Acusan omisión legislativa para sancionar tortura contra tres estadounidenses presos en Poza Rica; los golpearon antes de llevarlos con el juez
MEMORANDUM 3.-
En el estado de Veracruz existe una grave omisión legislativa para prevenir y sancionar la tortura, lo que ha derivado en violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del sistema penitenciario y judicial del estado, acusa Perla del Carmen Morales Solano, abogada penalista y defensora de derechos humanos. En conferencia de prensa, la jurisconsulta evidenció que el Congreso del Estado, la gobernadora de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) incumplen con lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura, al no contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma para atender este delito. Señala que ella representa a tres personas de nacionalidad estadounidense, que se encuentran recluidas desde hace aproximadamente tres años en el penal de Poza Rica, en donde han sido víctimas de tortura física y psicológica, tanto durante su detención como (ya recluidas) en prisión. Expresa: “Se pretendió que confesaran a base de golpes, sin traductor ni abogado. No son hispanohablantes, son ciudadanos estadounidenses que sólo hablan inglés y no entendían las órdenes; fueron golpeados antes de ser llevados ante un juez”. Explica que a sus tres representados fueron acusados de privación ilegal de la libertad y delitos contra las instituciones de Seguridad Pública, cargos que, según la defensa, han sido usados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para fabricar culpables. La abogada menciona que llevan ya casi tres años en prisión preventiva, sin sentencia y han denunciado cobros dentro del penal para poder comer, recibir visitas o tener medicamentos, pues uno padece de diabetes y requiere recibir su tratamiento. Aunado a lo anterior, expuso que no se han hecho los dictámenes médicos y psicológicos ordenados por ley, como parte del Protocolo de Estambul, lo que ha impedido integrar una investigación sólida por tortura, a pesar de que la denuncia fue presentada desde mayo de 2024. En ese contexto, acusa que la Fiscalía Especializada en Tortura de Veracruz incumple con su deber de prevenir y sancionar este delito, ya que nadie puede ser juez y parte. “Si la misma Fiscalía es señalada por tortura, no puede investigarse a sí misma”, relata, al tiempo de reiterar que incurren en omisiones el Congreso local, la FGE, la gobernadora de Veracruz y la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH). Señala que en estados como Nuevo León, Jalisco y Nayarit ya cuentan con fiscalías autónomas, Veracruz permanece en rezago y, como consecuencia, sólo existe un proceso penal por tortura en la entidad: el caso del exfiscal Jorge Winckler, que es el único proceso que se ha llevado a cabo en el estado de Veracruz. Ante esta situación, revela que promovieron un juicio de amparo contra la omisión legislativa, sin embargo, el Congreso local y la representación legal del gobierno del estado negaron que exista incumplimiento, pues aseguran que ya hay una fiscalía especializada, pero omitieron reconocer que la ley exige total independencia orgánica y operativa. Además, acusa también que la Embajada de Estados Unidos en México tampoco fue notificada de la detención de sus connacionales; la notificación se hizo, luego de la petición que hiciera para que se le brindara a sus representados asistencia consular, el cual se dio fue hasta marzo de 2024 cuando tuvo conocimiento de este asunto, violando tratados internacionales. En su oportunidad, el abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, quien también participa en la defensa de este caso, denuncia que el Poder Judicial prorrogó la prisión preventiva sin abrir audiencia, decisión que calificaron de ilegal y contraria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dio a conocer que, en el estado de Veracruz, por falta de operación judicial o mala organización, menos de la mitad de las audiencias programas se logran y muchas de ellas se resuelven “de escritorio”. Ejemplificó que se programan 45 audiencias y menos de la mitad de ejecutan, por mala planeación de las mismas, pues se programan las dichas audiencias en una hora y a veces se tarda más de ese tiempo y llega un momento en que éstas ya no se pueden llevar a cabo, por lo que advirtió que “en Veracruz, la ley no se cumple. Los procesos se vuelven eternos y la justicia no llega, ni para víctimas ni para acusados”.