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A mes y medio de la toma de posesión de nuevos alcaldes, denuncian presuntos enjuagues entre el Edil electo de San Rafael y el titular de la PMA
MEMORANDUM 1.- Todavía no toman posesión los nuevos alcaldes de Veracruz y ya han comenzado a surgir inquietudes debido a versiones que apuntan a posibles gestiones irregulares atribuidas al alcalde electo de San Rafael, Gil Armando Méndez y el procurador del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López. Y es que, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona norte y centro del estado, el Edil electo de San Rafael habría buscado acercamiento con otros futuros alcaldes para indicar que mantiene comunicación directa con el titular de la PMA, Ángel Carrizales López y se asegura que ya habría presentado empresas de su propiedad para ser consideradas en proyectos de dragado —como los del estero de San Rafael— y en la extracción de material pétreo en ríos y arroyos. Frente a esto, trabajadores de la Secretaría y la Procuraduría del Medio Ambiente aceptaron que aún existe un clima de desconfianza por los episodios vividos en el sexenio pasado, y advierten que cualquier insinuación de acuerdos privados en torno a dragados o uso de maquinaria podría detonar un conflicto institucional si no se aclara oportunamente. Lo cierto es que la circulación de estos señalamientos ha generado inquietud dentro de la propia PMA, donde funcionarios temen que este tipo de versiones afecte la imagen del actual procurador y reactive comparaciones con la administración anterior, cuando el exprocurador Sergio Rodríguez Cortés fue señalado por presuntos manejos irregulares y enriquecerse en la dependencia. El tema toma fuerza en un contexto en el que, recientemente, Carrizales López también fue objeto de críticas por supuestos conflictos laborales derivados de la salida de empleados con larga trayectoria, lo cual habría provocado tensiones al interior de la PMA. A esta situación se suma la preocupación de actores políticos en municipios del norte y centro del estado, quienes aseguran que personas cercanas a la PMA estarían ofreciendo servicios de dragado y facilitando contactos con empresas vinculadas, presuntamente, al alcalde electo de San Rafael, lo que se interpreta como intentos de influir en las nuevas administraciones municipales y un abierto conflicto de interpes. Estas prácticas irían en sentido contrario a la línea marcada por la gobernadora Rocío Nahle, quien ha insistido desde el inicio de su administración en erradicar acuerdos opacos y cualquier forma de negociación fuera de los procesos oficiales. Por lo anterior, consideran necesario que el caso sea revisado cuanto antes, a fin de evitar que estos señalamientos escalen a un conflicto político o administrativo una vez que los nuevos ayuntamientos asuman funciones. Así las cosas.
Un abogado militar de alto rango de los Estados Unidos plantea preocupaciones legales sobre los ataques a presuntas narcolanchas por órdenes de Trump
MEMORANDUM 2.- El principal abogado militar del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de supervisar las operaciones contra embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico cerca de Venezuela, expresó serias objeciones legales a los ataques letales autorizados por la administración de Donald Trump, informa NBC News. De acuerdo con dos altos funcionarios estadunidenses, dos asesores del Congreso y dos ex funcionarios de alto rango, el juez abogado general (JAG) del Comando Sur planteó en agosto sus inquietudes, semanas antes de que comenzaran las operaciones en septiembre. Su análisis jurídico fue finalmente desechado por altos funcionarios, incluidos miembros de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Otros abogados militares y civiles también expresaron reservas dentro de la cadena de mando, señalaron dos asesores legislativos y un ex funcionario. El JAG advirtió que los ataques contra presuntos “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico oriental podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que expondría a responsabilidades legales a los miembros del servicio involucrados, indicaron las seis fuentes. Tradicionalmente, el criterio jurídico del principal asesor del comando es decisivo para autorizar o detener una operación militar; aunque puede ser ignorado, es inusual avanzar sin considerar de fondo su recomendación. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, negó categóricamente que existieran objeciones internas. “El Departamento de Guerra rechaza que abogados del Pentágono, incluidos los de SOUTHCOM, hayan expresado inquietudes sobre la legalidad de los ataques. Actuamos dentro del marco legal. Nuestras operaciones en el Caribe son legales conforme al derecho estadunidense e internacional y cumplen plenamente con el derecho de los conflictos armados”, afirmó. Un vocero del Comando Sur remitió las consultas al Departamento de Defensa, al que la administración del presidente Donald Trump denomina Departamento de Guerra. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.
Marchan sindicatos del Poder Ejecutivo y del magisterio y se pronuncian en contra de la reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil
MEMORANDUM 3.- Varios secretarios generales de sindicatos del Poder Ejecutivo y del magisterio, integrados en "El frente sindical, por la democracia laboral en Veracruz", se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil y realizaron una marcha que partió de la calle de Enríquez hacia el Congreso del Estado para entregar un documento a la diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Congreso local. Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del sindicato de empleados del Poder Ejecutivo señaló que las organizaciones sindicales presentes, con representación real y activa en todo el Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 1", 8, 9, 14, 16, 25" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 2", 7" y 14, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para expresar de manera firme y categórica lo siguiente: “El día 13 de noviembre fue presentada ante el Congreso del Estado la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Estatal del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el contenido de esta iniciativa atenta gravemente en contra de los avances obtenidos en materia de derechos humanos y laborales; de su simple lectura se advierten graves violaciones constitucionales, con un impacto profundo e irreversible en las condiciones laborales, estabilidad en el empleo, derechos adquiridos, libertad de afiliación y sindical del personal que servimos al Estado”. Agregó que resulta indispensable subrayar que ninguna reforma legislativa que afecte directamente a la clase trabajadora puede avanzar sin la participación, consulta y análisis técnico de las organizaciones sindicales, “proceder de manera unilateral constituiría un acto contrario a los principios de legalidad, progresividad, transparencia participación ciudadana y gobernanza democrática, por lo que las organizaciones firmantes reiteramos que la legitimidad de cualquier proceso de reforma laboral depende de que la voz de los trabajadores sea parte central del análisis legislativo, una reforma construida sin nosotros no solo sería injusta, sería jurídicamente vulnerable, socialmente insostenible y políticamente inviable, además de que resultaría incongruente plasmar en la iniciativa transparencia y participación de los trabajadores en la vida sindical la cual ya existe en todas nuestras organizaciones”. Por lo anterior, en uso pleno de sus derechos y responsabilidades como representantes legítimos de la base trabajadora, exigieron: “La suspensión inmediata del proceso legislativo sobre la iniciativa mencionada, hasta que se garantice la participación formal y directa de las organizaciones sindicales, proceder sin consulta constituiría un acto de exclusión institucional que derivará en acciones legales, constitucionales y sociales para la defensa de los derechos colectivos; la instalación urgente de una Mesa de Trabajo con carácter vinculante, integrada por representantes de la Legislatura, de las dependencias afectadas y de las organizaciones sindicales de manera prioritaria, misma que deberá contar con información técnica, impacto presupuestal, alcances jurídicos y consecuencias laborales de cada modificación propuesta, y en razón de lo anterior, solicitamos se dé respuesta formal y por escrito a la presente dentro de los términos constitucionales aplicables”.

 

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