Instala Movimiento Ciudadano su Consejo Político Estatal; 'Morena no es invencible, el cambio ya comenzó': Carbonell MEMORANDUM 1.- A tambor batiente, como una vez definió el ex presidente Carlos Salinas al gobierno de Dante Delgado en Veracruz, la mañana de este miércoles los dirigentes de Movimiento Ciudadano se reunieron para instalar su Consejo Estatal y agradecer a la militancia su compromiso con un proyecto que, de acuerdo con Luis Carbonell de la Hoz, “ya cambió a Veracruz… y también nos cambió a nosotros”. Para el dirigente estatal de MC, “hoy podemos decir con orgullo que Morena no es invencible. Gracias por no rendirse, por caminar juntos, por creer que sí se puede cambiar el rumbo de Veracruz”. El coordinador estatal también hizo un llamado urgente a la valentía y coherencia frente a los desafíos que enfrentan municipios como Papantla y Poza Rica: “Hay que ser valientes, hay que ser congruentes. Para luchar por un Veracruz lastimado, debemos ser un ejemplo de dignidad y lucha. No nos vamos a dejar”, aseguró. Por su parte, Dante Alfonso Delgado Morales recordó que Movimiento Ciudadano no es solo un partido, sino una familia. En momentos difíciles, aseguró, “el apoyo mutuo, la solidaridad y la unidad deben ser nuestro mayor valor”. Los oradores coincidieron en que Movimiento Ciudadano no debe detenerse con miras al 2027 y al 2030, “para gobernar con altura, con honestidad y con grandeza”. Carbonell reconoció la lucha que sigue en Papantla y Poza Rica: “Mariano, Emilio, ustedes son un ejemplo. Porque Papantla y Poza Rica decidieron. Los delincuentes van a pagar. Ustedes van a gobernar. Y tengan la certeza: no los vamos a abandonar”. Dijo que Movimiento Ciudadano reafirma que el cambio no solo es posible, sino que ya comenzó. A su vez, la diputada Elena Córdova rindió un informe sobre su labor como diputada y vicecoordinadora nacional de diputadas y diputados locales. Entre los asistentes estuvieron figuras clave del movimiento como Agustín Torres, secretario general de acuerdos nacional, Sergio Gil Rullán, diputado federal, Letty Hernández Miranda, secretaria técnica del Consejo Estatal y Jessica Ortega de la Cruz, presidenta del Consejo Nacional.
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Organizaciones de la sociedad civil acusan a legisladores de favorecer a grandes corporaciones y buscar aplazar la prohibición de plásticos de un solo uso MEMORANDUM 2.- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que bajo un supuesto modelo de “economía circular”, legisladores federales impulsan iniciativas que favorecen a las grandes corporaciones y buscan aplazar la prohibición de plásticos de un solo uso e incumplir con lo ordenado por el Poder Judicial que obliga a eliminarlos. Viridiana Lázaro, de Greenpeace México, señaló que son varias las propuestas que se han presentado en el Senado de la República y la Cámara de Diputados –algunas ya están en comisiones– por partidos como Morena, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, entre ellas, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de los Residuos, que abroga la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Esta iniciativa, apuntó, pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040 e incentiva su producción, ya que clasifica a los plásticos como “residuos estratégicos” para la economía circular y se enfoca en su incineración, lo cual ocasiona diferentes riesgos a la salud y el medio ambiente. Además, “no impone una responsabilidad real” a las grandes empresas contaminadores y no se establecen sanciones claras ni obligaciones específicas, además de que no contempla mecanismos de participación pública, expresa. “A nuestro parecer esta es una de las peores iniciativas hasta el momento y se presenta como una solución verde, pero no es así. Nosotras lo vemos más como un greenwashing legislativo, porque justamente al abrogar y dejar sin efecto a la LGPGIR no mejora ni reemplaza ninguno de los principios clave, (sino) diluye obligaciones de la industria y promueve falsas soluciones”, recalca. En conferencia de prensa, Lázaro indicó que aunque la Secretaría de Medio Ambiente y a Recursos Naturales (Semarnat) ha asegurado que esta iniciativa ha sido consensuada con la sociedad civil, en realidad sólo ha sido con el sector privado. Incluso, la Asociación Nacional de Industrias de Plástico ya hizo comentarios y modificaciones directas a la iniciativa de ley, desde agosto pasado. En su participación, Ana Larrañaga, de la organización El Poder del Consumidor, advirtió de un presunto “conflicto de interés” de la Semarnat, ya que ha anunciado alianzas con grandes empresas para impulsar parques de economía circular en regiones donde se busca “perpetuar la injusticia ambiental”. En este sentido, afirmaron que no han sido consultadas las organizaciones de la sociedad civil ni las comunidades afectadas por este tipo de megaproyectos contaminantes. Señalaron que la Ley General de Economía Circular no se conoce públicamente, a pesar de que la dependencia presume que ya fue consensuada. Claudia Romero, de Fronteras Comunes, apuntó que la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y la diputada Laura Ballesteros (MC), excluye al PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes. También mencionó que existe la iniciativa del senador Waldo Fernández González (PVEM) para crear la Ley General de Economía Circular, la cual pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética, ignorando la jerarquía de la gestión de residuos y los principios precautorios. Los especialistas denunciaron también que la industria impulsa estrategias greenwashing disfrazadas de economía circular. Lázaro señaló que se han enviado diversos oficios a la Semarnat desde agosto pasado para advertir “el conflicto de interés” y de los retrocesos que implicarían esas iniciativas, pero han obtenido respuesta a su solicitud de audiencia para sentarse a dialogar. Por ello, las organizaciones pidieron al Poder Legislativo detener el avance de las iniciativas que únicamente perpetúan la dependencia al plástico y terminar con las alianzas con corporativos de la industria, además de cumplir con el amparo de agosto del 2024, que ordena prohibir la producción de plásticos de un solo uso.
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Otra vez gobierno de la 4T expropia terrenos para ese elefante blanco llamado Tren Maya, se trata de 18 predios en 5 estados MEMORANDUM 3.- Por causa de utilidad pública, el gobierno de Claudia Sheinbaum decretó la expropiación de otros 18 predios con una extensión de 115 mil 428 metros cuadrados, ubicados en cinco entidades del sureste del país, para la construcción de tres tramos del Tren Maya. Cabe recordar que hace menos de tres meses se expropiaron de 26 terrenos para usarse en los tramos 1, 2, 3, 4, y 6 la magna obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El decreto publicado por la Presidencia de la República, incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles privados y a partir de hoy la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procede a su ocupación inmediata. Señala que los terrenos son para la ejecución de los tramos 1, 4 y 6 del Tren Maya, estos inmuebles ubicados de la siguiente forma: nueve en Palenque, Chiapas; tres Escárcega, Campeche; tres, en Tabasco; dos, en Yucatán; y uno en Bacalar, Quintana Roo. En el decreto, que entró en vigor este martes, no se precisó el valor de los predios. Únicamente señala que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto unitario por metro cuadrado y los dueños de los inmuebles tienen plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación para iniciar el procedimiento judicial con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización. También fueron expropiadas otras 00-00-55 hectáreas de uso parcelado del ejido Maxcanú, ubicado en el municipio de Maxcanú, estado de Yucatán, para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria del proyecto Tren Maya y sus obras complementarias al Tramo 3 Calkiní-Izamal. Como indemnización, el ejido de Maxcanú recibirá 4 mil 152 pesos 70 centavos. En otro decreto, se expropiaron 27-51-70 hectáreas de temporal de uso parcelado, para los tramos 1 "Palenque-Escárcega" y al Tramo 7 "Chetumal-Escárcega", y cuyo valor comercial asciende a 2 millones 985 mil 867 pesos.
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