Solo faltaba la servil CNDH, pero finalmente externó su discrepancia con el número de desaparecidos en México como lo cita la ONU
MEMORANDUM 3.- Solo faltaba la servil Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el sábado finalmente externó su discrepancia de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), de solicitar que se lleve el asunto ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Paralelamente arremetió contra las organizaciones civiles que enviaron información a esta instancia, ya que, señaló, están “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”. En un pronunciamiento, indicó que la decisión del CED que tiene como fin promover acciones como “cooperación técnica”, “asistencia especializada”, “apoyo financiero”, entre otras, carece no sólo de sustento, sino que propone reproducir dinámicas de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”. Se trata, insistió, “de las mismas fallidas recetas desde el exterior que ya hemos experimentado, sin entendimiento de nuestra realidad y sin sensibilidad a los avances reales que se han tenido, que en su momento el gobierno federal y esta CNDH comunicaron al CED”. Igualmente, la Comisión Nacional criticó que existen otros escenarios en el plano internacional donde los organismos multilaterales “parecen no tener la más mínima injerencia, ni están interesados en tenerla, a pesar de que lo que está en juego es la estabilidad y paz globales”. Sin embargo, “tal pareciera que estos buscan cobrar relevancia, colocando en el centro de su quehacer la situación de países como México que tratan de lidiar con las herencias de una violencia que por años imperó sin que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto como aparenta pretender ahora”. Señaló que para considerar legítima la participación CED en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales, además de que, en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el cual en su informe enviado al Comité “cuestionó sin más los cambios legales e institucionales que se dieron en los últimos meses, los que, según él ‘no son suficientes’, hablando de que se trata de ‘acciones parciales y poco coordinadas entre las instituciones’, las cuales considera que ‘no se constituyen en la Política Nacional que requiere el país’”. Es así, continuó, que más viable le pareció al Centro Prodh acudir a solicitar ayuda del exterior, pasando por encima de lo que establece la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en sus artículos 30 y 31. LA CNDH señaló que “el CED se contradice”, pues en varias ocasiones ha sostenido que la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada por ex presidente panista Felipe Calderón, tuvo una estrecha correlación con la situación de las desapariciones forzadas desde 2006. Pero en su último comunicado, ahonda, menciona que “aun cuando dicha política ha dado lugar a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y a delitos graves contra gran parte de la población civil, el Comité no encuentra indicios fundados de que el enfoque militarizado de la seguridad pública pueda equipararse en sí mismo a una política federal que implique necesaria e intencionalmente la comisión de desapariciones forzadas”. Cuestionó si “se les ha olvidado a los integrantes del CED que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de seguridad pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado”. La CNDH también defendió su trabajo en cuanto atender el flagelo de las desapariciones, expuso que durante los últimos años ha documentado y recomendando el esclarecimiento de las desapariciones sucedidas en los periodos de la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) y el de la “Guerra contra el narcotráfico” que tuvo lugar de los años 2006 al 2012. Enfatizó que los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer. En la presente gestión de la CNDH, apuntó, se han emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada que abordan hechos de años anteriores, que no fueron atendidos en su momento. Sin embargo, también ha emitido 5 recomendaciones sobre hechos recientes, atendidos de la manera más expedita.