MEMORANDUM 1.- Con base en estudios internacionales y análisis oficiales, el embarazo infantil y adolescente no sólo representa una grave violación a los derechos de niñas y adolescentes, sino que también tiene un costo económico cuantificable y de largo plazo para México. Estimaciones retomadas por organismos internacionales señalan que el impacto económico del embarazo infantil y adolescente en México, asciende a alrededor de 76,000 millones de pesos anuales, cifra equivalente a cerca de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Estas pérdidas derivan de la combinación de menor escolaridad, menor participación laboral, menores ingresos a lo largo de la vida y una reducción en la recaudación fiscal. El reciente caso de una niña de 10 años que dio a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras un embarazo producto de violencia sexual, volvió a colocar el tema en la agenda pública. Según datos de la Secretaría de Salud, tan sólo en 2024 se registraron más de 92,000 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8,000 en niñas de 10 a 14 años. En este último grupo, especialistas y organismos internacionales coinciden en que el embarazo es siempre consecuencia de abuso sexual, lo que evidencia fallas estructurales en prevención, detección y atención. De acuerdo con el estudio El precio de la desigualdad, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en marzo de 2025, el embarazo adolescente y la maternidad temprana generan pérdidas económicas significativas para los países de América Latina y el Caribe al reducir el capital humano, limitar la trayectoria educativa de las mujeres y disminuir sus ingresos futuros. El impacto no se limita a la productividad, ya que los embarazos en niñas y adolescentes suelen ser de mayor riesgo médico, lo que incrementa el gasto público en salud por complicaciones obstétricas y neonatales. A ello se suma una mayor dependencia de programas sociales a lo largo del tiempo, tanto para las madres jóvenes como para sus hijas e hijos. Organismos como el Banco Mundial advierten que la maternidad temprana implica una carga adicional para los sistemas públicos de salud, educación y protección social, costos que terminan siendo absorbidos por el Estado y, en última instancia, por toda la sociedad. El caso ocurrido en Chiapas expone además una dimensión crítica del problema. Organizaciones civiles como Reinserta subrayan que cada embarazo infantil es una forma extrema de violencia sexual y una señal de omisión institucional cuando no es detectada ni detenida a tiempo. En México, 9 de cada 10 delitos sexuales no se denuncian, de acuerdo con datos oficiales, lo que agrava la impunidad y permite la repetición del daño. En entidades como Chiapas, donde persisten altos niveles de pobreza, rezago educativo y desigualdad, el embarazo infantil y adolescente reproduce ciclos intergeneracionales de pobreza, profundizando brechas sociales y económicas. Prevenir cuesta menos que sostener las consecuencias. Los estudios coinciden en que invertir en prevención resulta más costo-efectivo que asumir los efectos acumulados del embarazo infantil y adolescente. Por lo anterior, el UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos recomiendan fortalecer la educación sexual integral, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, mejorar los mecanismos de denuncia y brindar atención médica, psicológica y legal inmediata a las víctimas. Por último, organizaciones especializadas plantean que la respuesta del Estado no debe limitarse a la sanción, sino incluir programas de intervención con agresores sexuales para prevenir la reincidencia. Así las cosas.

18 de Enero de 2026 / 19:01:50

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MEMORANDUM 2.- Aunque entre 2015 y 2018, México registró un aumento constante en la emisión de tarjetas de residencia permanente y temporal para personas de nacionalidad venezolana, el crecimiento más marcado se observa en los años recientes pues para 2025 ya son más de 100,000 venezolanos viviendo en México. Esto refleja, por un lado, la compleja situación que vive Venezuela en materia de bienestar y derechos, y por otro, el posicionamiento de México como uno de los destinos más elegidos por los venezolanos que buscan asilo fuera de su país. De acuerdo con el recuento histórico de la última década, en 2015 se otorgaron 2,235 residencias permanentes y 4,229 temporales, mientras que para 2018 ambas modalidades superaron las 6,000 tarjetas, reflejando un incremento significativo en la migración venezolana hacia el país durante ese periodo. El punto más alto se alcanzó entre 2019 y 2021, cuando las residencias permanentes se consolidaron como la forma predominante de regularización. En 2020 se otorgaron 11,041 tarjetas permanentes y 2,409 temporales, y en 2021 la cifra de permanentes se mantuvo elevada con 10,635. Este comportamiento coincide con un contexto de mayor salida de personas de Venezuela y una política migratoria mexicana que facilitó procesos de regularización. A partir de 2022 se observa una reducción sostenida en el número de tarjetas otorgadas: 9,693 residencias permanentes y 1,955 temporales, mientras que en 2023 y 2024 las cifras continuaron a la baja. Para 2025, en el periodo de enero a julio, se contabilizaron 2,640 residencias permanentes y 771 temporales, lo que confirma una desaceleración en la emisión de documentos, aunque México sigue siendo un país clave para la población venezolana migrante. La presencia de personas venezolanas viviendo en México ha sido históricamente baja, pero con una tendencia creciente en los años recientes ligada al éxodo. En 1990, se registraban apenas 1,460 venezolanos residentes en el país. Para el año 2000, la cifra aumentó a 3,024 personas, lo que reflejaba un crecimiento moderado asociado principalmente a movilidad académica y laboral. Venezolanos en México: 80% vive en alta vulnerabilidad y quienes tienen residencia son, en su mayoría, profesionistas. El incremento se volvió más evidente a partir de la década de 2010. En ese año, el número de venezolanos viviendo en México ascendió a 10,786, y para 2015 la cifra creció a 15,664 personas. Este periodo coincide con el inicio del deterioro económico, social y político en Venezuela, que impulsó una migración inédita de los habitantes de dicho país. Así las cosas.

18 de Enero de 2026 / 18:30:49

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MEMORANDUM 3.- Un día después de que entrara en vigor a nivel nacional la prohibición constitucional de vapeadores, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó la aplicación de la prohibición de este dispositivo con un operativo en el Centro Histórico que derivó en el decomiso de más de 50,000 productos, y en el retiro de mercancía considerada ilegal de la vía pública. Las acciones buscan cerrar espacios a su venta y distribución en zonas de alta afluencia. En un acto realizado a un costado de la Plaza de la Constitución, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina afirmó que no se permitirá la comercialización de productos ilegales en el Centro Histórico y destacó que el retiro de vapeadores responde a criterios de salud pública y ordenamiento del espacio. “El Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal”, aseguró. De acuerdo con el gobierno capitalino, el operativo del 9 de enero permitió asegurar 50, 376 vapeadores y cigarros electrónicos tras el levantamiento de un puesto semifijo y el aseguramiento de una bodega en la calle de Peña y Peña, en el Primer Cuadro de la ciudad. Estas acciones se suman al retiro previo de 24, 572 productos considerados mercancía ilegal que se ofrecían en la zona. Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, refirió que la mercancía decomisada fue entregada a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) para su destrucción y estimó que, por su precio de venta, entre 150 y 200 pesos por unidad, el aseguramiento representa alrededor de 10 millones de pesos fuera del mercado. En el operativo también fue detenido un hombre de 26 años al que se le aseguraron dos armas y marihuana, remitido al Ministerio Público. Cravioto hizo un llamado a comerciantes en vía pública a no vender artículos prohibidos, de contrabando o de posible procedencia ilícita, y advirtió que continuarán los operativos coordinados para impedir su ingreso al Centro Histórico. Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la reforma a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los vapeadores, al definirlos como dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, que se inhalan directamente. “No se trata de vapor inocuo”, destacó, y alertó que estos productos generan adicción, son engañosos por sus sabores y presentaciones y afectan de manera especial a niñas, niños y adolescentes, al interferir con su desarrollo neurológico y facilitar el inicio temprano de otras adicciones. Gasman recordó que en México más de 14 millones de personas fuman, otras 14 millones están expuestas al humo de tabaco y 12 millones han usado alguna vez cigarrillos electrónicos. Cada año, añadió, el tabaco provoca 63,000 muertes prematuras, mientras que los padecimientos respiratorios se mantienen entre las principales cargas de enfermedad. Por su parte, la fiscal general de Justicia de la capital, Bertha Alcalde Luján, destacó que la reforma no criminaliza a las personas ni persigue el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, el lucro y la comercialización de dispositivos con daños comprobables a la salud. Retirar vapeadores de la vía pública, sostuvo, es una acción preventiva para reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que lucran con vacíos regulatorios. En el mismo sentido, el comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, afirmó que el gobierno no puede ser cómplice silencioso de este problema y respaldó el mensaje de cero tolerancia al consumo, distribución, comercialización y lucro de estas sustancias. Las autoridades capitalinas reiteraron que los operativos continuarán como parte del proyecto de recuperación del Centro Histórico, con coordinación entre dependencias locales y federales, inspecciones sanitarias y acciones de seguridad para hacer cumplir la prohibición vigente y proteger la salud de la población.

18 de Enero de 2026 / 18:01:33

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