraordinario más allá de las 12 horas, “obliga a la persona empleadora a pagar 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria “conforme a lo establecido en la Ley de la materia”. Prohíbe a menores de 18 años laborar tiempo extra. Un artículo transitorio especifica que una vez promulgada la reforma a la Carta Magna, ambas cámaras tendrán un plazo de 90 días para hacer las adecuaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a fin de aplicar gradualmente la disminución de la jornada, tal como se establece en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que no se hace ningún cambio. Se deja asentado que este año seguirá la semana de 48 horas; en 2027 será de 46; en 2028, 44; en 2029 serán 42 y en 2030, finalmente serán 40 horas. En la exposición de motivos se destaca que desde la promulgación de la Constitución de 1917 se estableció la jornada máxima de ocho horas y por cada seis días de trabajo se otorgó un día de descanso, lo que representó en su momento un logro para la clase trabajadora, “pero han pasado más de 100 años sin una actualización sustancial, a pesar de los múltiples y drásticos cambios en las condiciones sociales, económicas y tecnológicas en el mundo entero”. De acuerdo con datos de la OCDE, México es uno de los países con mayor carga laboral, pues en promedio una persona trabaja dos mil 124 horas al año, muy por encima de otros países miembros de ese organismo que se sitúan en mil 687 horas anuales. “Esto implica que las personas trabajadoras en México laboran 23 por ciento más, sin que ello se refleje en mejores niveles de productividad ni mejor calidad de vida.” El exceso de horas de trabajo, se insiste, se traduce en mayor estrés, aumento de enfermedades crónicas y hasta accidentes laborales.

01 de Febrero de 2026 / 16:30:19

Twittear

MEMORANDUM 3.- Ante la inminente reforma electoral, uno de los temas centrales será la determinación que se tome respecto a la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), porque tres de sus 11 integrantes concluyen periodo el 4 de abril próximo. Y es que, si la reforma no prevé la renovación, las votaciones quedarían en riesgo de empate (no hay voto de calidad) y se afectaría el trabajo conjunto del INE, como ha ocurrido en otros órganos y tribunales electorales. Luego de una declaración del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en el sentido de que la reforma podría detener la elección de las tres consejerías, Jaime Rivera - uno de los consejeros que se van en abril, lo mismo que Claudia Zavala y Dania Ravel - aclaró que hasta el momento se desconoce si la reforma incluirá cambios a la estructura del INE. En caso de que se optara por preservar el esquema de 11 consejeros, agregó, la convocatoria ya debería estar lista en la Cámara de Diputados, encargada de llevar el proceso de inscripción y evaluación de los aspirantes. “Todo eso lleva tiempo y tendría que arrancar. Si no se inicia pronto, y la ley no se cambia, podría haber dificultad para que la Cámara de Diputados cumpla con lo que la legislación establece para los nombramientos”, indicó. Arturo Castillo, consejero del INE, confió en que el Legislativo haga lo que le corresponde, con la norma actual. Al respecto, Rivera consideró que se trata de una mala práctica, al referirse a casos previos de dejar incompletas las instancias de decisión. Señaló que un escenario de esa naturaleza afectaría también los trabajos de las comisiones vigentes y sus resultados. “No debería usarse el incumplimiento de nombramientos para afectar funciones de órganos del Estado”, señaló. De acuerdo con el marco vigente, ocho consejerías serían insuficientes para ocupar todas las comisiones en operación, sobre todo porque hay un mínimo de integración para cada una. “Por lo que toca al Consejo General, (su composición) corresponde a una norma vigente, y yo esperaría que en tanto esté vigente se respete”, señaló al final de la sesión extraordinaria de este órgano realizada ayer. Por otro lado, la posible reincorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de Jesús Arturo Baltazar Trujano, ex consejero de Puebla incluido en denuncias por corrupción, provocó en el Consejo General otro episodio de división. El proyecto de acuerdo –elaborado por la dirección ejecutiva del SPEN– proponía la no procedencia del reingreso, pero no por dichas acusaciones –o porque se dice que es cercano a los mandos del INE–, sino porque se consideró innecesaria su aportación a este sistema del cual se elige, por ejemplo, a los jefes de la estructura estatal y distrital del instituto. Al abrir la discusión, el consejero Uuc-kib Espadas dijo que no conoce a Baltazar Trujano, pero que se debe tomar en cuenta la presunción de inocencia y su experiencia electoral, por lo que habría que admitirlo en tanto sigue el curso de las indagatorias. En sentido similar se pronunció el consejero Jorge Montaño: ¿qué sucede si el día de mañana resulta que la persona es inocente?, ¿cómo podríamos reparar el daño? Al final se votó para que el proyecto sea devuelto al SPEN y se elabore otro mejor fundamentado.

01 de Febrero de 2026 / 16:15:33

Twittear