MEMORANDUM 1.- En el último lustro varios gobiernos han mostrado su poca tolerancia a la libertad de prensa y con el fin de limpiar constantemente su imagen crearon oficinas que operan bajo el derecho de réplica del Estado, con dinero del erario público y con las que con mensajes de “fake news” buscan reprobar el trabajo de la prensa, prueba de ello es la sección “Quién es quién en las mentiras” que impulsó Andrés Manuel López Obrador en 2021 y con el objetivo es estigmatizar a los medios. Este mismo formato fue retomado por el gobierno del argentino Javier Milei, quien creó el pasado 6 de febrero la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA). Varios países han implementado mecanismos gubernamentales con cargo al erario público para confrontar o “desmentir” la narrativa de la prensa bajo el argumento de que combaten la desinformación. Uno de los países que ha echado mano de esta herramienta para tratar de equilibrar las críticas de los medios es Estados Unidos, que recientemente lanzó el portal oficial Media Bias, con la que busca exponer lo que consideran “fake news”, una copia del “Quién es quién en las mentiras” que impulsó López Obrador en el 2021 y que carecía de legalidad al utilizar la tribuna de sus conferencias matutinas para informar lo que él quería que se supiera, mientras lanzaba una cacería contra periodistas que exhibían la incapacidad de oficinas de gobierno. La Casa Blanca lanzó en diciembre de 2025 el “Portal de Sesgo Mediático”, que incluye una lista de periodistas, medios de comunicación y artículos que considera tendenciosos contra la Administración Trump. Otras naciones que también encontraron en una oficina contra los medios, donde el objetivo es refutar sistemáticamente noticias que el Estado clasifica como falsas son Reino Unido y China. Reino Unido estableció la Online Safety Act (Ley de Seguridad en Línea), que le otorga al gobierno la capacidad de controlar conversaciones y penalizar contenidos, lo que ha generado preocupación por una posible “censura digital” y amenazas a la libertad de expresión, afectando cómo los medios comparten información. De China, el modelo de gigante asiático se encamina al control de los medios de comunicación, ya que no sólo tiene periódicos y medios digitales para desmentir a la prensa crítica, sino que “su control sistémico se rige por ser la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 113 casos documentados de comunicadores detenidos, según el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras (RSF). En la misma lista aparecen Rusia y Malasia, cuyos gobiernos echan mano de portales web y leyes específicas que penalizan y desmienten información considerada “falsa” por las autoridades. Venezuela no puede quedare fuera de esta lista negra, ya que a través del Ministerio de Comunicación mantiene una narrativa constante de ataque a los medios críticos al régimen represor a lo que denominan “dictadura mediática”. Artículo 19 resalta que actualmente varios gobiernos han adoptado sistema de ataque a los medios que critican o exhiben la inoperatividad de dependencias gubernamentales. Asimismo, destaca que en democracias, la prensa responde ante la ley por difamación tras un juicio, sin embargo, estas oficinas que satanizan el trabajo de la prensa suelen aplicar un juicio sumario mediático sin derecho a la defensa previa del periodista. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras refiere que estas oficinas creadas para refutar las investigaciones de los medios suelen generar controversia, ya que, a decir de organismos internacionales y tribunales, estos entes del gobierno pueden convertirse en instrumentos de estigmatización contra periodistas que exhiben incapacidades de los gobiernos.

18 de Febrero de 2026 / 17:45:06

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MEMORANDUM 2.- El pleno del Senado aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que un nuevo grupo de militares estadunidenses ingresen con armamento a territorio mexicano con fines de capacitar a tropas nacionales, la cual fue una petición de Donald Trump. Fue aprobado por 91 votos a favor y 6 abstenciones, una del morenista, Gerardo Fernández Noroña y 5 de la bancada de Movimiento Ciudadano que cuestionó la falta de rendición de cuentas de los miembros del gabinete en materia de seguridad sobre estos ingresos de tropas estadounidenses a territorio nacional cada vez más frecuentes. El dictamen aprobado establece la autorización para el ingreso de 12 integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarían en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026. Las actividades de capacitación abarcan patrullaje táctico, liderazgo de tropas, medicina táctica, métodos de comunicación, combate urbano y rural, combate cercano y puntería avanzada, operaciones de francotirador, neutralización de artefactos explosivos improvisados, operaciones con drones. Asimismo, buceo de combate e infiltración marítima. Estas prácticas se llevarán a cabo en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, como el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel. Al presentar el dictamen, la presidenta de la comisión de Defensa del Senado, explicó que esta medida lejos de comprometer la soberanía la fortalece y se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad y soberanía. Movimiento Ciudadano a través de la senadora Alejandra Barrales votó en abstención al señalar una serie de situaciones desde los amagos del gobierno del Presidente Donald Trump de realizar incursiones en territorio nacional, vuelos con drones, eventuales ataques a los carteles de la droga, que no han sido explicados por parte los secretarios del gabinete de seguridad al Senado. Por ello, MC demandó la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad para que rindan cuentas sobre el ingreso cada vez más frecuente de tropas armadas de Estados Unidos “bajo el paraguas de la cooperación y colaboración”. Barrales reprochó que el Senado le resta importancia a esta medida, pero es hora de que los secretarios vengan a rendir cuentas sobre las rutas y estrategias que se perfilan con esta cooperación con Estados Unidos. La emecista acusó que la Comisión Bicameral no está cumpliendo con su función por lo cual llamó a que el Senado cumpla con su función y los funcionarios encargados de la seguridad, acudan al Senado a rendir cuentas.

18 de Febrero de 2026 / 17:30:04

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MEMORANDUM 3.- La Guardia Nacional admite que durante 2025 fallecieron 115 personas civiles como resultado de 191 enfrentamientos armados en los que su personal utilizó armas de fuego para repeler agresiones de presuntos integrantes de la delincuencia, de acuerdo con su Informe Anual de Actividades 2025, remitido al Senado de la República. Durante ese periodo, la corporación reportó 206 agresiones armadas contra su personal. En 191 casos, los elementos hicieron uso de armas de fuego conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Más de la mitad de estos ataques se concentraron en cuatro entidades: Michoacán (45), Sinaloa (30), Guanajuato (24) y Sonora (13), zonas consideradas de alta incidencia delictiva. El documento, entregado para su análisis legislativo, perfila uno de los puntos más sensibles del debate en materia de seguridad pública: el uso legítimo de la fuerza, la letalidad de los operativos y los mecanismos de control interno, en un año marcado por alta violencia en regiones estratégicas del país. Al cierre de 2025, la Guardia Nacional estuvo integrada por 121,247 elementos, de los cuales 112,589 son militares y 8,658 provienen de la extinta Policía Federal y personal de confianza. El despliegue operativo en las 32 Coordinaciones Estatales alcanzó 100,911 efectivos, consolidando su presencia territorial como principal fuerza de seguridad federal. El informe subraya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no emitió recomendaciones durante 2025 por exceso en el uso de la fuerza contra la Guardia Nacional. No obstante, sí notificó 365 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos: 191 concluyeron sin responsabilidad y 174 siguen en investigación. Además, la CNDH emitió la recomendación 196VG/2025, derivada de hechos ocurridos el 30 de mayo de 2023 en Aguililla, Michoacán, por violaciones graves a derechos humanos, atribuibles a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. En tareas de seguridad pública federal y apoyo a estados y municipios, la Guardia Nacional detuvo a 8,505 personas: 2,375 fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, 3,191 ante autoridades del fuero común, y 2,939 por faltas administrativas. También reporta aseguramientos relevantes de vehículos, armas, hidrocarburos, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico. En el combate al robo de combustible, destaca el aseguramiento de más de 6.4 millones de litros de gasolina, 7.7 millones de litros de diésel, 592 mil litros de gas LP, otros 6.9 millones de litros no identificados, así como la detección de 1,146 tomas clandestinas. Durante 2025, 58 integrantes fueron sancionados: 17 removidos, 39 suspendidos temporalmente y dos cambiados de unidad. Además, se aplicaron 17,973 correctivos disciplinarios, que incluyeron 8,222 arrestos, 9,258 restricciones y 493 amonestaciones privadas. La Unidad de Asuntos Internos inició 2,106 expedientes de investigación, realizó 181 investigaciones de campo y concluyó 4,109 expedientes, de los cuales 471 derivaron en procedimientos administrativos contra 602 elementos. Como resultado, se presentaron 103 denuncias penales que involucran a 320 integrantes y se dio vista al Órgano Interno de Control en 262 casos.

18 de Febrero de 2026 / 17:00:41

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