Calderón acusó destrucción del Poder judicial con complicidad de Ken Salazar, declaración que hizo enojar a Sheinbaum, que lo llamó entreguista, vendepatria y espurio MEMORANDUM 1.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahora si explotó contra Felipe Calderón a quien llamó “espurio” además lo calificó de “entreguista, vendepatrias”. La mandataria federal estaba molesta luego de que el ex mandatario señaló en Washington que el “proceso de demolición” del Poder Judicial ocurrió sin oposición del ex embajador estadunidense Ken Salazar. En conferencia matutina, la mandataria externó: “Fíjense en la gravedad de lo que dice un ex presidente, ya saben que yo siempre le pongo el apellido espurio, porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra”. Continuó: “O sea, va a Estados Unidos y le preguntan qué opina de la política exterior de Estados Unidos y dice: imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadunidense y no haya hecho nada”. Sheinbaum Pardo insistió: “¿cuál es el peor momento de la historia de un embajador estadunidense interviniendo en México? El golpe de Estado a (Francisco I.) Madero, ¿no?, donde el embajador (Henry Lane) Wilson es el orquestador de ese golpe de Estado”. Después, dijo que, “viene un cambio en el gobierno de Estados Unidos y cambia la política”. Pero “Calderón, ex presidente espurio de México va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? entreguista, vendepatrias”. Felipe Calderón, atribuyó al exembajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, falta de reacción frente a la reforma judicial que estableció la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto ciudadano. Durante la conferencia “El Estado de la Democracia en América”, realizada en la Universidad del Instituto de las Américas de Georgetown, sostuvo que la modificación legal se concretó sin que el representante diplomático estadounidense advirtiera su alcance. Según el político, el embajador “no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo exactamente o simplemente lo ignoró, lo cual es terrible”. Calderón señaló que, previo a los cambios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación operaba como contrapeso frente al poder presidencial.
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Contralmirante acusado de huachicol fiscal frena orden de arresto en su contra; de todas formas ya se escapó; Piden que Rafael Ojeda diga si AMLO estaba informado MEMORANDUM 2.- El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, obtuvo una suspensión que frena por momento su captura, ya que autoridades lo acusan de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de Hidrocarburos, al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal. Aunque ya se encuentra prófugo de la justicia. El marino promovió el recurso el pasado 29 de agosto ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, 10 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente. Reclamó la orden de captura y ejecución que haya librado un juez de control, así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Aunque también había reclamado actos de incomunicación, tortura (física y psicológica), golpes y/o malos tratos (inhumanos y degradantes), falta de atención médica, orden de detención ejecutándose, negativa de acceso a la carpeta de investigación, así como la negativa de acceso a su abogado para su adecuada defensa, el quejoso decidió no ratificarlas. Al respecto, el secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, le concedió la medida cautelar y le fijó el pago de una garantía de 49 mil pesos para que sería efectos dicha suspensión. "La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído". De acuerdo con los estrados judiciales el juzgado de amparo también concedió la suspensión provisional para que la FGR le dé acceso a la carpeta de investigación y a los datos de prueba que tiene en su contra para garantizarle una adecuada defensa. El martes, el juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y cinco civiles involucrados -13 de ellos detenidos y encarcelados- por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos. Además, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los 13 detenidos -ya que una mujer identificada como Perla Elizabeth, una verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas-, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que está embarazada, mientras dos mujeres más continuarán encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, y los hombres en el Cefereso número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El miércoles, la senadora Xóchitl Gálvez exigió que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aclare si el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba al tanto de la presunta red de contrabando de huachicol dentro de la Secretaría de Marina. “Es imposible pensar que el secretario de Marina no haya informado al titular del Ejecutivo sobre la denuncia que había hecho a la Fiscalía en torno al huachicol fiscal”, denunció la excandidata presidencial en un artículo. El reclamo de la panista surge tras revelarse que sobrinos del exsecretario de Marina son investigados por su presunta participación en el robo y contrabando de combustible, por lo que Gálvez lo calificó como “un negocio criminal” que habría operado al interior de la dependencia. “Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, son acusados de complicidad directa con el negocio criminal de contrabando de combustible”, recalcó. A estos señalamientos se suma la muerte violenta del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había denunciado estas irregularidades y fue asesinado un mes después de haberse reunido con Ojeda Durán. Además, recientemente un capitán se habría suicidado antes de ser investigado por supuestamente recibir sobornos para facilitar el tráfico de fentanilo. Por ello, Gálvez advirtió que los hechos revelan un caso alarmante del crimen organizado en instituciones clave de seguridad nacional.
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Primer acto público de la nueva Corte combinó otro ritual de purificación con denuncias por discriminación y amenazas a mujeres indígenas y afromexicanas MEMORANDUM 3.-
Los rituales a un no terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este miércoles en el primer acto público con su nueva integración, inaugurado con una ceremonia tradicional de purificación y dedicado, por primera vez, a las mujeres indígenas y afromexicanas. En el encuentro, ellas denunciaron las barreras que enfrentan para acceder a la justicia, la discriminación y hasta las amenazas de muerte por defender sus territorios y derechos. En el acto, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz les garantizó que el máximo tribunal “será una aliada firme de quienes históricamente han sido excluidas”. A la ceremonia denomina “Espacio de Diálogo de los Saberes: Las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en la Nueva SCJN”, celebrada en la zona de Murales, asistieron también las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Irving Espinosa Betanzo, pero los invitados centrales fueron mujeres de distintas comunidades del país y sus representantes. El acto, conmemorativo Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas, inició con un rito en el que María de los Ángeles Carrillo Silva, autoridad tradicional del pueblo Kumiai de San José de las Zorras (Baja California), puso de pie a los presentes, incluidos a los ministros, los instruyó a hacer un círculo y luego encendió el ramillete de hierbas secas y lo encendió para pasar el sahumerio sobre cada persona. Tras la ceremonia en la Corte se abrió un espacio de diálogo, en el que mujeres autoridades en distintas comunicados indígenas y afroamexicanas expusieron la problemática que enfrentan, desde discriminación y violencia de género, hasta despojo de tierras. Una de ellas, María de los Ángeles Carrillo Silva, denunció incluso amenazas de muerte por su defensa. “En esta ocasión vengo a ver si la Suprema Corte de Justicia me puede ayudar. Nosotros estamos teniendo mucho despojo de territorio ancestral, un 40 por ciento está invadido, pero es territorio que se puede comprobar que que por derecho le corresponde a la comunidad. Tenemos un amparo que es el 2/31, pero que allá en el en el municipio de Ensenada, que está en el Juzgado Octavo y nos están dando para atrás ese amparo. “Entonces, nosotros queremos ahorita es apoyo, ¿por qué? Porque yo ya estoy hasta teniendo amenazas de muerte por la defensa de mi territorio”, denunció. En tanto, Asela García, síndica municipal de San Agustín Loxicha, Oaxaca, informó que, por primera vez, a la sindicatura de su comunidad se le otorgó la facultad de emitir alertas de género, y que ya han emitido varias órdenes. “En cuanto a los retos, realmente ha sido muy complicado…hemos hecho el acompañamiento de las mujeres que sufren todo tipo de violencia”. Sin embargo, también denunció que cuando acuden a la justicia se han encontrado con barreras que las revictimizan. “Otro de los obstáculos es que no hay sensibilización por parte de los que imparten justicia. ¿Por qué lo digo? Lo digo de viva voz porque lo he vivido. Entonces, como síndica municipal y titular es una doble responsabilidad para mí”, comentó. María Juana Farías Ramírez, presidenta del Consejo Comunidad de la comunidad purépecha de San Felipe de los Herreros, del municipio de Charapan, Michoacán, expuso que ante la violencia que enfrentan las mujeres se topan con otra barrera por parte de la justicia. “El problema principal de acceder a la justicia en general para la mujer indígena son en mayor parte los procesos legales y la burocracia que deja de lado la protección real, pronta y eficaz de las mujeres indígenas con mayor vulnerabilidad”, señaló.
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