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Marco Rubio llama al canciller Roberto Velasco para felicitarlo, le insta a estrechar la cooperación; seguridad y migración son temas prioritarios para Trump
MEMORANDUM 1.- El nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo su primera llamada telefónica de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Dialogaron sobre todo de seguridad y migración. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que los altos funcionarios “reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas”. Velasco Álvarez, ratificado al cargo el miércoles por el Senado de la República, enfrenta el reto de mantener una buena relación con Washington en un momento complejo en la geopolítica global —ante las tensiones en Medio Oriente—, y el ante los constantes amagos que ha venido realizado el presidente estadunidense, Donald Trump, de incursiones de su ejército en México contra los cárteles de las drogas. La cancillería considera que la llamada entre Velasco y Rubio fue “productiva y cordial”. En esta abordaron “temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos, y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región”. Velasco agradeció las felicitaciones de Rubio tras su ratificación en el cargo
Secretaría del Trabajo rechaza conclusiones de panel del T-MEC sobre mina en Zacatecas; contradice que crimen organizado tenga injerencia; ignora pruebas
MEMORANDUM 2.- El secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, advirtió que los paneles del Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sólo deben abordar temas sobre la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica, por lo que reiteró su desacuerdo con las conclusiones de un panel sobre violencia e injerencia patronal en una mina de Zacatecas propiedad de una compañía canadiense. Hay un planteamiento que se realizó que no estamos de acuerdo porque solo estas dos materias son las que se deben abordar en el panel o en el tratado "y aquí están planteando temas que no son laborales propiamente" sostuvo. El funcionario federal se refirió a la resolución preliminar del tercer panel que se realiza en el marco del T-MEC, donde se determinó que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata Camino Rojo, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, “mantuvo silencio y mostró tolerancia” al uso del crimen organizado para amedrentar a trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, además de la inacción sobre las denuncias de violaciones a la libertad sindical. La intimidación provino de un contratista y de personal de la empresa, señaló el panel de expertos, para violar derechos laborales y provocar la deserción por lo que consideró la injerencia patronal en actividades sindicales. El pasado jueves trascendió que el panel corroboró “que la mina contrató a un narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa”, según un comentario adjudicado al Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Niega DGIRA autorización para la construcción de una planta de residuos peligrosos en Ixhuatlán del Sureste
MEMORANDUM 3.- Luego de concluir que el proyecto presenta riesgos ambientales, deficiencias técnicas y violaciones a la normativa ecológica, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negó la autorización para la construcción de una planta de residuos peligrosos en Ixhuatlán del Sureste. El proyecto, denominado “Centro de Recepción, Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Peligrosos”, fue considerado ambientalmente inviable, tras el análisis de diversos factores técnicos, ecológicos y sociales. La autoridad ambiental determinó que la información presentada por el promovente fue insuficiente y carecía de rigor científico. “La información presentada fue considerada técnicamente deficiente, particularmente en la delimitación del sistema ambiental y en la caracterización de la flora y fauna del sitio”. Además, se señaló que el estudio no incluyó evaluaciones completas sobre la diversidad de especies ni escenarios de riesgo, lo que limita la confiabilidad del proyecto. “No se evaluaron adecuadamente los impactos ambientales ni se presentaron escenarios en caso de accidentes o fallas operativas”. También se advirtió que el promovente minimizó los efectos del proyecto sin sustento técnico. “Se consideraron impactos como ‘no significativos’ sin respaldo científico suficiente, lo que impide valorar correctamente su viabilidad”. Uno de los elementos más relevantes fue la ubicación del predio en una zona vulnerable: “El sitio se ubica en una zona de muy alto riesgo de inundación, lo que incrementa la posibilidad de dispersión de residuos peligrosos”, señala el documento. La DGIRA concluyó que las medidas planteadas no garantizan la seguridad ambiental. “Las acciones propuestas por el promovente no son suficientes para prevenir la contaminación del suelo y los mantos freáticos”. Incluso, se advirtió que la infraestructura proyectada podría agravar el problema. “Las barreras perimetrales planteadas resultan inadecuadas en un entorno hidrológico como el del predio, pudiendo generar acumulaciones de agua no previstas”. El proyecto también fue rechazado por su impacto directo en ecosistemas sensibles: “El predio se traslapa con un humedal, donde la remoción de vegetación está prohibida por criterios ecológicos vigentes”. Además, se identificó la presencia de especies bajo protección: “En el área se detectaron especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, incluyendo aves, reptiles, anfibios y mamíferos”. La DGIRA subrayó que no se consideraron aspectos clave para su conservación. “No se tomaron en cuenta los hábitos biológicos, ciclos reproductivos ni rutas migratorias de las especies, lo que representa un riesgo significativo”. Otro de los factores determinantes fue la incompatibilidad del proyecto con el ordenamiento territorial. “El proyecto contraviene los programas de ordenamiento ecológico, al pretender instalarse en una zona donde el uso industrial no es permitido”. A esto se suma la postura del gobierno local: “El Cabildo de Ixhuatlán del Sureste manifestó su oposición rotunda, derivada de preocupaciones por contaminación previa y falta de permisos”. También se destacaron antecedentes en el predio donde “existen señalamientos sobre posibles actividades irregulares y operación sin permisos vigentes, lo que genera desconfianza en la viabilidad del proyecto”. Con base en estos elementos, la DGIRA concluyó que el proyecto no cumple con los criterios ambientales, técnicos ni legales, por lo que se negó la autorización de impacto ambiental.

 

D.F

 

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