Investigan red de empresas fantasma que exportó alimentos a Venezuela mediante intermediarias constituidas en paraísos fiscales en el gobierno de Cuitláhuac
MEMORANDUM 1.- Luego del arresto de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, trascendió que Veracruz, como punto de salida, ensamblaje y domicilio empresarial, ha sido parte de una ruta trasnacional que combinó alimentos, dinero y opacidad donde el ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz – tiene mucho qué explicar. Y es que, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Veracruz utilizaron al menos 13 importadoras registradas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para exportar alimentos a Venezuela con un valor de 64 millones de dólares. En el parque logístico San Julián, en Veracruz, contenedores con despensas fueron ensamblados y cargados de manera periódica para cruzar el Golfo de México rumbo a Maracaibo, Venezuela, como parte de un esquema comercial que hoy es objeto de investigaciones financieras. Y es que, Veracruz aparece de forma recurrente en los registros de una red de empresas mexicanas que, entre 2019 y 2020, exportaron alimentos a Venezuela mediante intermediarias constituidas en paraísos fiscales. Una de las empresas venezolanas que importó alimentos desde México es Postar Intertrade limited, de Samark López Bello, a quien se le ubica como prestanombres del operador venezolano Tareck el Aissami, y quien de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos estaría vinculado a la coordinación de envíos de drogas al Cártel de Los Zetas. Los registros aduanales muestran que empresas con presencia en Veracruz participaron en el envío de alimentos que formaban parte del programa venezolano de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Entre enero y mayo de 2017, se documentó la compra de más de 414 toneladas de productos como arroz, harina precocida, aceite vegetal, atún y leche en polvo. El Sistema de Información Arancelaria de México detectó que esos productos fueron pagados a empresas mexicanas en paquetes valuados en 16 dólares y revendidos en Venezuela por 34 dólares. El ensamblaje de las despensas se realizó en instalaciones ubicadas en Veracruz, desde donde los cargamentos salían por vía marítima con una frecuencia aproximada de 15 días. La logística incluyó almacenes, empresas administradoras y comercializadoras que operaron como eslabones de una estructura más amplia. Los contenedores salían por el puerto de Veracruz con una periodicidad fija, cargados con cajas de alimentos destinadas a Venezuela. La empresa también contaba con una armadora de despensas en el puerto de Veracruz. Entre 2016 y 2020, ese trayecto se convirtió en una pieza central de un entramado empresarial que movió decenas de millones de dólares y que hoy es objeto de investigaciones internacionales. La estructura sustituyó a esquemas previos vinculados a operadores financieros del chavismo, cuyas actividades habían sido suspendidas tras investigaciones periodísticas que documentaron sobreprecios y mala calidad en los productos. Las nuevas intermediarias permitieron reanudar los envíos mediante empresas fachada y factureras. Entre las importadoras utilizadas se encontraban Mass Joy Industries Limited, Million Rise Industries y Shinning Capital International, todas con sede en Hong Kong. Estas compañías intervinieron en operaciones por decenas de millones de dólares y fueron señaladas por organizaciones venezolanas por su papel en contratos de suministro de alimentos. IPEM reportó exportaciones por más de 12 millones de dólares a Venezuela entre 2019 y 2020, a través de intermediarias en Panamá y Hong Kong. Empresas vinculadas a su red, como Empacadora Abeto y Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana, también participaron en los envíos. “Semillas Veracruzana utilizó como intermediaria a Worldwide Food y a Agrostar Supply, mientras que Empacadora Abeto recurrió a Shinning Capital, Jetsky Trading, Internacional de Productos, Verlimax y La Jacinta, estas dos últimas de Uruguay”, refiere MCCI. Incluso, se informó que el director de IPEM, Óscar Francisco Sandoval Nieves, figuró como socio en compañías creadas en Panamá junto con Patricia Mundarain Guzmán, una empresaria venezolana identificada por autoridades de su país como prófuga de la justicia por un presunto desfalco a Petróleos de Venezuela. Mundarain y su entorno aparecen vinculados a otras empresas que operaron en México. Iliana Sandoval Nieves, hermana del director de IPEM, fue accionista de Neurova Life, una comercializadora de insumos médicos que obtuvo contratos públicos en México. En esa empresa, Mundarain ocupó un cargo. En junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció investigaciones contra empresarios mexicanos señalados de integrar una red para evadir sanciones financieras. Tras ese anuncio, los envíos de alimentos de Veracruz a Venezuela se frenaron. En 2021, las intermediarias ya no registraron transacciones comerciales. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones irregulares y la entonces Procuraduría General de la República localizó más de mil 300 contenedores con 1.8 millones de despensas destinadas a Venezuela. El esquema dejó un rastro de empresas fantasma, subsidios cuestionados y contratos bajo investigación. Por eso hay quienes dicen que la fotografía que el ex gobernador Cuitláhuac García difundió en octubre de 2023, donde aparece al lado del presidente Nicolás Maduro durante un encuentro en Palenque, Chiapas, tiene más de fondo, pues para esa fecha ya se había difundido la información sobre el flujo de alimentos enviados desde la entidad hacia Venezuela, a través de redes empresariales que hoy están bajo investigación. Así las cosas.