Hernán Bermúdez erigió su imperio delictivo desde 2019 a Marzo pasado en Tabasco, y eso lo sabía Adán Augusto MEMORANDUM 1.- No se haga bolas Presidenta Claudia Sheinbaum: En seis años, de 2019 a marzo pasado, Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, erigió su imperio delictivo en Tabasco, al mismo tiempo que fingía cumplir sus funciones de brindar seguridad a los tabasqueños, pero desde antes ya se había descompuesto. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), desde que fue designado secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, reclutó a miembros de la policía estatal y utilizó los registros de ex convictos para obligarlos a integrarse a la banda, y así realizar delitos como robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), “cobro de piso”, “levantones”, secuestros, distribución de narcóticos, extorsión y tráfico de migrantes. El Comandante H coordinaba sus “operaciones” en instalaciones de la SSPE y “designaba” a agentes policiacos y unidades oficiales para que en coordinación con los principales operadores de la banda se obligara a propietarios de gasolineras a comercializar los combustibles robados, señalan documentos elaborados por la Femdo. En los oficios que dieron origen a la causa penal 386/2025, y con ello a la orden de aprehensión federal que se libró el pasado miércoles a las 23:01 horas contra Bermúdez Requena y otros cómplices, se menciona el modus operandi del ex funcionario, quien además “delegaba el poder a los encargados de cada zona en los municipios o colonias de Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, El Paraíso”, entre otros. Entre los principales cómplices de El Abuelo se señala también a José del Carmen Castillo Ramírez, La Rana, ex comisionado de la policía estatal y posteriormente encargado de despacho de la SSPE cuando Bermúdez Requena huyó. Todo esto consta en los oficios con los cuales se giró la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, Daniel Hernández Montejo El Prada –identificado como el sucesor en el liderazgo de La Barredora–, Castillo Ramírez, Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Las constancias ministeriales señalan que El Comandante H “tenía el mapa de los delincuentes del estado porque la mayoría eran ex convictos”, mientras La Rana se encargaba de cobrar “por los insumos (narcótico) y el encargado de recolectar semanalmente el recurso económico de las zonas a su cargo, que era destinado a la organización delictiva y a Hernán Bermúdez Requena como parte de su pago”. La Barredora no fue la primera organización delictiva en la que habría participado Bermúdez Requena, ya que “al menos desde diciembre de 2018” formó parte del grupo que dirigía El pelón de playa y en la que “llevaba a cabo conductas delictivas como delitos contra la salud, acopio de armas, robo de hidrocarburo y secuestro”, se menciona en la acusación penal. Para la distribución de drogas en la entidad, El Abuelo o El Comandante H “designaba funciones y daba instrucciones específicas a Ulises Pinto Madera, Daniel Hernández Montejo y/o Yeison Daniel Hernández Montejo y (un testigo colaborador de la Femdo solamente identificado como) C.T.D.R. para que supervisaran los puntos de venta de los narcóticos (cocaína, mariguana y crystal), ya sea en paquetes (kilos) o dosis”. El ex jefe policiaco y quien desde la noche del jueves se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, recibía “millones de pesos que le entregaban en su domicilio en efectivo todos los lunes”. El dinero también “era obtenido del robo de combustible (huachicol), que ordenaba, y el cual se transportaba en pipas, las cuales eran custodiadas por camionetas de seguridad pública” y después obligaban a dueños de gasolineras a venderlo y entregar las ganancias a La Barredora. El grupo criminal, de acuerdo con los testimonios, “contaba con oficinas móviles (campers) ubicadas en avenida Prolongación 27 de Febrero número 21, colonia Club del Lago, Villahermosa, Tabasco, lugar en el que también se llegaba a mantener a personas privadas de la libertad”. Las actividades de acopio de armas por parte de Bermúdez Requena, según refieren las declaraciones tomadas por el Ministerio Público Federal a los testigos colaboradores que eran parte de La Barredora y que para disminuir sus condenas han aportado información, “las realizó principalmente cuando ocupaba el cargo público como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y posteriormente como titular de la SSPE”.
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Manuel Huerta quiere que se apruebe fast track Ley de Amparo, para que pague Salinas Pliego; los mueve la venganza MEMORANDUM 2.- La propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum provocó tensiones y divisiones al interior de Morena en el Senado, debido al choque entre los senadores Adán Augusto López y Javier Corral Jurado sobre cómo debe llevarse a cabo su discusión. Al respecto, el senador Manuel Huerta sostuvo que la propuesta busca equilibrar la defensa de los derechos individuales con el interés colectivo, y no debilitar un recurso que, dijo, seguirá siendo una garantía fundamental frente a los abusos de autoridad. Durante un encuentro con integrantes del Colegio de Abogados de Veracruz, el legislador explicó que hoy gran parte de los asuntos que revisa la Suprema Corte están relacionados con temas fiscales y administrativos, lo que en la práctica ha permitido a grandes empresarios prolongar litigios para evadir responsabilidades. Expresó: “El caso más famoso es el de Salinas Pliego, debe más de 70 mil millones y ahora sí va a tener que pagar, porque con estas reformas y una acción legal de la Corte, tiene que pagar”. Huerta destacó que los cambios planteados también contemplan impulsar la justicia digital con procedimientos más ágiles y transparentes, así como blindar el juicio de amparo contra suspensiones que favorezcan a élites en el terreno fiscal y financiero. El senador recordó que la figura del amparo ha sido objeto de más de diez modificaciones constitucionales en las últimas décadas, sin perder su esencia de escudo ciudadano. Afirmó que con esta nueva iniciativa se reforzará su vigencia, ahora alineada con una visión de justicia que, dijo, debe dejar atrás los privilegios. violentando los derechos de los ciudadanos, el amparo no se necesitaría; qué bueno que existe, porque es la garantía para cualquier cosa que pudiera ocurrir”, recalcó. El jueves, el coordinador de Morena en el Senado dejó claro que la bancada no contempla la realización de un parlamento abierto e indicó que lo primero será discutir la iniciativa en comisiones y después en el Pleno. Mientras que Javier Corral, propuso que la reforma a la Ley de Amparo sea discutida con especialistas y abierta a la participación de la sociedad civil. Cabe mencionar que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar de fondo la Ley de Amparo, una herramienta legal clave para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad. La propuesta plantea endurecer requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones civiles. Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de “interés legítimo”, que ahora deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas, es decir ya no bastará con demostrar que una norma afecta a la colectividad; el quejoso deberá probar que su caso es particular y directo.
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Pese a otros datos, personas víctimas de delito e incidencia delictiva registraron graves incrementos en México en 2024 en comparación con 2023 MEMORANDUM 3.- Tanto el número de personas víctimas de algún delito como la incidencia delictiva registraron incrementos en la República mexicana en 2024 en comparación con 2023. Las cifras oficiales estimaron que, durante el año pasado, se cometieron 33.5 millones de crímenes ocurridos en 2024, con una tasa de 34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra 5 por ciento superior que los 33 mil 267 por cada 100 mil habitantes que se reportaron a lo largo de 2023. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las entidades con mayor prevalencia delictiva fueron Estado de México (34 mil 851 víctimas por cada 100 mil habitantes), Ciudad de México (30 mil 804) y Tlaxcala (30 mil 498). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Chiapas, Tamaulipas y Michoacán, mientras que los delitos más frecuentes fueron el fraude (7 mil 574 por cada 100 mil habitantes), el robo o asalto en calle o transporte público (6 mil 003) y la extorsión (5 mil 971). La encuesta detalla que las mujeres fueron las más afectadas en delitos sexuales, con ocho casos por cada uno cometido contra hombres. Además, la encuesta mostró que 23.1 millones de personas de 18 años de edad y más fueron víctimas de algún delito, lo que equivale a 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifra 3.5% superior a los 23,323 por cada 100,000 víctimas reportadas en 2023. En general se estimó un total de 21.9 millones personas que sufrieron algún crimen en todo el país. Las entidades con mayor tasa en este apartado fueron Estado de México (34,851 víctimas por cada 100,000 habitantes), Ciudad de México (30,804) y Tlaxcala (30,498), mientras que las tasas más bajas se registraron en Chiapas (15,576), Tamaulipas (16,537) y Michoacán (16,572). Según explicó el Inegi, la tasa de incidencia delictiva, en 2024, aumentó en 11 entidades, se mantuvo sin cambios en 17 y disminuyó en cuatro, de acuerdo con las pruebas de hipótesis. Sin embargo, en términos nominales, el número de entidades que registraron aumentos fue de 18 y las que mostraron disminución fueron 14. Se explicó que esta diferencia se debe a que, según las pruebas estadísticas, no en todos los casos las variaciones fueron significativas, por lo que se consideraron “sin cambio” en 17 estados. Los márgenes de error en esta medición promedian 11% a nivel estatal, con un máximo de 15% en dos casos y un mínimo de 8 por ciento. Por su parte, en la tasa de víctimas de delito, se precisó que en siete entidades disminuyó, en otras siete aumentó y en 18 se mantuvo sin cambios estadísticamente significativos frente a 2023. No obstante, de forma nominal, 17 entidades mostraron incrementos en su tasa de víctimas y 15 disminuciones. El organismo recordó que el margen de error de esta estimación es de 7% en promedio, con casos que van de un mínimo de 4% a un máximo de 10 por ciento. También, se reportó que el costo total del delito y la inseguridad en los hogares mexicanos se estimó en 269 mil 600 millones de pesos durante 2024, lo que representa 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, cada persona afectada perdió 6 mil 226 pesos. De este monto total, 62% correspondió a pérdidas por victimización (177 mil 800 millones de pesos), mientras que 34 % se destinó a medidas preventivas tomadas por los hogares (91.8 mil millones) y 4 % a daños en la salud (10.7 mil millones). Se detalló que, entre las medidas preventivas más comunes se destacó: cambio de cerraduras o candados (22.8 %), cambio de puertas o ventanas (18.8 %), colocación de rejas o bardas (12.6 %) y acciones conjuntas con vecinos (11.2 %). Menos frecuente fue la adquisición de perros guardianes (3.5 %). Mientras que, las víctimas de robo total de vehículo perdieron, en promedio, 32,439 pesos, mientras que las de fraude registraron pérdidas de 7,039 pesos. Otros delitos como robo o asalto en calle o transporte público, robo en casa habitación, extorsión y amenazas también generaron pérdidas significativas, que van de 2,208 a 6,479 pesos por víctima, según el tipo de delito. La ENVIPE 2025 dio a conocer que aumentó la cifra de delitos no se denuncia. De los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024, 93.2% no se denunciaron; para el 2023 la cifra fue de 92.9 por ciento. De las denuncias presentadas, 70.5 % iniciaron carpeta de investigación, pero en 39.2 % de los casos no se resolvió nada, y 40.7 % continuaba en trámite.
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