Samuel Aguirre Ochoa
El Paquete Económico está integrado por cuatro documentos elaborados anualmente por el Poder Ejecutivo para que sean discutidos y aprobados por el Poder Legislativo. Dichos instrumentos legales son: 1) Criterios Generales de Política Económica, 2) La iniciativa de Ley de Ingresos, 3) el Presupuesto de Egresos de la Federación y 4) la miscelánea fiscal.
El primero, los Criterios Generales de Política Económica, contiene la evolución reciente de la economía mexicana, su contexto y comportamiento futuro probable; información que da la pauta para establecer el cálculo de los ingresos públicos, entre los cuales destacan: el crecimiento económico, la inflación, el déficit, el tipo de cambio, la tasa de interés y el precio del barril de petróleo.
El segundo, la Ley de Ingresos, es un documento legal que establece las fuentes y montos de ingresos que el gobierno federal espera recaudar durante un ejercicio fiscal para financiar el gasto público. Este documento es crucial porque define los impuestos, derechos, contribuciones y otros conceptos que la hacienda pública puede cobrar a los ciudadanos y empresas.
El tercero, el gasto público, es uno de los instrumentos más importantes del Estado, para dotar de bienes y servicios públicos a la población del país, tales como educación, salud, desarrollo científico y cultural, así como la creación de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del país, y un instrumento para corregir desequilibrios económicos y las desigualdades sociales.
Y, cuarto, la miscelánea fiscal, que es un documento técnico-jurídico que compila todas las reglas generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Por qué es importante que conozcamos el Paquete Económico? La respuesta es porque ahí van a parar nuestros impuestos y se decide la forma en que se van a gastar, es decir, nos permite entender qué hace el gobierno con nuestro dinero, si lo invierte o no, si lo gasta correctamente o se lo gasta en rubros que no van a impulsar el desarrollo de nuestra nación y, por tanto, no corregirán los desequilibrios sociales.
Conocer esto, más los derechos establecidos en los artículos octavo y noveno de la Constitución que garantizan los derechos de petición, organización y libre manifestación, debe impulsarnos a vigilar que el gobierno haga un uso correcto de nuestros impuestos. Esta tarea, conforme a la ley, les corresponde a los diputados federales, pero generalmente, éstos aprueban ciegamente lo que les manda el presidente de la República en turno y no defienden a sus representados.
El Paquete Económico del 2026 fue entregado por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre pasado al Congreso de la Unión y fue hasta este martes 4 de noviembre que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Las cantidades de dinero aprobadas por el Congreso para 2026 son las siguientes: el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 asciende a 10.2 billones de pesos, el cual se cubrirá de la siguiente manera, 8.7 billones de pesos provendrán de ingresos presupuestarios y 1.7 billones de pesos se financiarán con deuda.
¿De dónde provienen los 8,7 billones de ingresos presupuestarios? Fundamentalmente de tres conceptos: 5.8 billones serán del cobro de los distintos impuestos que pagamos los mexicanos, 1.1 billones de los ingresos petroleros y 1.2 billones del cobro de derechos por los servicios que presta el Estado a las personas físicas y morales, así como a dependencias públicas.
Los problemas y contradicciones fundamentales que observan los analistas en el Presupuesto de Egresos del segundo año de la presidenta Claudia Sheinbaum son los siguientes:
El primero es el incremento de la deuda del sector público, que pasó de 10.8 billones en el 2018 a 18.8 billones de pesos para el 2025, a pesar de que el gobierno de Morena dijo que no endeudaría el país. Lo catastrófico de este hecho, es que implica destinar una enorme cantidad de dinero de los mexicanos al pago del servicio de la deuda, las aportaciones al capital y a los intereses, pues desde el 2018 hasta el 2025 esta cantidad se incrementó de 618 mil millones de pesos anuales a 1.5 billones de pesos que se pagarán en el 2026.
El costo de la deuda es alarmante, señaló la calificadora internacional HR Ratings, pues solo lo que se pagará en intereses en el 2026 es una cantidad mayor de dinero que la suma de lo que el gobierno gastará en educación, salud e infraestructura.
El segundo problema es el dinero que la presidenta Sheinbaum destinó al rescate de Pemex que asciende a más de 500 mil millones de pesos, la empresa más endeudada del mundo y que en los últimos años ha tenido pérdidas millonarias por la corrupción y el huachicol fiscal, en el que se han visto involucrados diversos funcionarios del gobierno de la 4T, que han saqueado a esta empresa, delitos que hasta el momento se encuentran impunes y los corruptos gozando del dinero robado. Es muy mala política destinar dinero de nuestros impuestos para que se lo sigan robando.
Algunos analistas señalan que el PEF 2026 presenta una grave contradicción, debido a que la Federación destinará a los programas sociales 974 mil millones de pesos, casi un billón de pesos, a pesar de que la economía de México se desplomó en el tercer trimestre de 2025, retrocediendo en 0.3% del PIB entre julio y septiembre, en relación al trimestre previo, como consecuencia del desempeño negativo de las actividades industriales, que cayeron 1.5%, pues es el sector que se ha visto más afectado por los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así pues, al no crecer la economía no se generan nuevos empleos ni mayor riqueza, por lo que dichos programas del Bienestar se financian con deuda pública.
De seguir endeudando al país como lo viene haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguirá creciendo el pago del servicio de la deuda, al punto en que llegará el momento en que se tengan que hacer una mayor cantidad de recortes a los servicios como salud, educación, infraestructura urbana, seguridad pública, eliminando apoyos al campo y llegará el momento en que no habrá dinero suficiente ni para lograr cubrir los mismos programas sociales que hasta el momento son la prioridad del gobierno morenista y, por tanto, también sufrirán recortes presupuestales, que los beneficiarios no van a soportar y brincaran inconformes.
Según el ingeniero Omar Carreón Abud, en su artículo del 4 de noviembre, “nunca, nadie en ninguna parte ha dado a conocer alguna evaluación seria del impacto positivo de las 'ayudas para el bienestar'. La verdadera ayuda para el bienestar es un misterio. Eso sí, se tienen muy bien registrados y domiciliados a todos los que tienen obligatoriamente que inscribirse y dar sus datos personales para obtener las 'ayudas' y, llegados los momentos críticos de las elecciones, los llamados 'servidores de la nación' se hacen presentes para obligar y garantizar el voto para los candidatos del Partido Morena”.
El análisis del Paquete Económico 2026 nos muestra que el país no va bien, que México se hunde cada vez más en una serie de problemas que están rebasando al gobierno, como lo es la inseguridad, problema que está generando una gran inconformidad y protestas violentas espontáneas como sucedió en el estado de Michoacán a raíz de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El prestigioso analista Raymundo Riva Palacio en su columna de El Financiero del día de ayer, calificó la situación del país de la siguiente manera: “la violencia no surge de la nada. Es hija de la impotencia. Nace cuando la palabra ya no sirve, cuando las instituciones fallan, cuando la justicia no llega y cuando la autoridad no escucha. México vive atrapado en esa espiral.” |
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