MEMORANDUM 1.- Tan solo en 2024, en el llamado Año de Hidalgo, el último de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz-, seis dependencias del Ejecutivo estatal registraron un presunto daño patrimonial por más de 146 millones 280 mil pesos, por irregularidades financieras, técnicas y administrativas detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la Cuenta Pública 2024. Las observaciones se concentran en irregularidades financieras, técnicas y administrativas en la ejecución de obras, manejo contable, anticipos no amortizados y bienes no localizados durante el último año de gestión de García Jiménez, actual titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENEGAS), en seis secretarías. De este modo, en la Secretaría de Salud, cuya titular era Guadalupe Díaz del Castillo, se detectó un presunto daño patrimonial de 83.69 millones de pesos por pagos sin comprobación, anticipos no amortizados, bajas de activos sin respaldo legal y deficiencias en obras públicas. Por algo la titular del ramo, luego de dejar el cargo inició un juicio de amparo en contra de una posible orden de aprehensión. En ese tenor, el ORFIS documentó que 56.6 millones de pesos corresponden a anticipos otorgados a contratistas para la instalación de sistemas fotovoltaicos en hospitales de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa y Córdoba, sin evidencia de recuperación o amortización. Otra observación, por 18.9 millones de pesos, se refiere a la baja irregular de 47 vehículos sin autorización de la Junta de Gobierno ni dictamen técnico que acreditara su estado físico o destino final. El órgano fiscalizador también detectó una diferencia contable de 154.9 millones de pesos entre el inventario físico y el contable de bienes muebles, lo que evidencia falta de control sobre los activos institucionales. En materia de obra pública, se señalaron 19 irregularidades técnicas con un impacto de 6.6 millones de pesos, relacionadas con pagos en exceso, obras inconclusas y discrepancias entre importes contratados y ejecutados. El ORFIS concluyó que las aclaraciones presentadas por la Secretaría no fueron suficientes para solventar las observaciones y anunció que promoverá el fincamiento de responsabilidades conforme a la Ley de Fiscalización Superior. En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP, cuyo titular era Elio Hernández Gutiérrez, se detectó un presunto daño patrimonial por 27.7 millones de pesos, el cual se deriva de diez observaciones técnicas a obras ejecutadas durante 2024, clasificadas como presuntos daños a la Hacienda Pública Estatal. El ORFIS detectó pagos en exceso en obras como el Ágora de la Ciudad de Xalapa, donde se pagaron 474 mil pesos por volúmenes no ejecutados. También se documentó que el mercado municipal de Acultzingo, pese a estar concluido y finiquitado, se encontraba cerrado y sin operar. Otras irregularidades incluyen obras sin permisos ambientales, expedientes incompletos, bitácoras sin cierre y estimaciones sin respaldo técnico. Además, la dependencia mantenía más de mil millones de pesos en anticipos pendientes de amortización. El informe señala deficiencias contables y presupuestales, así como omisiones en el registro de ingresos y derechos a recibir efectivo, contraviniendo la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El órgano auditor determinó que las evidencias presentadas no solventaron las observaciones, por lo que instruyó al Órgano Interno de Control de la SIOP continuar las investigaciones. En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Sedarpa, cuyo titular era Evaristo Ovando Ramírez, se detectó un presunto daño patrimonial de 15 millones 164 mil 164.95 pesos por 12 observaciones técnicas a obras realizadas en 2024. El ORFIS detectó pagos mayores al avance físico, volúmenes no ejecutados y proyectos sin validación técnica. En Mixtla de Altamirano, se observó un daño por 2.3 millones de pesos por obras de caminos saca cosechas no verificadas. También se registraron pagos de conceptos no incluidos en los proyectos, deficiencias en la operación de obras y falta de licencias ambientales, lo que generó observaciones por más de un millón de pesos adicionales. La dependencia no presentó evidencia documental suficiente para acreditar la aplicación de los recursos públicos, por lo que el ORFIS ratificó los montos observados y promoverá el fincamiento de responsabilidades. En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a cargo de Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del equipo político de Zenyazen Escobar, actual diputado federal, el ORFIS realizó observaciones por deficiencias contables, omisiones en registros financieros y bienes no localizados en la dependencia. El ORFIS detectó 56 cuentas bancarias activas y 16 canceladas mal clasificadas, además de omisión en el registro de derechos y pasivos que afectan la transparencia de los estados financieros. El principal señalamiento corresponde a la ausencia de 466 bienes muebles —computadoras, mobiliario y proyectores— con un valor de 10.7 millones de pesos, sin que la SEV acreditara su ubicación o destino. El órgano fiscalizador determinó que esta irregularidad configura un presunto daño patrimonial y ordenó iniciar los procedimientos administrativos correspondientes. En la Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, cuyo titular era Juan Carlos Contreras Bautista, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial por 4 millones 758 mil 104.72 pesos derivado de irregularidades financieras y técnicas en la ejecución de obras. De ese monto, 3.99 millones corresponden a anticipos no amortizados en seis obras de centros de acopio y saneamiento ambiental en Tuxpan, Coatzacoalcos, Ángel R. Cabada, Actopan y Álamo Temapache. El órgano fiscalizador también señaló errores contables por 61 mil pesos, recursos sin comprobar por 426 mil pesos y deficiencias en la instalación de luminarias en un módulo de policía, con impacto de 276 mil pesos. El ORFIS concluyó que las aclaraciones de Sedema no fueron suficientes y promoverá el fincamiento de responsabilidades conforme a la ley. En la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, cuyo titular era Guillermo Fernández Sánchez, el ORFIS reportó un presunto daño patrimonial de 4 millones 230 mil 384.85 pesos, originado por cinco observaciones financieras y técnicas. La principal irregularidad corresponde a gasto en combustible sin comprobación fiscal por 3.5 millones de pesos, al no coincidir los comprobantes digitales con los pagos reportados. También se detectaron aplicaciones de recursos en zonas no prioritarias, beneficiarios fuera de áreas autorizadas, deficiencias técnicas en obras sociales y pagos por trabajos no ejecutados. En lo general, el informe concluye que las observaciones implican un uso irregular de fondos públicos y que se promoverán procedimientos de responsabilidad administrativa. Así las cosas.

07 de Octubre de 2025 / 22:46:20

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MEMORANDUM 2.- Aunque reconoció que hasta ahora no se han recuperado recursos en efectivo, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó que se trabaja con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para recuperar cerca de 22 mil millones de pesos en créditos fiscales derivados de sentencias firmes de tribunales, al precisar que la ejecución del cobro corresponde a esa dependencia estatal. Durante una conferencia de prensa, luego de que la gobernadora Rocío Nahle pidió puntualizar este tema, la auditora general explicó que las resoluciones provienen de procesos iniciados en administraciones pasadas y que la mayoría ya fueron resueltos por tribunales administrativos. “Desde la administración anterior estuvimos recibiendo sentencias firmes de los tribunales donde nos están señalando que hay créditos firmes ya determinados y que por esa razón, al ser créditos fiscales, los remitimos a la Secretaría de Finanzas”, indicó. González Cobos aclaró que el Orfis carece de atribuciones legales para ejecutar los cobros. “No tenemos la atribución en ley para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Es un trabajo que corresponde a la Secretaría de Finanzas”, reiteró. La funcionaria explicó que de los 22 mil millones de pesos, 19 mil corresponden a sentencias firmes recibidas durante su gestión, por lo que se establecieron mesas de trabajo con el titular de Sefiplan, Miguel Reyes Hernández, para definir los mecanismos de recuperación. “Hemos platicado con el secretario de Finanzas para reunirnos, que los equipos de trabajo se reúnan para que se le dé el seguimiento correspondiente”, refirió. “Cuando comenté la vez anterior, dije: ‘hemos tenido sentencias firmes’, pero no quiere decir que estén cobradas. Por eso acordamos con Finanzas revisar los casos y ver los avances en la recuperación”, expresó. Al ser cuestionada sobre los exservidores públicos involucrados, la auditora confirmó que los nombres aparecen en las resoluciones judiciales y son de acceso público. “Estamos hablando (principalmente) del periodo 2016, cuando estuvo el gobernador Javier Duarte”, indicó. Explicó que la recuperación de los recursos dependerá de la capacidad de ejecución de Sefiplan, que debe actuar con reserva por el carácter legal del procedimiento. “Cuando se está llevando a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, tampoco puede ponerse sobreaviso. No se puede decir: ‘vamos a embargar a un particular’. Ellos tienen su programa de trabajo y nosotros estamos pendientes y coordinándonos”, aseguró. Agregó que algunos exfuncionarios han intentado prolongar los procesos legales. “Han sido años y años en los que ellos han estado defendiéndose. Sin embargo, la sentencia está firme y los condena a que paguen estas cantidades”, explicó. Con relación a los créditos fiscales vinculados con municipios, González precisó que la recuperación también corresponde a Sefiplan, y los recursos deberán reintegrarse a las tesorerías municipales según el origen del daño patrimonial. “Dependiendo de dónde haya salido el recurso, donde se efectuó el daño, ahí se reintegra”, sostuvo. Recordó que los créditos fiscales provienen de revisiones hechas a las cuentas públicas de 2015 y 2016, cuyos juicios se extendieron durante varios años. “El asunto es de 2015, en 2016 lo revisó el Orfis, de ahí vino la primera impugnación, y después de eso tuvimos la sentencia el año pasado”, explicó. “Ahora lo que corresponde es iniciar los procedimientos de cobro cuanto antes. Seguramente están iniciados, pero eso lo sabremos en las mesas de trabajo con Finanzas”, concluyó.

07 de Octubre de 2025 / 22:30:08

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MEMORANDUM 3.- De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de septiembre de 2025, los homicidios dolosos registraron un aumento de casi 6 por ciento en Veracruz, en comparación con el mismo mes del año pasado. De este modo, la entidad se ubicó en el séptimo lugar nacional dentro de los diez estados que concentran el 51 por ciento del total de homicidios dolosos. Tan solo en septiembre, “son siete entidades que concentraron el 51 por ciento de los homicidios del país, es decir la concentración de prácticamente la mitad de los homicidios”, destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En primer lugar se ubica Baja California, con 9 por ciento del total, en segundo Chihuahua con 8.7 por ciento del total nacional, en tercer lugar Guanajuato, con 8.4 por ciento, seguido por Sinaloa con 6.7 por ciento, en quinto lugar el Estado de México con 6.3 por ciento, Michoacán con 6.2 por ciento y el séptimo Veracruz con 5.8 por ciento.

07 de Octubre de 2025 / 22:14:53

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