MEMORANDUM 1.- De acuerdo con el gobernador de Puebla, Armando Armenta Mier, para mejorar la coordinación interinstitucional y la efectividad en la persecución de delitos, se han formalizado convenios de colaboración con Veracruz y los otros seis estados que colindan con esa entidad, para compartir información entre las fiscalías, los órganos judiciales locales y los cuerpos de seguridad. A su vez, al participar en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy se realizó desde la Escuela Militar de Sargentos (EMS), en Puebla, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que Puebla y Veracruz han firmado varios convenios de colaboración recientes, principalmente en seguridad (coordinación regional para paz y justicia), educación (alfabetización y apoyo a escuelas) e innovación y desarrollo, buscando fortalecer lazos fronterizos, optimizar recursos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, abarcando desde temas de salud hasta infraestructura, con énfasis en la coordinación intergubernamental y apoyo federal como el programa “La Escuela es Nuestra”. El funcionario federal refirió que el trabajo coordinado en Puebla ha permitido una disminución de la violencia de 41 por ciento de septiembre de 2024 contra diciembre de 2025. En el combate a la extorsión se ha logrado un descenso de 16.7 por ciento y se han abierto 19 mil 119 carpetas de investigación, aseguró el funcionario federal. Además, agregó que han sido detenidas nueve personas por este delito, de las cuales siete son objetivos prioritarios, y se han habilitado 49 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito en su modalidad virtual. Señaló que estas acciones han permitido el descenso de 16.7 por ciento en el delito de extorsión en esta entidad. García Harfuch dijo que en Puebla se han obtenido resultados relevantes del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026: fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 435 armas de fuego, 346 kilos de droga y se ha destruido un laboratorio para la producción de drogas sintéticas. Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó sobre las acciones para la conservación de la red federal de carreteras libres de peaje y del Mega Bachetón, con una inversión de mil 228 millones de pesos para los corredores Puebla–Veracruz, Corredor Transístmico y Corredor del Golfo. En su intervención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que se han realizado en Puebla 218 Consejos de Paz y Justicia, 144 Jornadas por la Paz, jornadas de reforestación, elaboración de murales y talleres contra las adicciones, entre otras actividades que forman parte del primer eje de atención a las causas del Gabinete de Seguridad. En tanto, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, informó que en 19 municipios se harán obras de reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, así como obras de protección contra inundaciones, entre otras. Se prevé que concluyan en mayo de 2027. A su vez, el gobernador de Puebla señaló que en el estado, en apoyo a la seguridad, se han instalado también 13 torres de videovigilancia, nueve drones, siete antidrones y un sistema de videovigilancia en la autopista. “Vamos a instalar 218 cámaras de videovigilancia, así como la adquisición de prácticamente 300 nuevas patrullas con videocámara y con sistema satelital. Esto nos lleva a una inversión histórica de mil 240 millones de pesos”. El mandatario estatal destacó que Puebla pasó del séptimo al duodécimo lugar nacional en el registro de feminicidios durante el primer año de su administración. Explicó que este resultado responde a una petición expresada por el Ejecutivo federal para reforzar las acciones en materia de seguridad de género. En el marco de la estrategia estatal, se ha avanzado en la instalación de seis centros estratégicos de seguridad, de un total de quince que se prevé implementar en Puebla. Esta medida busca fortalecer la presencia institucional y la capacidad de respuesta en distintas regiones de la entidad. Así las cosas.

22 de Enero de 2026 / 21:01:27

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MEMORANDUM 2.- Aunque sea para mal, Veracruz está de moda. Y es que, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Carlos Castro, perpetrado el pasado 8 de enero, en Poza Rica, y llamó a las autoridades a realizar una investigación “coordinada, diligente y exhaustiva”, así como a identificar y sancionar a los responsables, al igual que otorgar medidas de protección a los familiares y colegas de la víctima. A través de un comunicado, el organismo refirió que según los reportes públicos, sujetos desconocidos ingresaron al local comercial donde se encontraba Castro y le dispararon directamente, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Refirió que el gobierno de México expresó a la RELE “su más profundo pesar por los asesinatos de profesionales de la comunicación y reiteró su compromiso con la libertad de expresión y con la investigación exhaustiva de los hechos conforme a la ley”. La relatoría especial refirió que se informó que existen diversas líneas de investigación que aún se encuentran en curso y sujetas al debido proceso. De igual forma, señaló que organizaciones de la sociedad civil indicaron que Castro era reportero de la fuente policíaca y director del medio digital Código Norte Veracruz, especializado en temas de seguridad. En 2024 habría sido víctima de amenazas e intimidaciones, por lo que recibió medidas de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de abril a octubre de ese año y se desplazó de Poza Rica, municipio al que regresó en el último trimestre de 2025. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en octubre de 2024 concluyeron las medidas de protección y no hubo reportes nuevos por parte del periodista. La RELE destacó que de conformidad con la Declaración de Principios de sobre Libertad de Expresión, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, señaló. Concluyó que corresponde a las autoridades esclarecer de manera efectiva las motivaciones del crimen, con pleno respeto al debido proceso y a los principios de independencia judicial. Así las cosas.

22 de Enero de 2026 / 20:50:39

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MEMORANDUM 3.- Durante su más reciente marcha realizada en San Andrés Tuxtla para exigir el reconocimiento a sus derechos, autonomía y respeto a la soberanía nacional, integrantes del Movimiento Indígena Territorial Originario (MITO), originarios del sur del estado, denunciaron una serie de ataques violentos, que incluyen la quema de viviendas y agresiones con armas de fuego, en contra de familias de origen Zoque Popoluca en la congregación de Corral Nuevo, municipio de Acayucan. Los ataques, que se han intensificado desde diciembre de 2025 afectan directamente a las comunidades de Manantial La Sabana, El Zapote, La Sabana Morenita y Laguna de Cabezo. De acuerdo con los afectados, grupos de civiles armados, presuntamente respaldados por fuerzas policiales, han irrumpido en los asentamientos para desalojar a los pobladores mediante la violencia y el fuego. La organización MITO ha señalado directamente a los integrantes de la familia Mantecón – acusando a Jaime, Lourdes y Ramón Mantecón Rojo – como los autores intelectuales de estas agresiones. Los pobladores denunciaron que esta familia busca apoderarse de tierras estratégicas mediante el tráfico de influencias, utilizando el aparato judicial y policial del estado para ejecutar "acosos jurídicos" y detenciones arbitrarias. Señalaron que luego de los atentados del pasado mes de diciembre, son más de 20 menores de edad que duermen a la intemperie bajo las inclemencias de los recientes frentes fríos, sin techo, sin calma, con temor a seguir siendo víctimas junto con todas las familias zoques popolucas, que han sido amedrentadas con violencia y desplazadas de sus tierras por una familia de modernos terratenientes. "No solo nos queman las casas, nos persiguen con patrullas como si fuéramos criminales por defender el lugar donde hemos vivido siempre", aseguró una de las afectadas, del movimiento que solicitó el anonimato por temor a represalias. Señalaron que el trasfondo de esta violencia parece estar vinculado al desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La ubicación de estas comunidades en el municipio de Acayucan las coloca en una zona de alta plusvalía para proyectos industriales y logísticos, lo que ha despertado el interés de grupos económicos por "limpiar" el territorio de asentamientos indígenas. No es secreto que el activismo del Movimiento Indígena Territorial Originario ha tendido a frenar atropellos contra los pueblos originarios durante el avance de este megaproyecto que deja al margen a las comunidades indígenas y va favoreciendo a potentados tal como lo vienen denunciando. Por lo anterior, otro de sus reclamos es el respeto al Plan de Justicia presentado y ya aprobado por el Gobierno Federal. Ante la presunta colusión de las autoridades locales y estatales con los intereses de la familia Mantecón, el movimiento MITO ha hecho un llamado urgente al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se detenga el hostigamiento policial en contra de los comuneros, exigiendo que se investigue la quema de las viviendas como un acto criminal y de desplazamiento forzado, y que se garantice la seguridad de las familias Zoque Popoluca que temen por su vida tras los recientes ataques armados. Mientras tanto, reclamaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial sobre la participación de sus elementos en estos operativos, mientras que el clima de tensión en Corral Nuevo sigue en aumento. De este modo, lo que inició como una disputa legal por la tenencia de la tierra se ha convertido en una crisis humanitaria en el sur de Veracruz. Así las cosas.

22 de Enero de 2026 / 20:40:33

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