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CONCEPCIÓN FLORES SAVIAGA
Concepción Flores Saviaga
2017-08-17 / 20:03:42
LAGUNA JURÍDICA DEL DERECHO O VACÍO LEGISLATIVO

“ANÁLISIS DEL CRITERIO EMITIDO POR LA SCJN RESPECTO A LA ACCIÓN DE INCONCTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una acción de Inconstitucionalidad promovida por la PGR en contra de diversas disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder determinó que no es válido que los Estados soliciten requisitos inferiores a los establecidos en la CONSTITUCIÓN FEDERAL para ocupar el cargo de magistrado o juez local, los Ministros del Pleno invalidaron el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el cual permitía que en situaciones extraordinarias una persona sin título de licenciado en derecho, ocupara el cargo de Juez Municipal, los Ministros también invalidaron el artículo ______ de…. que permitía que los Magistrados ocuparan el cargo teniendo un título de licenciado en derecho con al menos cinco años de antigüedad, mientras que la Constitución Federal establece como requisito que tengan título vigente, desde hace al menos 10 años.

Para efectos de abordar este tema es necesario precisar lo siguiente: se denomina "laguna jurídica o del derecho" o "vacío legislativo" a la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta; esto es, se trata de la omisión en el texto de la ley, de la regulación específica a una determinada situación, parte o negocio; con ello se obliga a los operadores jurídicos a emplear técnicas sustitutivas con las cuales puedan obtener una respuesta eficaz a la expresada tara legal.

Así, las lagunas o vacíos legislativos pueden deberse a la negligencia o falta de previsión del legislador (involuntarias) o a que éste, a propósito, deja sin regulación determinadas materias (voluntarias), o bien, a que las normas son muy concretas, que no comprenden todos los casos de la misma naturaleza o son muy generales y revelan en su interior vacíos que deben ser llenados por el juzgador, con un proceso de integración, mediante dos sistemas:

a) la heterointegración: llamada también derecho supletorio o supletoriedad; y,

b) la autointegración: reconocida expresamente por la mayoría de los ordenamientos como analogía y principios generales del derecho.



En estas condiciones, el uso de la analogía implica necesariamente creación o innovación del derecho, y pueden distinguirse dos clases resaltantes de ésta: la "legis" y la "iuri"; y es aceptada bajo dos condiciones, a saber: a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, b) Igualdad esencial de los hechos.

Sin embargo, es necesario puntualizar en que la mente humana pueda prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros en particular; sin embargo, el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los Jueces o tribunales a dejar de resolver una controversia, por lo que existen diversos métodos que el juzgador debe emplear para llenar ese vacío legislativo, siempre que no sea posible resolver una controversia, aplicando una disposición precisa de la ley y tales fuentes son: primero, la supletoriedad o la analogía y, después, los principios generales del derecho.

Con base a criterios jurisprudenciales, fundamentos y argumentos doctrinarios, se está haciendo notar a través del juicio de amparo natural y la revisión respectiva, que el juez de distrito, en la sentencia que controvierto, se aparta del estado de derecho que debe regir su actuación, PORQUE SOBRESEE EL AMPARO, pero de manera imperativa establece que en la legislación veracruzana, en cuanto al tema de adscripción de magistrados, facultad reservada al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la Constitución Local y Ley Orgánica de ese organismo, (artículos 56 fracción XIV, de la Constitución Local y 17 de a Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado), existe emisión legislativa porque se deja de legislar sobre los parámetros o lineamientos que deben adoptarse para adscribir a magistrados del Poder Judicial.

Determinación que riñe con lo dispuesto en el artículo 14, 16, 17 y 116, puesto que si Nuestra Carta Magna, establece que para los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales, se haga preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, consecuentemente, para su adscripción, por mayoría de razón también se debe establecer dichos parámetros o lineamientos.

Siendo procedente, por lo tanto, el amparo indirecto ante la omisión legislativa detectada por el juzgador federal, porque a partir de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 se prevé expresamente, la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mientras que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el acceso a una tutela judicial efectiva.

El criterio que se sostiene es acorde con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de agosto pasado, en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinaron que la Constitución de Veracruzana debe adecuarse al contenido del artículo 95 de la Constitución Federal, pues precisamente para efectos de evaluación de magistrados, nuestra norma contiene ese vacío legal o laguna, que evidentemente, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte deben crearse los mecanismos para evaluación, y que en nuestro caso concreto también la autoridad estatal competente deberá otorgar las adscripciones con base en parámetros previamente establecidos y no fijarlos arbitraria o discrecionalmente en clara violación al principio de igualdad de género y no discriminación, como en el caso concreto que se encuentra en discusión mediante un recurso de revisión ante el Juzgado de Distrito por la suscrita Magistrada Concepción Flores Saviaga.



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