Por decreto presidencial, amplían facultades a García Harfuch para aplicar la Estrategia Nacional de Seguridad MEMORANDUM 1.-
La Presidenta, Claudia Sheinbaum, expidió el decreto por el cual se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que faculta al titular de esa dependencia, Omar García Harfuch, a “dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y los programas, las políticas y acciones respectivas, así como someter a consideración y, en su caso, aprobación del titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Sectorial de Seguridad, las políticas tendientes a garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública” del país y “la política criminal general y la de drogas en lo particular”. Esto, a fin de “establecer las políticas, los mecanismos de planeación y programas, así como las medidas tendientes a prevenir y desactivar escenarios de riesgo y actos delictivos” que pudieran suscitarse que tengan relación con los centros penitenciarios. También faculta al titular de la dependencia federal a vigilar que las actividades de análisis y de investigación policial desarrolladas por esa instancia, “tengan por finalidad generar y aportar mayores elementos para fortalecer las carpetas de investigación ministerial, procurando que los indicios, datos y elementos de prueba que se recaben sean admisibles en juicio, en coordinación con las instituciones de procuración de justicia”. Para ello se establece la creación de tres subsecretarías, la de Inteligencia e Investigación Policial, la de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, y la de Prevención de las Violencias; 14 unidades, de carácter especializado, entre ellas, la encargada de investigar casos de delincuencia organizada, delitos de alto impacto como secuestro y extorsiones, delitos transnacionales, de investigación cibernética y operaciones tecnológicas, y 53 direcciones generales, entre las que destaca la de investigación de delitos de terrorismo, y la de operaciones estratégicas. Al subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial se le faculta para “fungir como enlace ante instancias internacionales, para conducir acciones tendientes al cumplimiento de sus atribuciones”, así como “instruir la implementación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de lograr la identificación, ubicación y captura de personas presuntas responsables en la comisión de hechos posiblemente delictivos”. De igual manera, se faculta a la subsecretaría de Inteligencia a “auxiliar al Ministerio Público, cuando lo solicite, en la ejecución de técnicas de investigación, órdenes de localización, de aprehensión y de reaprehensión, y mandamientos con fines de extradición, así como en los demás mandamientos ministeriales y judiciales en la esfera de competencia de las unidades administrativas a las que estén adscritas”. En cuanto a las direcciones, resalta la encargada de brindar “Atención a Víctimas Relacionadas con Personas No Localizadas”, que tiene entre sus facultades “procurar que las víctimas y sus representantes legales tengan acceso oportuno, claro y completo a la información sobre las acciones realizadas en materia de búsqueda y localización, en estricto apego a los principios de transparencia, publicidad y a lo establecido en la legislación aplicable, respetando en todo momento los derechos humanos”, y “proporcionar, en su caso, atención sicosocial para familiares de personas no localizadas, en estrecha coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno”.
|
Trump ya ha regresado a México a más de 65 mil personas connacionales y extranjeros, y sigue la mata dando MEMORANDUM 2.-
Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, inició una cacería contra los indocumentados, dando como resultado la llegada a México de 65 mil 475 personas, 59 mil 747 mexicanos y cinco mil 728 extranjeros, y “no hemos aceptado ser país tercero”, informa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En conferencia la mandataria fue cuestionada si Trump reanudó las deportaciones rápidas, respondió que, si hay un migrante que es trasladado a territorio nacional, “por razones humanitarias tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen”. Y si no, “pues se busca la manera de incorporarla”. Sheinbaum Pardo asegura que Estados Unidos tiene ya acuerdos con prácticamente todos los países para repatriar de manera directa, “entonces no requiere del paso por México”. La migración fue uno de los temas centrales del discurso de investidura de Donald Trump. Advirtió que enviaría tropas a la frontera con México y declarar la emergencia nacional para contener lo que denomina como una crisis en ese punto del país. Reiteró su objetivo de deportar a “millones y millones” de migrantes irregulares.
|
Diputados avalan nueva ley de la Guardia Nacional; concretan su militarización, pero Morena la justifica MEMORANDUM 3.- En el primer día del periodo extraordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional (GN) que regula la reforma constitucional que regresará al Ejército el control de ese cuerpo policíaco, al hacerla “dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. El dictamen, que también modifica diversas legislaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y los códigos de justicia militar y el militar de procedimientos penales, fue aprobado con 349 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista (PVEM), ante 132 votos en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). La morenista Giselle Arellano Ávila también votó en contra. Durante el debate, las bancadas de oposición argumentaron que se consuma la “militarización” de la GN y advirtieron que la propuesta permite que los militares en activo puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Simboliza “un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad del país”, consideró el blanquiazul. Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que la Constitución prevé que militares, funcionarios e incluso ministros de culto que deseen competir por un cargo de elección popular deben separarse de sus funciones con antelación. Previó incluso que en la ley se precise que, para optar por un cargo de elección popular, los militares deban solicitar licencia previa. También anticipó al menos dos cambios al dictamen, uno propuesto por el PVEM, para que la Guardia Nacional pueda hacerse cargo de la vigilancia en los bosques, para combatir a los talamontes; y otra de Morena para precisar los cargos de los comandantes de la Guardia Nacional en las regiones. En el dictamen se indica que los integrantes de la GN deben contar con el Certificado Único Policial, cursar y aprobar de manera obligatoria los programas de formación de derechos humanos, así como los de capacitación y profesionalización en materia policial. Señala que la investigación de los delitos a cargo de la GN, las realizará bajo el mando del Ministerio Público, y se otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la atribución de contar con organismos de inteligencia, que se coordinarán con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información. También; se regula la ruta de ascensos y seguridad social para sus integrantes, y las infracciones disciplinarias que no constituyan un delito. Elena Edith Segura, también de Morena, justificó que la capacitación y la certificación de los elementos de la Guardia estarán a cargo de la Defensa “tiene una razón de ser: es una dependencia que tiene más de 100 años de experiencia en capacitar, en tener a los mejores hombres y mujeres a cargo de una seguridad. Dice: “¿Qué nos va a permitir tener mayor control? Sí, claro, porque vamos a tener también una supervisión interna en esta secretaría. La formación castrense tiene que ver también con valores -con honestidad, con patriotismo-, pero también con mecanismos de supervisión interna que van a permitir que todas las miembros y miembros de la Guardia Nacional puedan tener profesionalismo en su actuar”. Acusa que la oposición busca desvirtuar la profesionalización al señalar que se militariza la seguridad, pero “es una total falacia”. La petista Mary Carmen Bernal también rechaza que se trate de una militarización, y aseveró que el país requiere “elementos con adiestramiento militar, pero con proximidad policial. Necesitamos experiencia de la Defensa, necesitamos gente capaz de combatir la delincuencia en el territorio y en las calles”. En tanto, la panista Paulina Rubio Fernández afirmó irónica que, “aunque la formación de los militares sea en macramé, son militares, no dejan de ser militares”. Añade que hay elementos peligrosos como la facultad de realizar operativos encubiertos. Cuestionó si es “¿para disfrazar a militares y meterlos en casillas, como lo intentaron hacer en las elecciones de Durango?”, además, alerta de la intervención de telecomunicaciones. El priista César Alejandro Domínguez expuso que se promueve la concentración y la eliminación de la profesionalización de las policías locales. Una vez votado el dictamen en lo general, el pleno entró a la discusión y revisión de las reservas en lo particular.
|
|