Hombre originario de Pachuca pierde la vida ahogado en la playa Chaparrales, en Cazones; Detienen en Tamaulipas a presunto responsable de secuestro de taxista xalapeño perpetrado en marzo de 2020 MEMORANDUM 1.- Un hombre perdió la vida ahogado la tarde de este domingo en la playa de la comunidad Marco Antonio Muñoz, mejor conocida como Chaparrales, en el municipio de Cazones. Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas cuando los bañistas llamaron al 911 indicando que un hombre se estaba ahogando, por lo que al sitio acudieron elementos de Protección Civil, así como de la Policía Municipal y Estatal. A su llegada confirmaron que el varón ya no contaba con signos vitales, por lo que los uniformados procedieron al resguardo de la zona, lográndose saber que el occiso era residente de Pachuca, Hidalgo, y que viajó con varios conocidos, quienes tras su deceso se retiraron. Agentes ministeriales realizaron las diligencias para la carpeta de investigación, en tanto peritos criminalistas llevaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, a la espera de que el cuerpo sea identificado y que un familiar lo reclame para los trámites funerarios….UN SUJETO identificado como Lorenzo Antonio “N” fue detenido en Tamaulipas por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz como probable responsable del delito de secuestro agravado en contra de un taxista de Xalapa identificado con las iniciales N.H.G. La detención se llevó a cabo gracias a un operativo coordinado entre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de Veracruz y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Tamaulipas, lo que permitió dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 23 de marzo de 2020, cuando la víctima, un trabajador del volante, ofreció un servicio de taxi desde la ciudad de Banderilla con destino a Tlapacoyan. Durante el trayecto, el conductor fue privado de su libertad por el pasajero, identificado como el ahora detenido. Posteriormente, los familiares del taxista recibieron llamadas de extorsión en las que se les exigía un pago económico a cambio de su liberación. Estos hechos derivaron en la integración del proceso penal 114/2020. La Fiscalía informó que, respetando sus derechos humanos y el debido proceso, Lorenzo Antonio “N” será trasladado a Veracruz y presentado ante el juez que emitió la orden judicial. Será en la audiencia inicial cuando se defina su situación jurídica y se determine si enfrenta un proceso penal formal por el delito de secuestro agravado. Con esta detención, la autoridad busca avanzar en la judicialización del expediente, mientras la víctima y sus familiares aguardan justicia tras más de cinco años de iniciado el proceso. El caso refuerza la coordinación interestatal en materia de seguridad y combate a delitos de alto impacto, sobre todo en casos que implican a víctimas de sectores vulnerables como los trabajadores del transporte público.
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Denuncian madres buscadoras amenazas telefónicas desde ladas extranjeras, en especial de Reino Unido MEMORANDUM 2.- De acuerdo con Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito, ladas extranjeras de Reino Unido marcan y amenazan a madres que buscan a sus hijos en el estado de Veracruz. La mañana de ayer sábado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la activista marchó con más mujeres para exhibir la situación que atraviesan desde hace un par de años atrás. "Somos la voz de ellos, vamos a marchar, vamos a hacer un pase de lista, vamos a ponerles unas flores que realicé con mucho amor. Va a ser algo diferente, todo por ellos", aseguró. Previo a la movilización, la madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011 en el puerto de Veracruz, lamentó el asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de su hija. "Solo buscamos a nuestros hijos, no buscamos culpables, queremos justicia y verdad. Si seguimos en eso, las siguientes somos nosotros, por eso tenemos que cuidarnos", afirmó. Con este crimen, dijo que colectivos del país las contactaron para emitir un pronunciamiento al respecto, mismo que -adelantó- firmarán como muestra de solidaridad y continuidad a las acciones que realizan para encontrar a sus familiares desaparecidos. "No estamos haciendo daño, estamos recuperando el daño que ellos hicieron y todavía que estemos en peligro ¿En qué país vivimos?". Al ser cuestionada sobre las amenazas a las madres buscadoras en Veracruz, la integrante del colectivo Solecito respondió que sí han ocurrido y que, por temor a más intimidaciones, evitan dar detalles de la situación. Rosalía Castro refirió que las amenazas hacia ellas, como buscadoras, se enfocan en que le paren o les pasará algo grave. Además, que organizaciones gubernamentales les ofrecen seguridad pero la rechazan por desconfianza. "No sabes si el que te va a resguardar te va a poner (...) Es algo muy delicado y solo una o dos nos comentan. No todas quieren hablar de ese tema y mucho menos publicarlo. Todo es amenaza telefónica, por decir te amenazan de Reino Unido, esa es la lada pero hay que ver la ubicación", sostuvo. La madre buscadora agregó que lo único que hacen, como ella, es encomendarse a Dios y seguir rastreando dónde estará su familiar desaparecido. Así las cosas.
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De 2019 a 2025, al menos 29 expolicías y agentes en funciones han sido vinculados por desaparición forzada MEMORANDUM 3.- Durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz – y lo que va de la actual administración estatal, se reportó la detención de 29 policías estatales y municipales, tanto en activo como exelementos, por su presunta participación en desapariciones forzadas. La información obtenida vía solicitudes de transparencia forma parte de un panorama judicial en el que, en ese mismo periodo, se dictaron 36 sentencias condenatorias por delitos relacionados con desaparición. Los registros explican que expolicías estatales y municipales, así como agentes en funciones, han sido vinculados a estos crímenes en distintos años. En 2024, por ejemplo, fueron aprehendidos policías estatales en activo, mientras que en 2019 y 2021 se reportaron detenciones de exagentes. El número de víctimas asociadas varió en cada periodo, con reportes en 2019, 2021, 2023, 2024 y hasta inicios de 2025. El Poder Judicial informó que entre 2019 y 2025 se iniciaron 30 procesos penales por desaparición forzada y 55 por desaparición cometida por particulares, con un total de 41 autos de vinculación a proceso. Con relación a los resultados, se dictaron 36 sentencias condenatorias en juicios orales: 13 por desaparición forzada y 23 por desaparición cometida por particulares. No se emitieron condenas en procedimiento abreviado. En contraste, solo se dio una absolución, vinculada a un caso de desaparición cometida por particulares. En este mismo periodo se libraron 48 órdenes de aprehensión, de las cuales 41 fueron ejecutadas. De igual forma, en lo que va de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha difundido 19 boletines oficiales sobre desapariciones. Tres de los casos concluyeron en sentencias condenatorias con penas de entre 27 y 64 años de prisión, mientras que el resto corresponde a vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión aún en trámite. Ocho de los expedientes se relacionan con desaparición forzada y 11 con desaparición cometida por particulares. Según datos de la organización Red Lupa, el municipio de Veracruz puerto concentra la mayor cifra de desapariciones en la entidad, con 991 casos acumulados hasta mayo de 2025. En el último año se registró un aumento de más de 500 reportes. Le siguen Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos como los municipios con más denuncias. Por su parte, Anaís Palacios, defensora de derechos humanos, afirmó que aunque Veracruz ha homologado la Ley General en Materia de Desaparición y fortalecido protocolos de búsqueda, para las familias los resultados no son visibles. Advirtió que la acumulación de casos sin resolver muestra que los avances legales no se traducen en justicia. “Hay muchísimos casos de larga data de los que no se están teniendo ni localizaciones, ni tampoco la posibilidad de justicia. No solamente no estamos encontrando a las personas desaparecidas, sino que los perpetradores y los culpables siguen allá. Esto lo que está provocando es que haya una acumulación de casos y de cifras, como lo quieran ver las autoridades”, expresó. La activista refirió que la violencia de la delincuencia organizada sigue sin contenerse en la entidad. “La geografía de Veracruz es muy particular. Somos un estado de tránsito, tenemos siete estados colindantes. Creo que el territorio veracruzano tiene tanta extensión que ha facilitado los espacios de ocultamiento. Pero lo más importante es la acción de los grupos criminales, y en Veracruz no hemos parado desde 2010 de contar a los cárteles”, señaló. Palacios destacó que los mecanismos institucionales no han garantizado justicia para las víctimas. “Están diseñados para perpetuar la condición de las víctimas para que no salgan de ahí, y también el tema de la impunidad”. Recordó que, pese a los señalamientos contra el gobierno de Javier Duarte, “en 2025, 10 años después de ese periodo, no se ha podido acreditar lo sucedido. Eso refleja los ocultamientos que aún prevalecen”. Aunque reconoció una mayor empatía hacia las familias, insistió en que la justicia no debe convertirse en una simulación: “Que la justicia no sea una simulación, esas cosas que las familias saben que pueden funcionar, pero que tienen que adoptar otra forma porque el gobierno o el estado les ha dado lo mínimo”. Palacios describió la presencia de fosas clandestinas como parte de la vida cotidiana en Veracruz. “Para mí, eso es vivir en Veracruz: no saber. La fosa significa una posibilidad. Tú hablas de una fosa con alguien que no tiene un familiar desaparecido y te va a decir: ‘Ah, no, qué susto, qué miedo, debe apestar’. Hay muchas opiniones tanto de respeto como aquellas que no”, explicó. Dijo que, ante la falta de información y de investigaciones efectivas, muchas familias terminan viendo en las fosas el único escenario posible de búsqueda. En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Palacios destacó que esta fecha recuerda la obligación del Estado de actuar con seriedad. “Creo que significa el reconocimiento a nivel internacional de que la desaparición no es normal y que es una obligación del Estado prevenir, sancionar, investigar, erradicar. Y la garantía de no repetición de las desapariciones”. Agregó que la utopía para las familias sigue siendo un país donde nadie falte y cada caso sea investigado a fondo. “Todavía no estamos en ese lado en Veracruz ni en el país, todavía no estamos en posibilidades de cumplir eso que señala la Convención Internacional Contra las Desapariciones Forzadas”, aseguró. Por último, Palacios lanzó un llamado a la sociedad para sumarse a la exigencia de justicia. “También es un llamado de atención a los que no lo hemos vivido, de cómo también sumarnos a la exigencia que tienen las familias, de cómo a veces un acto tan simple como no arrancar un boletín de búsqueda puede ayudar a alguien a menos ser olvidado. Es una sociedad a veces dividida, a veces solidaria, a veces callada, a veces muy activa, pero con mucha necesidad de encontrar a los suyos”, concluyó.
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