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Gobierno estatal enfrenta carga jurídica por procedimientos de sexenios pasados que siguen generando riesgos para las finanzas: Ahued
MEMORANDUM 1.- Aunque aseguró que la actual administración estatal dejó atrás prácticas que, en sexenios anteriores, rodeaban estos litigios, pues “se acabaron ‘vender los juicios’, se acabó eso de que la Secretaría se prestaba a eso, se está defendiendo a Veracruz y sus intereses”, el secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil señaló que el gobierno de Rocío Nahle enfrenta una carga jurídica continua por procedimientos no originados en este sexenio, pero que siguen generando riesgos para las finanzas estatales. Ahued Bardahuil señaló que “se está batallando y defendiendo el pasado y presente de responsabilidades del presente, tenemos cientos de cauces, de juicios que estamos combatiendo de administraciones anteriores, tanto laudos como demandas de todo tipo”, asegura. En ese tenor, el funcionario estatal afirmó que el Gobierno estatal mantiene una estrategia de amparos para frenar embargos, multas y juicios heredados de administraciones pasadas. Durante su comparecencia ante el Congreso local en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, Ahued explicó que, ante resoluciones que presionan directamente al Ejecutivo, se han debido interponer múltiples recursos legales. “Estamos combatiendo con amparos indirectos, demandas que heredamos del pasado, creo que llevo 20, ya perdí la cuenta, riesgos de embargos por garantizar el pago, inicio de multas también para la gobernadora”, aseguró. El funcionario estatal señaló que esta situación ha exigido trabajo permanente de las áreas jurídicas para impedir afectaciones al erario. “Quiere decir que tenemos en el área jurídica un trabajo intenso para defender juicios del pasado, atender las causas y las situaciones legales”, concluyó.
Anuncia Nahle que ya fue interpuesta una denuncia ante la FGE en contra de quienes saquearon las cuentas de la UPAV
MEMORANDUM 2.- Luego de que el pasado viernes, la gobernadora Rocío Nahle nombró a Rodolfo Torres Velázquez como nuevo rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, debido a la desorganización y problemas administrativos que había en esa institución, la mandataria estatal informó que ya fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los responsables que saquearon las cuentas de la Universidad. Advirtió que, independientemente de la denuncia, los responsables de saquear el dinero, habrán de devolverlo, para que de inmediato se les pague a los maestros solidarios que aún no han cobrado. De acuerdo con los reportes, la tarde del mismo viernes pasado, algunos funcionarios de la UPAV vaciaron las cuentas y eliminaron información de los servidores, que afectó a maestros y alumnos, al grado de suspender actividades por completo. Por lo anterior, ha trascendido que la denuncia además de ir en contra de quien resulte responsable, ya hay algunos nombres señalados entre ellos, el del ex subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Elías Calixto Armas; David Martínez, director Jurídico de la UPAV; Martín Rivera coordinador de asesores de la SEV; Elizabeth Cuevas, directora de Tecnologías de la UPAV y Azucena López, directora de Educación Superior de la UPAV. Este martes se informó que las personas encargadas de borrar la información de las matrículas, pagos de los estudiantes, y la nómina de los estudiantes acudieron a entregarla. De esta manera, ya otra vez comenzó a funcionar el Sistema de Control Escolar (SICE), aunque aún todavía hay información que falta de ser subida, en particular los pagos hechos por los estudiantes.
FGE pide aumento presupuestal en 2026 para fortalecer las áreas encargadas de investigar y buscar a personas desaparecidas
MEMORANDUM 3.- Debido a nuevas obligaciones legales y a una plantilla que no ha crecido desde 2015, la Fiscalía General del Estado solicitó un incremento presupuestal para 2026 con el fin de fortalecer las áreas encargadas de investigar y buscar a personas desaparecidas. La institución recordó que su presupuesto pasó de mil 777 millones de pesos en 2024 a mil 981 millones en 2025, un incremento que consideró insuficiente frente al crecimiento de funciones en materia de búsqueda, identificación e investigación. El organismo refirió que las nuevas obligaciones derivadas de la legislación nacional requieren ampliaciones adicionales para 2026. Dijo que la Fiscalía opera con 3 mil 420 plazas autorizadas, cifra que no ha variado en una década, pese a que Veracruz es la cuarta entidad más poblada del país. Para cumplir con la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, requiere 347 nuevos puestos de trabajo destinados a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y a Servicios Periciales. Estas contrataciones permitirían operar procesos como la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la generación de fichas con folio RNPDNO, la interconexión con la Plataforma Única de Identidad y la consulta de datos biométricos. El organismo solicitó recursos para fortalecer unidades como Búsqueda Inmediata, Larga Data, Atención a Víctimas, Análisis de Contexto y Delito Cibernético. Para lograr lo anterior, proyecta 245 plazas adicionales, así como equipo de cómputo, estaciones de trabajo y herramientas de campo. La FGE señaló que la Dirección de Servicios Periciales necesita mayor inversión en insumos de laboratorio, reactivos, instrumental médico y certificaciones. También prevé obras como la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Álamo-Temapache y la rehabilitación del Semefo de Catemaco, esenciales para identificación humana. La institución solicitó presupuesto para cubrir resoluciones judiciales pendientes y evitar sanciones. En materia de violencia de género, pidió mil 110 plazas para fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y 40 para integrar la Especializada en Violencia Vicaria. La institución destacó que sólo tiene cinco fiscales por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el lugar 29 nacional. Por lo anterior, consideró indispensable ampliar recursos para cumplir con los procesos de búsqueda, identificación e investigación en el estado.

 

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