Denuncian red de corrupción en refinería de Minatitlán: empresa vinculada a funcionario acumuló más de 162 mdp en al menos 10 contratos
MEMORANDUM 3.- Prueba de que la corrupción sigue vivita y coleando en tiempos de la Cuatroté, es que una investigación reveló cómo una red vinculada a un funcionario de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, habría concentrado contratos y supervisión para una compañía donde su esposa es la representante legal. La red de corrupción acumuló más de 162 millones de pesos en al menos diez contratos. De este modo, una sola familia se adjudicó al menos diez contratos millonarios mediante un esquema simple: la contratación de la empresa Soluciones en Ingeniería y Distribución Comercial, S.A. de C.V. (SEDICOSA), cuya apoderada legal es Elizabeth López Antonio, esposa de Bernabé Pérez Velázquez, coordinador de Mantenimientos de Instrumentos de la refinería de Minatitlán. El entramado fraudulento ha llegado al extremo de que la compañía familiar fue supervisada, en los trabajos que le fueron asignados, por el propio esposo de su representante legal, en su calidad de directivo de la refinería, una planta emblemática por ser la primera en México y Latinoamérica. El esquema irregular obligó a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en su Área de Denuncias e Investigaciones, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a abrir una investigación que involucra a altos funcionarios de la planta –entre ellos al Gerente de la misma refinería, Daniel Edmundo Lira- que autorizaron contratos, trabajos y pagos millonarios. El esquema familiar se repitió en distintos contratos, hasta sumar al menos diez plenamente documentados, lo que derivó en ingresos por casi 162 millones de pesos, distribuidos en contratos que van desde los 2, 6 y 15, hasta los 60 millones de pesos, con recursos públicos. El principal involucrado, Bernabé Pérez Velázquez, presume en sus redes sociales desempeñarse como ingeniero de servicio en el área de instrumentación analítica, además de fungir como coordinador de mantenimiento en la refinería. “En el año 2010 me invitan a formar parte de la puesta en marcha de las plantas del área de reconfiguración de la Refinería de Minatitlán, siendo responsable de los sistemas de control instalados, como Yokogawa y Emerson, quedándome de base en esta empresa desde ese año”, presume. La refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán constituye una de las instalaciones estratégicas del sistema nacional de refinación de Petróleos Mexicanos, al ser clave en el procesamiento de crudo y la producción de combustibles que abastecen buena parte del sur y sureste del país. En los últimos cuatro años, la planta ha sido objeto de inversiones millonarias orientadas a su rehabilitación, mantenimiento y modernización, como parte de la estrategia federal para fortalecer la capacidad de refinación nacional. Los recursos destinados —provenientes del erario— han buscado incrementar la eficiencia operativa, reducir paros técnicos y elevar la producción de combustibles, consolidando a la refinería de Minatitlán como un activo económico relevante. Sin embargo, hasta el momento, se han documentado al menos diez contratos adjudicados a la empresa familiar, con montos variados para trabajos dentro de la refinería, una de las instalaciones que más recursos públicos ha concentrado en mantenimiento. El monto más bajo identificado asciende a 3 millones 816 mil pesos, correspondiente al contrato número 5100440229. A partir de ahí, se suman otros contratos registrados bajo los folios 5100442462, 5100442596, 5100442772 y 5100438883, así como los expedientes 5400032434, 5400037065, 5400036902 y 5400036193, los cuales, en conjunto, reflejan una operación de alto volumen económico al interior de la refinería. Entre ellos destacan cifras de 60.3 millones, 36.2 millones y 17.4 millones de pesos, además de otros contratos que oscilan entre los 3.8 y 15.9 millones. En conjunto, estos montos configuran una red de asignaciones millonarias que, por su recurrencia y concentración, sugieren un patrón sistemático en la entrega de recursos. El entramado quedó evidenciado en una investigación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, que identificó una relación estrecha y una posible colusión entre el funcionario Bernabé Pérez Velázquez y Elizabeth López Antonio, apoderada legal de la empresa Soluciones en Ingeniería y Distribución Comercial, S.A. de C.V. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso XPECTRO FM, la revisión de los contratos formalizados con dicha compañía confirmó la participación de Elizabeth López Antonio como representante legal, estableciendo así su vínculo directo en las operaciones bajo análisis. Se trata del contrato número 5400036193, correspondiente al servicio de actualización del Sistema de Control Distribuido de la Planta HDG de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, por un monto de 60 millones 356 mil 438.22 pesos. De acuerdo con las condiciones pactadas, el contrato contempló su ejecución del 13 de febrero de 2025 al 11 de agosto del mismo año. A este se sumó el contrato número 5400036455, que estableció el servicio de mantenimiento de orígenes de datos para la gestión y envío de información desde los Sistemas de Control Distribuido, con un monto de 2 millones 864 mil 021.06 pesos. El documento fijó como fecha de designación del supervisor el 1 de noviembre de 2025. La investigación interna de Petróleos Mexicanos confirmó la participación directa del servidor público y de la representante de la compañía, quienes, en su calidad de esposo y esposa, intervinieron tanto en la ejecución como en la supervisión de los trabajos. “De los contratos que a continuación se enlistan, se observa la participación del Servidor Público Ing. Bernabé Pérez Velázquez como Supervisor de los Contratos y la C. Elizabeth López Antonio como Representante para la ejecución de los contratos”, concluyó la indagatoria. Y es que se descubrió que el servidor público Bernabé Pérez Velázquez, fue designado como supervisor del primer contrato número 5400036193 por el monto de 60 millones 356 mil 438.22 pesos. Dicha designación se formalizó mediante el documento con folio DGTRI-SPP-GRMIN —cuya copia posee XPECTRO FM—, emitido por la Dirección General de Petróleos Mexicanos, a través de la Subdirección de Producción de Petrolíferos y la Gerencia de la Refinería de Minatitlán. Es decir, que el Área Usuaria (Gerencia) -con fundamento en el Artículo 40 Fracción LI del Estatuto Transformación Industrial (28/06/2019)-, lo designó supervisor del contrato asignado a la empresa cuya socia y apoderada aparece su esposa. “Las particularidades para supervisar y administrar la ejecución del contrato serán primer electrónico institucional por la Coordinación de Obras y Servicios; esto incluirá la cláusula del contrato en formato PDF”, describió y agregó: “Con esta designación, usted adquiere las responsabilidades directas para supervisar la ejecución del contrato mencionado, conforme a lo establecido en el mismo y la norma que continuación, se destacan, de manera enunciativa pero no limitativa”. En los hechos, la cadena de decisiones documentadas no solo evidencia un conflicto de interés, sino un esquema en el que la supervisión y la ejecución de los contratos quedaron en manos del mismo núcleo familiar, cerrando el círculo de control sobre recursos públicos millonarios. El pasado 16 de enero, la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, a través de su Área de Denuncias e Investigaciones, recibió una denuncia anónima sobre las irregularidades en las que han incurrido el servidor público, su núcleo familiar y funcionarios de distintos niveles de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán. El área especializada en atender casos de corrupción integró el expediente 1134/2026/PPC/PEMEX/DE62 y formalizó el inicio de las actuaciones mediante la emisión del oficio URPM-ADI-00377-2026-C5, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y en los lineamientos para la atención e investigación de denuncias, según consta en el documento emitido por Petróleos Mexicanos. “En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado dentro del expediente 1134/2026/PPC/PEMEX/DE62, por la Titular del Área de Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos y, en auxilio en el ejercicio de sus facultades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción XXI y 77, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de los diversos artículos 2, fracción XX y 16, fracción IX, del “Acuerdo” por el que se emiten los Lineamientos para la atención e investigación de denuncias”, por este medio se notifica el oficio URPM-ADI-00377-2026-C5”, señala el documento emitido por Pemex. La denuncia fue recibida a través de los correos electrónicos atencion.ciudadana@pemex.com y requerimientos.denuncias@pemex.com, así como por correspondencia dirigida a la Oficialía de Partes de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. “Por último, le informo que la confirmación electrónica de entrega funge como acuse de recibo y surte efectos de notificación; no obstante, le solicito atentamente confirme la recepción del presente correo por este mismo medio, adicional a la confirmación de lectura”, señala la empresa productiva del Estado, notificación que fue confirmada por la denunciante anónima. Con lo anterior, la denuncia no solo quedó formalmente registrada, sino que activó el aparato institucional de investigación, colocando bajo escrutinio una red de presuntas irregularidades que alcanzan tanto al servidor público como a su entorno familiar y a funcionarios de distintos niveles dentro de la refinería. Así las cosas.