MEMORANDUM 1.- A pesar de los avances logrados en 2025 con la incorporación de herramientas digitales que agilizaron procesos y generaron ahorros, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, aceptó que la fiscalización del gasto público en Veracruz requiere una mayor inversión en tecnología. Previo a su comparecencia ante el Congreso del Estado, programada para el jueves 22 de enero a las 10:00 horas, la funcionaria explicó que el ORFIS ya opera con una metodología que permite realizar revisiones de forma digital, lo que ha reducido tiempos y costos, aunque subrayó que el siguiente paso demanda recursos adicionales. “Creo que tenemos que hacer un trabajo con mayor tecnología, aprovechar las herramientas tecnológicas y en el ORFIS hicimos un trabajo ya con una metodología que permite hacer el trabajo digital que agilice los tiempos y que ahorren recursos. Sin embargo, sí se va a requerir una inversión mayor en tecnología”, insistió González Cobos. La funcionaria estatal sostuvo que en el balance de su gestión, se consolidaron cambios que optimizaron procesos y permitieron ahorrar recursos, pero insistió en que la modernización tecnológica es indispensable para fortalecer las revisiones al ejercicio del gasto en la entidad. “Tuvimos logros que nos ahorraron recursos, pero sí es necesario hacer una inversión mayor”, señaló. Con relación a su próxima comparecencia, la titular del Orfis aseguró que el nuevo formato exige respuestas puntuales a las y los diputados, por lo que se prepara para atender los cuestionamientos legislativos. “El jueves a las 10 de la mañana estaré dando respuesta a los diputados. El formato ya cambió y requiere respuestas puntuales, y yo me estoy preparando para eso”, sostuvo. La auditora general también se refirió a su futuro profesional, al recordar que su periodo en el cargo concluye en 2026. No descartó continuar en el servicio público si así se lo solicitan. “Donde sea yo útil para la sociedad veracruzana, yo estaré dispuesta. Si la gobernadora tiene algún proyecto donde yo pueda participar, lo haré con mucho gusto y con la entrega que he tenido en donde me he desempeñado”, aseguró. En cuanto a los pendientes de su gestión, dijo que el ORFIS cuenta con un plan estratégico diseñado y actualizado, y consideró que mantener esa ruta permitirá fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. “Continuar en la ruta trazada va a ser algo que significará un beneficio y un acercamiento de la sociedad acerca de cómo se están ejerciendo los recursos públicos”, sostuvo. El Congreso local aprobó que las comparecencias de los organismos autónomos se realicen los días 21 y 22 de enero de 2026. El miércoles 21, a las 10:00 horas, comparecerá la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y a las 16:00 horas el titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Luis Orencio Ramírez Baqueiro; mientras que el jueves 22, a las 10:00 horas, acudirá González Cobos, y a las 16:00 horas la presidenta encargada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Regina Pérez López.

08 de Enero de 2026 / 11:29:48

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MEMORANDUM 2.- Luego de que el presidente Donald Trump exigiera a Caracas permitir que empresas y autoridades norteamericanas accedan a sus vastas reservas de crudo tras la captura del dictador Nicolás Maduro, fue la misma estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien informó que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”. En un comunicado, la empresa explicó que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”. El esquema de operación de Chevron en Venezuela consiste en un conjunto de licencias y condiciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) que le permiten seguir produciendo y exportando crudo venezolano, pero bajo controles muy estrictos y con flujo de caja limitado hacia el Estado venezolano. En la práctica, Chevron opera como una excepción regulada dentro del régimen de sanciones petroleras de Estados Unidos y usa el petróleo como mecanismo de repago de deudas y recuperación de inversiones. Las licencias específicas de la OFAC, como la llamada Licencia General 41 y sus enmiendas posteriores, emitidas durante la administración Biden y luego suspendidas y vueltas a activar con cambios no revelados por la administración Trump, autorizan ciertas transacciones vinculadas a la producción, levantamiento y venta de crudo desde las empresas mixtas, donde Chevron comparte acciones y beneficios con PDVSA, pero sin levantar de manera general las sanciones al sector petrolero venezolano. El petróleo producido bajo este esquema se exporta fundamentalmente a refinerías de Estados Unidos, que están configuradas para procesar crudos pesados como el venezolano, y Chevron ha llegado a embarcar entre unos 100 mil y 150 barriles diarios en los últimos meses, según datos reportados por agencias internacionales como Reuters. Sin embargo, las licencias prohíben expresamente que Chevron pague impuestos, regalías o dividendos al gobierno venezolano o a entidades controladas por PDVSA, de modo que se impide formalmente que el Estado reciba utilidades directas de esas operaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes mediante un mensaje en Truth Social que “las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado a los Estados Unidos”. Agregó que “este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”. Que caro está cobrando Trump por capturar y mantener en prisión a un dictador.

08 de Enero de 2026 / 11:00:13

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MEMORANDUM 3.- Luego de la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2024 de las administraciones municipales salientes, aún existen múltiples observaciones pendientes por subsanar, principalmente de carácter administrativo. En ese tenor, el diputado local Ramón Díaz Ávila explicó que, en la mayoría de los ayuntamientos evaluados, las inconsistencias detectadas no están relacionadas con obra pública, sino con temas administrativos, y consideró que en términos generales “la mayoría salió bien” en ese rubro. Sin embargo, lamentó que algunos gobiernos municipales hayan efectuado el proceso de entrega-recepción “al cuarto para las 12”, incluso minutos antes de concluir el 31 de diciembre, situación que advirtió, sólo perjudica a quienes dejaron el cargo. “Los únicos perjudicados son quienes se fueron; exalcaldes, exsíndicos y exregidores. Quienes llegan todavía tienen un mes para levantar el acta y hasta un año para denunciar cualquier irregularidad”, aseguró Díaz Ávila. El diputado señaló que los exfuncionarios ya no tienen oportunidad de regresar a aclarar observaciones una vez concluido su periodo, por lo que entregar documentación de última hora, lejos de ayudarles, los colocó en una situación legal más complicada. “Creyeron que entregando todo a última hora salvaban cualquier situación, pero es peor; se están metiendo en problemas solos”, sostuvo. Díaz Ávila recordó que desde el Congreso se exhortó a los alcaldes salientes a completar la transición administrativa durante el mes de diciembre, con el objetivo de corregir a tiempo cualquier observación y evitar improvisaciones de último momento en todas las áreas del ayuntamiento. Por otro lado, el diputado local del PT destacó que, derivado de las recientes reformas aprobadas en el Congreso del Estado, todos los ayuntamientos están obligados a cumplir con el principio de paridad de género, además de que cargos clave como Obras Públicas, Contraloría, Finanzas y Seguridad Pública deberán ser ocupados por personas con formación profesional afín. “Ya no se pueden colocar amigos por compromisos políticos. Ahora deben ser profesionales que realmente cumplan con el perfil que marca la ley; de lo contrario, el Congreso rechazará cualquier nombramiento que no cumpla con los requisitos”, concluyó el legislador.

08 de Enero de 2026 / 10:32:31

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