Jueza vive en carne propia el abandono y la falta de sensibilidad judicial tras denunciar a su ex esposo por violencia de genero
MEMORANDUM 3.-Suzette Soto Pinacho, y jueza de control en materia penal, así como visitadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, denunció ser víctima de violencia de género. En los pasillos del tribunal de justicia de Oaxaca, en su proceso de divorcio, ha pasado de ser juez a usuaria. Ahí se ha dado cuenta del abandono institucional y la falta de sensibilidad del estamento judicial hacia las distintas violencias que padecen las mujeres en México. Su agresor, Jaime Alberto Castellanos del Campo, está vinculado a proceso por cuatro delitos. Dos por sustracción de sus hijos de 14 y ocho años, otro por desobedecer las tres órdenes de protección y uno más por incumplimiento de pago de pensión alimentaria durante 11 años. En el expediente 580/2013 tiene un adeudo de un millón y medio de pesos por pensión, y a pesar de que el juzgado le ha requerido que pague en cinco ocasiones –la última, en noviembre pasado– ha hecho caso omiso. Además, fue librada una orden de aprehensión en su contra, aunque en sus redes sociales difunde videos diciendo que está en Tijuana, en la casa del empresario y político Hank Rhon y que lo protege un cartel de la droga. Tras años de violencia en 2019 decidió separarse. “Me salí con mis hijos cuando intentó pegarme nuevamente. Saqué lo que pude de mis cosas; se quedaron muchas de mis hijos, pero ya no me dejó entrar. Otra vez, amenazaba con que me iba a quitar a los dos niños”. “Durante 2020 y 2021 se grababa con sexoservidoras; subía muchos videos para evidenciar su conducta, en una crisis total donde mostraba que estaba drogado, y se veía muy agresivo, diciendo que era Ironman”. Ella presentó una demanda en el juzgado: “Le preguntaba al juez cómo este señor iba a ver a mis hijos así; y a pesar de todo, le autorizaron videollamadas con ellos”. En plena pandemia de covid, un día salió a la calle y vio decenas de anuncios espectaculares de él con los niños, de uno y siete años, con la leyenda “Oaxaca sin covid”, y los nombres de sus hijos. “Él es dueño de anuncios espectaculares. Le llamé para pedirle que bajara las fotos. No me hizo caso; tuve que promover un amparo para que le dijeran que lo hiciera”. En 2023 lo emplazaron por su demanda. “Se molestó más porque pedí que se regularan las convivencias y el pago de la pensión. Le dije a la juez María Enriquez Hernández, del juzgado sexto familiar del centro, que tenía un trastorno siquiátrico narcisista, pero ella me dijo ‘que solamente se sentía guapo, que no influía’”. El siquiatra le llamó en ese momento para decirle que su ex esposo estuvo internado en su clínica, a petición de su madre porque estaba en crisis. “Me dijo que era peligroso para mí y para mis hijos; que era importante suspender las conviviencias. Me explicó que estaba muy mal, que divagaba y caminaba descalzo, que tenía manías y depresiones. El diagnóstico fue trastorno de personalidad narcisista y paranoide. Incluso, me dijo que había manipulado a sus enfermeras porque le llegó una cuenta de comida por más de 7 mil pesos”. A pesar de todo, el juzgado le autorizó las convivencias. “En los juzgados quieren terminar todo por convenio. Se le fijaron sólo 3 mil pesos de pensión alimentaria, y firmamos el convenio en 2023 para que empezara a ver nuevamente a los niños”. Las convivencias autorizadas fueron un desastre durante un año, pero el progenitor incumplía. “Así estuvimos más de un año, hasta que siguió la manipulación con mi hijo. Luego empecé una nueva relación y no le gustó nada. A los tres meses tuvo un hijo con otra mujer. Pensé que se iba a calmar ya teniendo otro hijo, pero nada. Incluso, la mujer me grababa. Mi hijo me decía que yo era muy aburrida, que no salía ni tomaba y que no tenía visión de negocios, como su papá”. El primer día de la secundaria fue a recoger a su hijo en el juzgado. “El señor ya lo tenía en medio de cinco abogados y ya no me dejaron acercarme al niño. Me dijo que él ya no quería vivir conmigo. La jueza dijo que él quería permanecer tres días con su papá y después regresaría con ella, y así se lo llevó”. Pasaron 25 días y no regresaba al menor a pesar de los requerimientos judiciales. “No supe de mi hijo, no lo llevó a la escuela; obviamente, no me permitía comunicarme con él. Le mandaba mensajes para saber que estaba pasando, pero el papá me bloqueó”. Luego, su ex marido promovió que escucharan al menor tres veces, en las cuales “el niño dijo que quería permanecer con su papá porque quería recuperar el tiempo perdido; que yo era muy enojona y que mi nueva pareja no le caía bien, que no le quería comprar cosas”. A pesar de todo, la jueza autorizó las convivencias y ya no regresó al niño. “Fui al juzgado a decirles que no solamente se llevó a uno, sino también al otro. Lo llevó al juzgado para que dijera que ya no quería vivir conmigo. Denuncié la sustracción”. Finalmente, en diciembre de 2024, un altercado violento entre el progenitor y su tía llevó a éste a la cárcel dos meses. Suzette recuperó a sus hijos y solicitó la suspensión de las convivencias. “Si esto no hubiera pasado, mis hijos seguirán con su papá, a pesar de sus brotes sicóticos y sus trastornos siquiátricos,” señala. Suspira profundo y reconoce los errores del Poder Judicial, al que ella misma pertenece: “Tristemente, no conocen la violencia vicaria y minimizan todas las actitudes. Es muy lamentable que los jueces digan que los menores tienen que convivir porque es su papá. No analizan ni siquiera si son aptos. Estamos en total abandono. Mis hijos ya están afectados, yo estoy afectada. Son cicatrices que difícilmente se van a borrar”.