MEMORANDUM 1.- Desde elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados– hasta el presente año, los distintos partidos políticos nacionales han recibido por financiamiento público un monto de 75 mil 337 millones 392 mil pesos; por ello algunos ahora se niegan a soltar ese presupuesto. De cara la iniciativa de reforma electoral que se prevé que sea presentada este martes, una de las peticiones que más se discutieron en los foros organizados por la Comisión Presidencial para la reforma fue la reducción del financiamiento a partidos. Aunque la mayoría de los dirigentes partidarios han expresado su respaldo para una disminución de las prerrogativas, no presentaron alguna propuesta en concreto con ese objetivo. Los recursos públicos que se les destina varían cada año, dependiendo de si hay comicios, o si se trata de un año electoral para elegir únicamente diputaciones federales o de votaciones presidenciales, pero con una tendencia siempre en incremento. En 2015, las fuerzas políticas se repartieron un monto por 5 mil 356.7 millones de pesos, incluidos mil 172.8 para campañas electorales. En 2016, cuando no hubo elecciones federales, bajó a 4 mil 31.1 millones, pero para las presidenciales de 2018 subió a 6 mil 788.9, de los que 2 mil 148.1 fueron etiquetados para las campañas. En las elecciones intermedias de 2021, el presupuesto fue de 7 mil 226 millones, con mil 575.2 para campañas. En las presidenciales de 2024 se registró el mayor presupuesto público para los partidos: 10 mil 444.1 millones, que incluyeron 3 mil 304.8 mdp para campañas. Para 2026, sin estar programadas elecciones, los partidos cuentan con 7 mil 737.2 millones de pesos a dividirse entre los seis partidos, aunque el monto deberá ajustarse en caso de avalarse el registro de nuevos.

24 de Febrero de 2026 / 16:30:53

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MEMORANDUM 2.- Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el país ha tenido al menos 21 reformas electorales, de las que ocho son catalogadas como de amplio alcance. Prácticamente después de cada elección presidencial a partir de 1988 hay una modificación en esta materia. Algunas han ocasionado incertidumbre y desconfianza. Se han ajustado desde la cantidad de integrantes del Congreso de la Unión y las fórmulas para asignar los espacios hasta la edad para votar, así como la autoridad encargada de los comicios, los requisitos para mantenerse como partido, la fiscalización y comunicación política de campañas electorales. Los objetivos de los cambios incluso se contraponen entre cada reforma, como se muestra en un recuento de las mismas elaborado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, en 1963 se avaló un umbral mínimo de 2.5 por ciento de la votación para obtener “al menos cinco diputados de lista”, pero en 1977 se bajó a 1.5; después se volvió al subir a 2 por ciento en 1996 y finalmente a tres en 2014. A la par, las diputaciones plurinominales pasaron de 100 curules en 1977 a 200 en 1988. Las primeras reformas electora-les fueron de 1946, 1951, 1963 y 1969, para después llegar ajustes de mayor alcance en 1977, 1986, 1990, 1993,1994, 1996, 2002, 2005 y 2014, esta última transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE). Otro cambio fue la apertura para la relección de legisladores y presidentes municipales. Ese fue “uno de los mayores puntos de discusión que definen los claroscuros de la reforma político-electoral”, expone el investigador Ángel López en un ensayo publicado por el instituto electoral de Nuevo León. Subraya que las elecciones en esos cargos “dependen de la cúpula partidista antes que el voto de la ciudadanía, además de que, en el caso de los legisladores, se deja abierta la posibilidad del trampolín político”. En tanto, en el libro Derecho electoral mexicano a través de sus reformas, elaborado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se señala que la mayoría de los cambios electorales han estado vinculados a un contexto social de protestas, crisis económicas o denuncias de inequidad electoral, y “uno de los denominadores comunes ha sido la falta de confianza hacia el funcionamiento de las autoridades electorales”. Las propuestas conocidas como plan A y plan B del sexenio pasado responden a un reclamo por “procesos y autoridades electorales menos onerosos”, entre otras demandas.

24 de Febrero de 2026 / 16:15:44

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MEMORANDUM 3.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmó un convenio de colaboración con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que abre la oportunidad de integrar a los agremiados de la organización y sus familias al padrón de beneficiarios del programa de Abasto Social de Leche para el Bienestar. La CROC cuenta con 2.5 millones de agremiados, que junto con sus familias, distribuidos en las 32 entidades, quienes de cumplir con los requisitos podrán acceder a los beneficios de Abasto Social Leche para el Bienestar, al igual que sus familiares. El subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, detalla que el Abasto Social de Leche para el Bienestar atiende hoy a más de 7 millones de personas y se prevé llegar a 10 millones en 2030. “Estamos a punto de cerrar nuestra presencia como Leche para el Bienestar en todos los municipios del país; siempre vamos pensando en cómo consolidar este paso”. El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Gerardo, expuso que el programa de Abasto Social de Leche es el más antiguo, con 81 años, y tiene presencia en toda la República con un precio preferencial de acuerdo con las distintas regiones: 4.50 pesos el litro en 552 municipios de 18 entidades; de 6.50 pesos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y 7.50 pesos para el resto del país. La leche distribuida está fortificada y aporta los nutrientes necesarios —proteínas, vitaminas (A, B2, B12, C y D) y minerales (calcio, hierro y zinc) y ácido fólico— en un solo vaso, lo que necesita una persona para su desarrollo y bienestar.

24 de Febrero de 2026 / 15:59:18

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