SCJN no alcanza los seis votos para declarar inconstitucional una porción del artículo 478 de la Ley General de Salud sobre posesión de cannabis
MEMORANDUM 2.- Aunque la mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por flexibilizar la posesión simple de mariguana en México, más allá de los 5 gramos permitidos por la ley, no se alcanzaron los seis votos necesarios para la declaratoria general de inconstitucionalidad de una porción del artículo 478 de la Ley General de Salud. Esa porción condiciona la exclusión del delito de posesión de cannabis, a que el detenido tenga una cantidad “igual o inferior” a la prevista en la ley, la cual establece el límite en 5 gramos. Al final, ministras y ministros resolvieron la inconstitucionalidad de esa porción normativa sólo a favor de una persona en situación de calle, a la que ampararon. Se trata de una persona que fue detenida el 7 de febrero de 2021 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y vinculada a proceso por narcomenudeo por tener consigo 14 gramos de mariguana, 9 gramos más del límite fijado en la ley. A propuesta de Giovanni Figueroa, ministros y ministras ordenaron al juez a que, sin sujetarse automáticamente a los límites de la tabla contenida en la ley, analice las circunstancias objetivas (tiempo, lugar, modo y cantidad) y subjetivas (condición de farmacodependencia, contexto cultural o personal) para determinar si la mariguana que tenía el detenido y quejoso estaba o no destinada al consumo personal. Los ministros explicaron que su decisión no implica la despenalización del delito de posesión de cannabis, sino que elimina, sólo para el caso concreto, el límite previsto en la ley, pues vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la salud individual, sin proteger un bien jurídico relevante. A favor votaron, además del ponente, el ministro presidente Hugo Aguilar y sus pares Loretta Ortiz, Arístides Guerrero e Irving Espinosa. En contra votaron las ministras Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes acusaron que, de aprobar el proyecto con efectos generales, se incrementaría la discrecionalidad y riesgo de decisiones dispares con efectos negativos para la seguridad jurídica. La ministra Ríos señaló que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto y uno de sus límites es cuando se pasa del consumo a la adicción, pues esta última no sólo afecta a una persona sino a toda una familia. Mientras que la ministra Herrerías, molesta, aseguró que el proyecto no aterrizó la teoría a lo que pasa en la práctica. Consideró que quitar el límite de gramaje permitido abría la puerta a la inseguridad jurídica y hasta a la corrupción.