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Por rezago estructural e impactos de inundaciones, Veracruz podría tardar más de 100 años en erradicar la pobreza
MEMORANDUM 1.- De acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el estado de Veracruz podría tardar más de cien años en erradicar la pobreza, debido al rezago estructural y a los impactos de recientes inundaciones. El organismo advirtió que, si el ritmo actual de reducción se mantiene, la entidad estaría muy por debajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que buscan reducir este indicador a menos del 2% de la población. Con base en el informe “Rutas para un México Libre de Pobreza en un Planeta Vivible”, a Tamaulipas le tomaría entre 29 y 50 años alcanzar esa meta, mientras que en Veracruz el proceso podría extenderse hasta 96 años o más. Erradicar la pobreza, según la Agenda 2030, significa reducirla a menos del 2% de la población. Otra meta intermedia busca disminuirla a la mitad para 2030. México, según la organización civil, redujo su tasa de pobreza del 42% al 30% entre 2016 y 2024, el avance más rápido desde que se mide la pobreza multidimensional en 2008. A la velocidad actual, la meta de reducir la pobreza a la mitad podría cumplirse a tiempo. Sin embargo, erradicarla completamente tomaría 57 años a nivel nacional, hasta 2082, aseguró Paulina Gutiérrez, coordinadora de Atención Ciudadana. “La velocidad lograda es positiva, pero todavía insuficiente para cerrar las brechas”, señaló. El reporte clasifica a las entidades en cuatro grupos según el tiempo estimado para erradicar la pobreza. Veracruz se ubica entre los 25 estados con mayor rezago. A Campeche, Chiapas y Guerrero les tomaría hasta 196 años; a Michoacán, Oaxaca, Tabasco y otros 10 estados, entre 51 y 96 años. Tamaulipas se encuentra en el grupo medio, junto con Querétaro y Yucatán, con un rango de 29 a 50 años. En contraste, Baja California podría alcanzar la erradicación en 16 años, mientras que Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Nuevo León y Sonora lo harían en 25 años o menos. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advierte que el progreso depende del ingreso laboral, la formalidad del empleo y la eficiencia de los programas sociales. Aunque la reducción reciente es resultado de mejoras en los salarios, el organismo sostiene que “no bastan las transferencias monetarias”. Seis de cada diez hogares en extrema pobreza y dos tercios de las familias pobres están excluidos de apoyos públicos. Además, el 30% de los trabajadores formales sigue percibiendo salarios de pobreza y solo una cuarta parte de la población en edad laboral tiene empleo formal. Por lo anterior, la asociación propone fijar un salario mínimo equivalente a dos canastas básicas, y alcanzar 2.5 en 2030. También sugiere evitar incrementos adicionales en la frontera norte, donde los sueldos ya superan en mil pesos esa meta. En Veracruz, donde los desastres naturales han agravado las brechas, la pobreza sigue siendo una herida abierta. Así las cosas.
Bitácoras de carga del puerto de Veracruz registran flujo inusual de embarques de combustibles entre abril de 2023 y marzo de 2025: FGR
MEMORANDUM 2.- El estado de Veracruz aparece como epicentro histórico de la importación energética y punto crítico en una red donde los documentos dicen una cosa y los tanques, otra. Según un documento de la Fiscalía General de la República (FGR), en el puerto de Veracruz las bitácoras de carga registran un flujo inusual de embarques entre abril de 2023 y marzo de 2025. El informe sostiene que en esas maniobras se descargaron combustibles con documentación alterada, parte de un entramado de importadores y transportistas que facilitaron el llamado “huachicol fiscal”. De acuerdo con el análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal, 555 empresas operaron dentro de este circuito; de ellas, 109 participaron directamente en la importación, comercialización y transporte de hidrocarburos. El expediente detalla que esas compañías constituyen la “columna vertebral” del mercado ilícito. Entre ellas figuran exportadoras, importadoras, comercializadoras, estaciones de servicio y factureras con actividad en estados como Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro. Los investigadores documentaron el uso de pedimentos clonados o manipulados, descargas fraccionadas y reingresos de producto con nueva documentación para justificar procedencias falsas. También detectaron flujos de efectivo y facturación cruzada entre empresas que, según el análisis, encubrían transacciones irregulares. El informe cita a Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V., que reporta 99 tanques y operaciones nacionales. Según la FGR, sus controles volumétricos no coinciden con las existencias declaradas, lo que abre la posibilidad de adquisiciones no registradas. La compañía tramitó 813 pedimentos de importación en 2020, muchos sin identificar proveedor extranjero. El análisis georreferencial asocia su línea telefónica con movimientos en aduanas de Ensenada, La Paz, Lázaro Cárdenas, Cancún y Veracruz. Otro caso es Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V., con actividad en asfalto y combustibles. Los peritos observaron discrepancias entre sus ingresos y las compras declaradas, además de vínculos con terceros relacionados en investigaciones previas sobre contrabando de hidrocarburos. De acuerdo con el expediente, Era Tech Combustibles y la Transportadora del Pacífico y del Golfo de México figuran entre los objetivos ligados a antenas cercanas a aduanas marítimas. Esa evidencia apunta a su participación en el traslado de combustibles sin la documentación requerida. El análisis también incluye a Mefra Fletes S.A. de C.V., asociada al aseguramiento de ocho millones de litros de hidrocarburo en la carretera Ensenada–Tijuana, y que cambió de representante legal varias veces entre 2020 y 2024. Diesel Max Internacional S.C. de R.L. de C.V. aparece en cadenas de suministro con maquiladoras y proveedores, lo que refuerza la hipótesis de una red comercial extendida. Según el documento de la FGR, la multinacional Trafigura intentó introducir un cargamento por el puerto de Tuxpan, Veracruz, sin documentación que acreditara su origen. También se menciona a Vector Casa de Bolsa, relacionada con un grupo de sociedades que, de acuerdo con el análisis, facilitó operaciones de comercio exterior mediante facturación cuestionada. Los investigadores señalan además a Marvic Petroleum y Autotransportes Marvic como operadores que movían hidrocarburos sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía, y a Petrosina S.A. de C.V., vinculada en listas de comprobantes fiscales digitales y relaciones comerciales con empresas bajo revisión. El mapa elaborado por la FGR muestra un patrón que se repite en cada puerto: pedimentos alterados, transportistas con rutas coincidentes y un flujo de combustibles que cruzaba fronteras y carreteras sin dejar rastro contable.
Proyecto impulsado por Fonadin, que contempla la construcción de dos nuevas casetas traería graves consecuencias: Édgar Chahín
MEMORANDUM 3.- Para el integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Édgar Chahín Trueba, el proyecto carretero impulsado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual contempla la construcción de dos nuevas casetas y la ampliación de carriles en la autopista México-Veracruz en su tramo carretero de Orizaba a Córdoba, con una inversión estimada en 5 mil millones de pesos, traería graves consecuencias para la región. El empresario afirmó que esta obra -que incluye casetas en la zona de Balastrera y cerca del Trébol de La Luz, en Córdoba, no solo carece de transparencia en su licitación, sino que representa una amenaza para la movilidad y la economía regional. "Nos tardamos casi 30 años en quitar una caseta entre Córdoba y Orizaba, y ahora quieren imponernos dos. En los motivos del proyecto dicen que buscan resolver un problema de tráfico, pero lo único que van a hacer es provocarlo, será una tragedia para la zona y para el país”, consideró. Chahín Trueba explicó que, durante el periodo de construcción, los cierres parciales y desvíos generarían colapsos viales de gran magnitud, afectando la principal ruta de conexión hacia el sureste del país. "Si hoy, cuando se poncha un camión o hay una volcadura, las filas duran horas, imaginen una obra de más de 40 kilómetros, de verdad que es un desastre anunciado, no hay otra forma de calificarlo”, afirmó. De igual forma, el empresario denunció que el proyecto avanza sin cumplir los procedimientos formales que exige la ley, pues afirmó que el Fonadin ya presentó la propuesta y está por emitirse el fallo del concurso, pese a que no se ha socializado el plan ni existe un proyecto ejecutivo disponible para su revisión. "Ni las autoridades estatales tienen información, nadie sabe de dónde salió ni cómo se autorizó, todo indica que el 30 de este mes se dará el fallo y el 31 podrían estar firmando el contrato”, advirtió. Agregó que la iniciativa se desarrolla bajo una lógica puramente recaudatoria, en beneficio de Fonadin y las constructoras involucradas, más que del desarrollo regional. "El único beneficiado será el concesionario. Entre 20 y 30 mil camiones diarios circulan por esa autopista y colocar dos casetas más es un negocio redondo. No hay justificación técnica ni económica que lo respalde”, sostuvo. Chahín Trueba recordó que la autopista Orizaba–Puebla atraviesa zonas urbanas densamente pobladas como: Nogales, Río Blanco, Orizaba, Fortín y Córdoba, y que por ese tramo transitan diariamente unidades con materiales peligrosos, lo que eleva el riesgo de accidentes. "No necesitamos un caos dentro del mismo trazo, lo que urge es un nuevo trazo carretero, no una ampliación que colapse lo existente”, insistió. También hizo referencia al derrumbe ocurrido en el kilómetro 230, que mantuvo cerrada la circulación durante semanas y ocasionó pérdidas millonarias. "Solo a nuestra empresa (Talleres y Aceros "TYASA") nos costó 230 millones de pesos, ahora imaginen el impacto nacional. Un proyecto como éste puede costarle al país miles de millones más. Es una triple tragedia para la economía, para la región y para la seguridad”, sentenció. El integrante de AIEVAC reiteró que aún hay posibilidad de dialogar con las autoridades federales y con Capufe, pero destacó la urgencia de revisar a fondo la pertinencia del proyecto. "No me opongo al desarrollo, pero no podemos aceptar decisiones tomadas sobre un mapa, sin conocer la realidad de la zona, y si este plan avanza, el daño será irreversible, el país no gana nada, al contrario, pierde mucho”, concluyó

 

QUINTANA ROO

 

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