MEMORANDUM 1.- Aunque las autoridades no han confirmado la cifra de víctimas, de manera extraoficial trascendió que serían cuatro personas ejecutadas en una chatarrera ubicada en la calle Javier Mina y Ruiz Cortines de la colonia Morelos, en Acayucan. De acuerdo con los reportes, sujetos armados arribaron al sitio y dispararon en contra de la humanidad del encargado y tres personas más que, al parecer, eran sus ayudantes en este negocio de chatarra. La masacre se registró alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles. Se informó que fueron dos sujetos armados quienes a bordo de una motocicleta llegaron a la chatarrera y una vez que ubicaron a su víctima dispararon en contra de la humanidad de ésta, así como de otras personas que lo acompañaban. Hasta el momento se habla de 4 víctimas de este ataque artero con lo que suman cinco homicidios con violencia registrados en esta ciudad en lo que va del año. El primero fue un vendedor de naranjas victimado días anteriores frente a una escuela secundaria de la ciudad….LA FISCALÍA General del Estado informó que a través de las Fiscalías Regionales obtuvo una sentencia condenatoria y una vinculación a proceso por homicidio, así como una imputación por secuestro agravado, en Cosamaloapan, Coatzacoalcos y Xalapa. Con relación a la sentencia condenatoria, ésta se obtuvo en Cosamaloapan, donde se dictaron 20 años de prisión en contra de Ángel “N”, como responsable del delito de homicidio doloso calificado. De igual forma, en Coatzacoalcos se logró una vinculación a proceso en contra de Gilberto “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, ocurrido el 7 de marzo de 2017 en la localidad de Uxpanapa. Por otro lado, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), realizó imputación en Xalapa en contra de Ángel Francisco “N”, como presunto responsable del delito de secuestro agravado. Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025, en la localidad Tetlaxca del municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde la víctima fue privada de su libertad y posteriormente se exigió un pago de rescate. La identidad de todas las víctimas de los delitos referidos se encuentra legalmente resguardada. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso con la procuración de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el territorio veracruzano.

28 de Enero de 2026 / 16:15:48

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MEMORANDUM 2.-La dirección ejecutiva de Administración (DEA) del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido que salir a aclarar que no hay espionaje tras la instalación de videocámaras, torniquetes, entre otras medidas de seguridad. Justifica que debe elevar el nivel de operación del órgano al de otras dependencias como la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ante la critica por el exceso de seguridad y hasta trasparencia argumenta además que las condiciones antiguas “han llevado a que la historia reciente del Instituto muestre un patrón documentado de un mayor número de amenazas y agresiones – heterogéneas en motivación y modus operandi- que confirman la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad de la institución”. Al referirse a los controles peatonales y vehiculares, puntualiza que se les colaban personas no autorizadas que podían andar libremente en todas las instalaciones... ¿Pues no que muy abierto y accesibles? La sala de prensa hasta parece reality show. De todos lados observan. “Una vez que ingresan los visitantes y proveedores a las sedes del INE ha sido muy complejo el seguimiento de estos, por lo que se reciben quejas constantes de empleados y funcionarios que sus actividades se han visto interrumpidas por personas no autorizadas en sus áreas, puesto que una vez dentro del inmueble tienen la facilidad de transitar por todas las instalaciones”, se justifica. Asimismo, advierte que en las concentraciones masivas, por ejemplo para el registro de candidatos, el personal interno debe hacerse cargo de controlar a miles de personas. Actualmente hay 209 cámaras, pero se desconoce el nivel de incremento de aparatos de nueva tecnología y el costo del proyecto; como se informó desde la semana pasada, el Comité de Transparencia del INE decidió reservar todos los detalles del contrato, bajo el argumento de que este órgano tiene responsabilidades clasificadas como de seguridad nacional. Sin embargo, en los sitios web de los proveedores se informa que el precio de las cámaras puede ir de los 3 mil 398 dólares (57 mil 168 pesos) a los 3 mil 698 dólares (64 mil 268 pesos), incluyendo hardware y licencia de 10 años. En el texto no se ofrece una respuesta sobre lo divulgado el viernes pasado, respecto a considerar la sala de prensa como área común y, por tanto, colocar cámaras incluso arriba de las computadoras utilizadas por los reporteros de distintos medios de comunicación que acuden de manera cotidiana al INE. En el documento, a desglosar hoy en la mesa semanal de consejerías, la DEA indica que el plan se aplicará en 40 inmuebles del INE y se incluirá el fortalecimiento del centro de monitoreo, para ampliar su capacidad de almacenamiento de imágenes tomadas con videocámaras. Sostiene que el plan de instalación de cámaras y otros dispositivos de ingreso a los inmuebles tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas servidoras públicas y visitantes. El objetivo, como se indicó, es llevar al INE a una protección integral como otras instancias públicas de relevancia, incluidas también “distintas secretarías de Estado y las sedes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”. Algunos acusan que Guadalupe Taddei Zavala esta convirtiendo al INE en una empresa cuatrera más para la Cuarta Trasformación.

28 de Enero de 2026 / 16:00:10

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MEMORANDUM 3.- Organizaciones que defienden los derechos de los migrantes se sumaron al rechazo a la designación de Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a enfrentar un proceso abierto por el incendio en una estación migratoria, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum premia la negligencia. Los centros Fray Matías de Córdova y Digna Ochoa, La 72, Chirla, Servicio Jesuita a Refugiados, entre otros, exigieron que se transparenten los criterios de selección para el nombramiento de directivos en la administración pública. Recuerdan que hay un proceso abierto contra él por ejercicio ilegal del servicio público por el incendio de una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, evento en el que murieron 40 migrantes y 27 sufrieron lesiones graves. Asimismo, exigen que se “ponga fin a la práctica de premiar con cargos públicos a funcionarios acusados de graves violaciones a derechos humanos”. En un pronunciamiento, aglutinados en el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, igualmente reiteraron su demanda de que se garantice justicia integral para las víctimas y sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Indican que la designación del ex titular del instituto "es un acto que perpetúa la impunidad histórica que ha caracterizado la respuesta del Estado mexicano ante graves violaciones a derechos humanos”, con ello “las instituciones premian la negligencia y la evasión de responsabilidades, al tiempo que ignoran deliberadamente el sufrimiento de las víctimas”. Enfatizan que la ausencia de información pública suficiente y de explicaciones claras sobre esta decisión “alimenta una percepción de protección política, o al menos de tolerancia institucional frente a la falta de rendición de cuentas”. El 19 de enero pasado, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Garduño fue nombrado por la presidenta Sheinbaum como director general de Centros de Formación para el Trabajo; el gobierno de la 4T se ha caracterizado por ocultar la negligencia y la evasión de responsabilidades de funcionarios e incluso celebrarla moviéndolos solo de puesto.

28 de Enero de 2026 / 15:30:30

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