NO LE faltaba razón al Parlamento Europeo cuando, en Marzo de este año, pidió al Gobierno mexicano que garantizara la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos, en una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Aquel jueves 10, la Cámara Europea destacó que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”, y en ese tenor enumeró a los comunicadores asesinados, siete hasta ese entonces, aunque de ese tiempo a la fecha el incremento ha sido más que preocupante sin que las autoridades hagan nada, por el contrario, pese a la ejecución de periodistas, defensores de derechos, sacerdotes, mujeres y niños, por solo mencionar algunos sectores, se sigue insistiendo en la fallida estrategia de “abrazos no balazos”, algo que solo beneficia a los recorridos de AMLO a lo largo y ancho del País sin mayores preocupaciones, pero perjudica severamente al pueblo por la pérdidas de padres, madres, hijos, hermanos, ministros de cultos religiosos y hasta reporteros. Los eurodiputados dejaron en claro aquella ocasión que la situación en México se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de Julio de 2018, cuando según fuentes oficiales, al menos 47 periodistas habian sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto del PE, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.
PUES BIEN, la mañana de este miércoles se suscitó una nueva agresión contra un comunicador. Se trataría del doceavo crimen en contra del periodista Antonio de la Cruz, reportero del Expreso de Tamaulipas, quien fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en la calle Puerta de la Luna, del fraccionamiento Puerta de Tamatán en Ciudad Victoria, resultando muerta, también, durante la agresión la hija del comunicador de nombre Cynthia, mientras que la esposa de Antonio de la Cruz se reporta como grave. Ha sido grupo editorial Expreso-La Razón quien informó del homicidio y exigió “a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia”. De la Cruz, fue reportero en varios medios de la capital tamaulipeca y se desarrolló por más de tres lustros en el periódico Expreso, y con su alevoso crimen se convierte en el doceavo comunicador ultimado en lo que va del año. El ahora occiso cubría temas de nota roja, agropecuarios y de medio ambiente, y mantenía una crítica firme al gobierno en su cuenta de Twitter. El diputado del Partido Movimiento Ciudadano y ex panista Enrique Cárdenas, se apresuró a hacer un señalamiento, desde el congreso local, contra la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. “Ésta es una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del estado”, mientras que por su parte, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca envió un mensaje de solidaridad y condenó el homicidio del periodista. “Mis condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista @tonypresss. Desde el @gobtam condenamos enérgicamente su asesinato, he solicitado al titular de la @FGJ_Tam el compromiso de esclarecer los hechos y que este cobarde crimen no quede impune”.
Y AUNQUE el Gobierno Federal en un afán de encubrirse afirma que son 7 los periodistas asesinados –como si 4 o 10 redujera culpas-, en realidad son 12 crímenes con el perpetrado este miércoles en Tamaulipas. Se trata de:
José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán; Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo; Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olivera, en Cosoleacaque, Veracruz, el 9 de mayo, y ahora Antonio de la Cruz, su hijita Cynthia y lesionada gravemente su esposa, en un ataque cobarde y con toda la saña del mundo.
LO DIJO en su momento el Parlamento Europeo cuando expresó que “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”, y alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. En ese contexto, los eurodiputados advierten que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”, por lo que pidió a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos. A ese respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país. Aquella Cámara también apuntó la existencia de “claros indicios” de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Y ES que el Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá argumentar lo que le venga en gana, incluso “campañas negras” de sus adversarios los conservadores y seguir engañando a la población que compra con migajas, pero lo cierto es que delitos de alto impacto como el homicidio doloso, extorsión, lesiones dolosas, el robo en general y la violación, se han incrementado en lo que va de la administración Federal en comparación con datos del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que los asesinatos duplican ya las cifras del periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Y no se trata de inventos; basta que el mandatario nacional revise los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre diciembre de 2018, fecha del inicio de gobierno de López Obrador, y mayo de este año, para que se percate que a nivel nacional se contabilizan 99 mil 784 carpetas de investigación por homicidios dolosos (a Mayo sin contar el mes de Junio), lo cual representa un 66.4 por ciento más que los 59 mil 938 casos registrados en el mismo periodo, pero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (diciembre del 2012 a mayo del 2016), mientras que al comparar las cifras de asesinatos con el mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006 a mayo de 2010), el porcentaje se eleva en un 105.4 por ciento, pues en dicha administración, para entonces se contabilizan 48 mil 580 carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo. Y un caso similar se da en extorsiones, feminicidios, desapariciones forzadas y masacres, mientras AMLO defiende su fallida política de abrazos no balazos, sabedor de que a él lo protegen las fuerzas armadas y, hasta un pacto no escrito de no agresión con la delincuencia. Asi de fácil. OPINA carjesus30@hotmail.com
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