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Alcalde de San Pedro Soteapan acusa a agentes municipales de extorsión, pobladores lo contradicen y lo acusan de estigmatizar la policía
MEMORANDUM 1.- Las confrontaciones continúan en el municipio de San Pedro Soteapan, luego de que se aseguró que el agente municipal de La Florida, Marcelo Juárez Caamaño, presuntamente retuvo a funcionarios del ayuntamiento y les solicitó 40 mil pesos para su liberación, sin embargo, versiones de funcionarios y habitantes señalan que la situación ha sido malinterpretada y politizada por la administración municipal, generando confusión y descontento. Hace unos días el edificio del palacio municipal fue tomado por cientos de pobladores de varias localidades, que mostraban su desacuerdo por la falta de una autoridad de agente municipal. Aseguran que el ayuntamiento de San Pedro Soteapan que encabeza el alcalde Sosimo López Ramírez, le hizo la entrega a este agente municipal la cantidad de 39 mil pesos, como viáticos para que varios agentes municipales y sub agentes, para trasladarse al congreso del estado de la ciudad de Xalapa, para dialogar con los diputados locales y intervenga y se de una solución a su demanda. Aseguran que los recursos entregados al agente municipal La Florida, por el alcalde López Ramírez, no fue un pago condicionado para la liberación, sino parte de la logística oficial del ayuntamiento. Pero que el edil ha señalado públicamente que se trata de un intento de extorsión, generando tensiones entre la autoridad municipal y los agentes comunitarios, quienes consideran que el verdadero conflicto podría resolverse mediante el diálogo y la entrega formal de oficios al Congreso, en lugar de acusaciones públicas que estigmatizan a la autoridad comunitaria. Para algunos vecinos de La Florida, el alcalde opta por generar confrontación pública en lugar de buscar soluciones.
Reforma electoral carece de un rediseño detallado del sistema comicial y remite la mayor parte de los cambios a la legislación secundaria: consejero del INE
MEMORANDUM 2.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) afirman que el verdadero alcance de la iniciativa de reforma electoral se conocerá hasta que se definan los cambios en las leyes secundarias. Consideran que el proyecto establece orientaciones generales, pero deja sin definir aspectos claves, como el futuro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), posibles modificaciones a la estructura del instituto y los nuevos mecanismos para detectar irregularidades en el financiamiento de partidos y campañas, entre otros. En entrevista, Martín Faz Mora opinó que el proyecto carece de un rediseño detallado del sistema comicial y remite la mayor parte de los cambios a la legislación secundaria. Explica que en esas normas se definirán aspectos como la nueva forma de integración de las listas de representación proporcional, cambios en los cómputos electorales y reglas de fiscalización. Advierte además que el plazo previsto para que el INE armonice sus reglamentos –15 de mayo– podría resultar inviable si no se presentan a la brevedad las leyes correspondientes. También indica dudas sobre las medidas para frenar el financiamiento ilícito de campañas, pues la iniciativa habla de mecanismos de coordinación con autoridades financieras sin detallar obligaciones claras ni qué ocurrirá si no se entrega la información solicitada por el INE. Sobre el posible cambio para empezar los cómputos distritales desde la misma noche de la elección, explica que implicaría retos logísticos importantes, debido a que en algunas regiones del país los paquetes comiciales pueden tardar incluso dos días en llegar a las sedes distritales. Jaime Rivera Velázquez coincidió en que el alcance de la enmienda es aún difícil de medir mientras no se conozca la reglamentación. Explica que aspectos importantes para el instituto, como la estructura del servicio profesional electoral o su organización administrativa, están regulados en la legislación ordinaria y podrían modificarse con mayoría simple en el Congreso. Destaca la utilidad del PREP y señaló que no puede sustituirse con el inicio anticipado de los cómputos distritales. Mientras el PREP permite publicar resultados preliminares en pocas horas a partir de imágenes digitales de actas enviadas desde las casillas, los cómputos formales son más lentos porque implican revisiones y posibles recuentos solicitados por los partidos. A su juicio, prescindir de ese sistema podría afectar la confianza pública, pues el PREP permite ofrecer resultados iniciales detallados desde las primeras horas del proceso. “No contar con ese mecanismo arrojaría una sombra de desconfianza innecesaria”, advirtió. Por su parte, Dania Ravel Cuevas consideró positivo que la iniciativa no cierre la puerta al PREP, ya que la ciudadanía está acostumbrada a ese sistema y ha contribuido a reforzar la legitimidad de los resultados. Destacó también como un avance que las acciones afirmativas para garantizar la representación de grupos históricamente discriminados se contemplen a nivel constitucional, pues anteriormente estas definiciones quedaban en manos de la autoridad electoral. No obstante, coincidió en que será necesario revisar la implementación de la reforma en la legislación secundaria y mencionó el transitorio que fija el 15 de mayo como plazo para que el INE armonice sus reglamentos, al considerar inviable que ese proceso ocurra al mismo tiempo que el trabajo legislativo.
INE rebaja multas a partidos pese a anomalías documentadas de 2024, al PT le tocó un descuento del 60%; ni el Buen Fin tiene esas promociones
MEMORANDUM 3.- El Instituto Nacional Electoral (INE) rebajó las multas a todos los partidos, pese a las irregularidades documentadas del gasto ordinario en 2024; sacó todas las promociones. El grupo con más fallas contables era el Partido del Trabajo (PT), pero logró un descuento de 60 por ciento, al pasar de 215 a 93.5 millones de pesos. En votaciones diferenciadas, los consejeros admitieron diversos argumentos y estrategias de los sancionados, de ahí que al menos una docena de expedientes pasaron a otra fase de investigación, ahora bajo la figura de “procedimientos oficiosos” y “seguimiento”, posibilidades que significan alargar, por años incluso, la conclusión de la autoridad, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización –quien evidentemente se quedó en minoría en los casos de quitas más relevantes, pues, como se dijo, se restan de la cuenta y se mandan a procedimiento oficioso–, advirtió que al abrir esa vía, la carga de la prueba pasa al INE, aun cuando la obligación de comprobar gastos es de los partidos. Por ejemplo, en el asunto clasificado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE como “conclusión 67”, por actos y omisiones de la dirigencia nacional del PT relacionados con viáticos, se proponía una sanción de 39 millones, y aunque sí había algunos aspectos que podrían ser sujetos a revisión, no debía mandarse todo a “seguimiento”. El consejero Rivera señaló que había casos en los que “claramente muchos vuelos se acreditaban simplemente con una factura genérica, sin especificar la persona que voló”. Asimismo, en otros cinco puntos –que finalmente se mandaron a oficioso– dijo que los conceptos involucrados (gastos de despensa, mantenimiento de transporte, alimentos y gasolina) fueron debidamente calificados por la UTF como gastos sin objeto partidista. Pese a la documentación anexada por la UTF, finalmente los partidos salieron beneficiados, pues hay oficiosos que se resuelven en años. Las sanciones generales –para los seis partidos– pasaron de 706.9 millones de pesos a 462.9 millones. El PRI tenía multas por 112.1 y quedarán en 98.8 millones, es decir, una reducción de 12 por ciento. Para el PT, la rebaja más sustancial fue por las irregularidades adjudicadas a su dirigencia nacional, al pasar –en este caso– de 181.3 a 63.6 millones de pesos. A su vez, Morena pasaría de sanciones por 84.8 a 59.5 millones de pesos, igualmente con más reducciones para su Comité Ejecutivo Nacional. En cuanto al PAN, tenía 85.6 y queda en 45.17 millones, mientras Movimiento Ciudadano brinca de 43 a 20.1 millones, y el Partido Verde, de 40.3 a 19.9 millones. Las conductas más sancionadas (la mitad de todas las indagatorias de la UTF) son egresos no comprobados, conceptos que tendrán una quita de 28.4 y 11.8, respectivamente. En tercer lugar, con una reducción de 10.7 por ciento, quedó el concepto “no destinar el recurso establecido para actividades específicas”; el resto de las casi 50 conductas tienen bajas menores de 4 por ciento. El trabajo de la UTF consistió en revisar 553 informes anuales de ingresos y gastos ordinarios presentados por siete partidos (el PRD, ya extinto, sólo recibirá amonestaciones públicas por las irregularidades).

 

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