Jueza niega libertad anticipada de Javier Duarte; tiene pendiente proceso penal por el delito de desaparición forzada, algo bastante grave
MEMORANDUM 1.- Aunque dicen que ya se había despedido - ahí sí de manera anticipada- de sus compañeros de celda, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se quedó con las ganas de salir antes de concluir su condena del Reclusorio Norte, luego de que este viernes una jueza federal le negó la libertad anticipada. Al emitir su fallo, la jueza Ángela Zamorano Herrera, determinó que el ex mandatario estatal no cumplió con todos los requisitos establecidos en Ley de Ejecución Penal. En una diligencia que duró poco más de una hora, la juzgadora declaró infundada su petición en donde se dijo que Duarte de Ochoa no cumplió con el requisito más importante: no contar con proceso penal vigente. Y es que el exmandatario tiene pendiente un proceso penal por el delito de desaparición forzada en agravio de un taxista, en el que se le dictó auto de no vinculación a proceso, resolución que fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz y que está pendiente de resolverse en un Tribunal. Antes de ingresar a la audiencia, el abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano, adelantó que si el fallo no les favorecía su defensa analizaría una apelación ante un Tribunal. Sin embargo, por lo pronto, el ex gobernador de Veracruz se queda en prisión. Además, la defensa del ex mandatario no logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, que tiene que ver con actividades deportivas, culturales y educativas. Por ello, la jueza Federal Ángela Zamorano Herrera, determino que el exgobernador de Veracruz seguirá pagando su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, la cual concluirá en abril de 2026. Recientemente, los abogados de Duarte argumentaron que el exmandatario cumplió con más del 95% de su sentencia, por lo que le restan alrededor de cinco meses, y por ello podía solicitar el beneficio. En la última audiencia, celebrada el 19 de noviembre, el exgobernador tomó la palabra y acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de querer montar un “circo mediático” del caso, mientras que en un argumento final, la FGR aseguró que existen víctimas y madres buscadoras en Veracruz que piden que el exgobernador no sea liberado, por lo que le pidió a la jueza dejar que cumpla con toda su condena. Ha pasado casi una década desde que se destapara el mayor escándalo de corrupción en Veracruz bajo la administración del expriista, quien gobernó la entidad del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Fue acusado de desvíos millonarios, de la creación de empresas fantasma, y de usar fondos destinados a programas sociales para fines políticos y personales. En 2018, fue sentenciado a nueve años de prisión, tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de aceptar un juicio abreviado ofrecido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima. En mayo de 2016, en pleno proceso electoral, el portal Animal Político publicó una amplia investigación que mostraba la operación de una red de empresas fantasma en el gobierno de Veracruz que derivaron en los desfalcos millonarios detectados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Javier Duarte utilizó un mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas, una Estafa Maestra. Tras el caso denunciado en 2016, la entonces PGR acusó a Duarte de dos delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto al considerar que se confabuló con otras personas para desviar recursos públicos durante su gobierno utilizando empresas fantasma y prestanombres. El dinero, de acuerdo con las indagatorias, lo habría utilizado para la adquisición de propiedades y otros bienes. El presunto desvío de recursos federales, perpetrado de 2011 a 2016 en Veracruz, supuestamente destinados a acciones de salud, educación, seguridad, obras y asistencia social, asciende a más de 61 mil millones de pesos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se trata del mayor caso de manejo irregular de recursos federales del que haya registro a la fecha. El 12 de octubre de 2016 Javier Duarte solicitó licencia al Congreso de Veracruz para separarse del cargo, argumentando que lo hacía para enfrentar las acusaciones en su contra; sin embargo, desapareció de la vida pública. Se fugó. Cinco días después se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A finales de ese mes, fue expulsado del PRI. Seis meses después, el 15 de abril de 2017, Javier Duarte fue detenido en Guatemala por agentes federales mexicanos y de aquel país. Más de ocho años después de que fuera detenido, han salido a la luz contrataciones con compañías fachada que, hasta la fecha, no han sido incluidas en las 71 denuncias presentadas por la ASF contra su administración. Oficialmente, su excarcelación esta programada para abril de 2026, aunque quien sabe.