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Al PJF le importa mas informar que este año ahorrará más de 533 millones que ofrecer justicia a quienes la demandan
MEMORANDUM 1.-Más que dar cumplimiento a las tareas que por ley deben ejercer, para el Poder Judicial de la Federación (PJF) lo importante es dar a conocer que siguen ahorrando, y en ese tenor, de se informa que pretenden ahorrar este 2026 más de 533 millones de pesos a través de medidas de austeridad y reordenamiento administrativo que deberá aplicarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). El acuerdo de disciplina presupuestaria 2026 del PJF fue publicado este viernes por el OAJ, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre las medidas más drásticas que tomará destacan la reducción de 10 por ciento en estructuras orgánicas, el control de plazas vacantes y la limitación de salarios para que no superen al del Ejecutivo federal. También ordena a los órganos priorizar las compras consolidadas, la austeridad en viáticos y el uso de tecnologías de la información para disminuir gastos operativos y el impacto ambiental. La meta es que el PJF ahorre 533 millones 593 mil 786 pesos durante el ejercicio fiscal 2026. Del total, 293 millones 18 mil 333 pesos corresponderán al OAJ; 185 millones 658 mil pesos al TDJ; 41 millones 669 mil 947 pesos a la SCJN y 13 millones 247 mil 506 pesos al TEPJF. En materia de capital humano, se ordena reducción de 10 por ciento del costo total anual de la nómina en las estructuras autorizadas al 1 de enero de 2026 para áreas administrativas clave. También prevé la eliminación de plazas de apoyo como secretarías particulares, privadas y de funcionarios superiores, así como de conductores. Aclara que las vacantes deberán permanecer sin ocuparse al menos 30 días y, si superan cuatro meses, serán puestas a disposición del órgano administrador. Además, los contratos por honorarios no podrán exceder tres meses, con un límite máximo acumulado de seis meses al año, y se prohibieron becas externas fuera de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Las acciones operativas incluyen digitalización total mediante firmas electrónicas y uso prioritario de videoconferencias, así como compras consolidadas en insumos y servicios. Se prohíbe, además, adquirir o arrendar vehículos cuyo valor supere 4 mil 343 UMA (509 mil 477 pesos), pero aclara que si se requieren vehículos de mayor costo “su adquisición o arrendamiento se podrá realizar previa justificación que al efecto realice la Unidad Ejecutora, misma que se someterá a la consideración de la Contraloría de Administración Judicial por conducto de la SEA o de la Unidad de Administración, según corresponda”. También, las unidades ejecutoras deberán reducir en 50 por ciento el gasto en viáticos, pasajes administrativos y difusión institucional respecto a 2025. Y se establece que el personal cubrirá una parte del costo del comedor, que cualquier conversión de plazas requerirá un excedente presupuestal de 10 por ciento y que ninguna remuneración podrá rebasar el salario del Presidente de la República.
Insiste Sheinbaum en que EU no ha aportado toda la información en torno al secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Mayo Zambada
MEMORANDUM 2.- En un reclamo que ya levanta sospecha, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el gobierno de Estados Unidos no ha aportado toda la información en torno al secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024. “Ellos dicen que ya enviaron toda la información, pero no”, enfatizó la mandataria federal, y remarcó que seguirán demandando a Washington más detalles al respecto. “La idea es que se conozca con más detalle”, afirmó a pregunta sobre el caso, por lo que se seguirá solicitado más información al gobierno de Donald Trump en el marco de la relación bilateral en materia de seguridad. Recordó que el repunte de la violencia que se enfrentó en la entidad durante 2024 y parte de 2025, está relacionado con la sustracción del cofundador del cártel de Sinaloa —quien fue sacado del país y de manera irregular entró a territorio estadunidense, donde se le sigue un proceso penal. La jefa del Ejecutivo refirió que en su momento la Fiscalía General de la República realizó una investigación sobre este probable secuestro. “Y, en todo caso, ellos tienen que informar”. La sustracción de El Mayo —a manos de Joaquín Guzmán López, hijo del otro fundador del grupo delictivo, Joaquín El Chapo Guzmán— se dio en julio de 2024, aún bajo los gobiernos en México de Andrés Manuel López Obrador, y en Estados Unidos de Joe Biden. Esto provocó una escisión en la estructura del cártel, con dos grupos principales confrontados de manera violenta: Los Chapitos y Los Mayos. Enfrentamiento que ha dejado zozobra en la entidad.
Colmenares Páramo se tiene que ir de la ASF, por el bien del País ya que esta al servicio de grupos de interés: Lozano Dubernard
MEMORANDUM 3.-En la lucha por presidir la Auditoría Superior de la Federación, algunos aspirantes comienzan a darse con todo, y en ese tenor, el ex auditor especial de cumplimiento financiero de la entidad revisora, Gerardo Lozano Dubernard sostiene que, “por el bien del país”, el actual titular, David Colmenares Páramo “se tiene que ir, porque no está cumpliendo con su mandato constitucional”, y se ha dedicado a “cuidar sus intereses y los de ciertos grupos cercanos” a él. Al acudir registrarse como candidato para dirigir la ASF en el periodo 2026-2034, Lozano advirtió que bajo el mandato de Colmenares, el organismo ha dejado de cumplir su labor de sancionar las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y ha presentado una cantidad mínima de denuncias al respecto. “Este auditor se tiene que ir. David Colmenares ya acabó su ciclo, no debe de relegirse, por el bien de este país, por el bien de los proyectos presidenciales, de los estados. No debe de permanecer, porque no está cumpliendo con el mandato constitucional, así de simple”, enfatizó Lozano en entrevista colectiva. Luego de recalcar que Colmenares “nos está vendiendo espejitos” con la narrativa de que la ASF ahora le está dando preferencia a las tareas de prevención de las irregularidades, y no tanto a la sanción de las mismas, el ex auditor especial alertó que la entidad revisora está dejando de cumplir con sus labores básicas. “Es una fiscalización sin consecuencias, una gran escenografía. Para mí, los informes de resultados son grandes escenografías. Muchos millones (de supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos), ahí están las observaciones, pero no pasa nada, y lo que queremos es que haya consecuencias y sanciones”. Lozano Dubernard recordó que él dejó su cargo en 2021, “derivado de que se eliminaron los contrapesos en la Auditoría Superior, se eliminó el consejo de dirección, la unidad de auditoría interna y se eliminaron facultades a las áreas auditoras para presentar denuncias. Y eso a mí me pareció terrible, porque lo que provocó fue concentrar todas las decisiones, todas las decisiones, hoy las toma el auditor superior”. Para ejemplificar la inacción de la ASF bajo el mandato de Colmenares Páramo, Lozano recordó datos “brutales y dramáticos” sobre la baja cantidad de denuncias que presenta la entidad revisora, en comparación con la cantidad de auditorías que realiza. “Hoy nos dice la Auditoría Superior que hace más auditorías, lo cual es cierto, pero hay menos denuncias. En la cuenta pública 2017, se hicieron mil 480 auditorías, y se presentaron 90 denuncias. Sobre la cuenta pública 2021, se hicieron mil 957 auditorías, y (sólo) hay dos denuncias”, subraya. “Si nos vamos a las últimas denuncias por cuenta pública, de la 2021 hay dos denuncias. ¡Dos denuncias, no puede ser! De la 2022 hay una; de la 2023 no hay ninguna, por supuesto; de la 2024, que se acaba prácticamente de entregar, tampoco hay ninguna”. Por lo que se refiere a los expedientes presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para determinar si este organismo impone sanciones, de la Cuenta Pública 2019 a la 2022 únicamente hay dos solicitudes. “Ese es el atraso que tiene la Auditoría Superior”. Al abundar al respecto, Lozano indicó que, “si hablamos de los años calendario, en 2024 se presentaron ocho denuncias, y en 2025, tres. Once denuncias presentadas entre 2024 y 2025, cuando de 2018 a 2023, se presentaron aproximadamente 266 denuncias de hechos. La reducción es muy dramática, y creo que esto lo podemos relacionar con la pérdida de independencia que puede tener un auditor superior. En este escenario de rasgo y falta de acción, alertó que “a lo mejor hay asuntos ya del 2016 que pudieran estar prescritos; habría que entrar a hacer el análisis, no lo puedo asegurar, pero yo te puedo decir que hay asuntos del 2016 y 2017, que no hayan sido notificados a los posibles infractores y están prescritos. Deben entrar aproximadamente siete mil asuntos todavía sin resolver, algunos de la cuenta pública 2016 hasta la cuenta pública 2023”. En ese sentido, llamó a “recuperar la Auditoría Superior y hacer más transparente y cercana al ciudadano”, ante lo que consideró una falta de atención de Colmenares a sus obligaciones como servidor público. “Yo creo que él cuida sus intereses y cuida los intereses quizá de ciertos grupos que están cerca. Él tiene a sus aliados; el interés de Colmenares no somos los mexicanos, me queda muy claro”, puntualiza.

 

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