Propuesta de Sheinbaum implicaría perder el control ciudadano sobre el agua y convertir un derecho humano en negocio: activistas
MEMORANDUM 3.- A unas semanas del comunicado conjunto entre Guardianes del Agua Xalapa y organizaciones como Agua para Todos, Agua para la Vida, la propuesta de reforma presentada por la Presidencia de la República para abrir la infraestructura hidráulica federal a la inversión privada regresó al centro del debate nacional. Y es que, las organizaciones ciudadanas y expertos en gestión hídrica advirtieron que se trata de un punto crítico. De acuerdo con Gerardo Alatorre Frenk, investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana e integrante de la organización, la medida implicaría perder el control ciudadano sobre el agua y convertir un derecho humano en negocio. “Si ductos, tanques y redes se manejan como negocio, se introduce una lógica de lucro incompatible con un derecho humano básico. No se puede hacer negocio con el agua ni con la infraestructura que la distribuye”, aseguró. El especialista señaló que la gestión responsable del agua debe planearse a 30 o 50 años, con enfoque en cuencas y microcuencas, considerando los efectos de lluvias extremas y sequías prolongadas. “La gestión del agua empieza en lo local, en las comunidades que conocen sus territorios y protegen sus manantiales”, explicó. Durante el mes de noviembre, el Congreso de la Unión realiza Parlamentos Abiertos para discutir reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la creación de una nueva Ley General de Aguas (LGA). En ese tenor, Alatorre calificó la apertura de estos foros como “un pequeño pero significativo logro político”, impulsado por sectores dentro de Morena que reconocen los riesgos de la propuesta presidencial. Al respecto, las organizaciones denunciaron que la Presidencia busca mantener la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que permitió la concentración del control hídrico en manos empresariales, y plantea una Ley General de Aguas limitada al abasto doméstico con plazos de hasta 60 años para cumplir el derecho humano al agua. “Con esta propuesta se mantienen casi intactos los privilegios de la hidrocracia, los grupos que han controlado el agua desde hace más de tres décadas”, acusó Alatorre. El investigador consideró que el proyecto presidencial no resuelve los problemas estructurales de la actual legislación: “La ley vigente ya es terrible, y la nueva propuesta es apenas un curita ante una herida mucho más profunda”, aseguró. Por lo anterior, el movimiento propone sustituir los Consejos de Cuenca actuales por Consejos Regionales con representación de comunidades, pueblos, mujeres, jóvenes y sectores afectados por la contaminación o los megaproyectos. “Deben ser órganos con capacidad vinculante, no solo consultivos. Las decisiones sobre el territorio deben pensarse desde el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas”, aseguró. Alatorre agregó que el cambio institucional solo será efectivo con vigilancia social y prensa independiente que garanticen transparencia y participación real. El integrante de Guardianes del Agua recordó que la Conagua recauda apenas el 20% de los derechos que deberían pagar los concesionarios industriales y de servicios. “Si se cobrara lo establecido por ley, ingresarían hasta 40 mil millones de pesos adicionales al año. Esos recursos podrían destinarse a vigilancia, descontaminación y recuperación de cuerpos de agua.” También pidió cancelar concesiones incumplidas y prohibir la privatización de infraestructura hidráulica, prácticas que —sostuvo— perpetúan el acaparamiento y benefician a corporaciones energéticas, mineras, refresqueras e inmobiliarias. Aunque reconoce que el panorama político es complejo, Alatorre confía en que los Parlamentos Abiertos permitirán fortalecer la voz social y frenar retrocesos. “Tengo esperanza de que se logre frenar lo peor. Estos espacios pueden marcar una diferencia si logramos mantener la participación y la vigilancia ciudadana”, concluyó.