MEMORANDUM 1.- Luego de que no obtuvo la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, exsecretaria de Salud en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz -, podría ser llamada a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Habría que recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades por mil 78 millones de pesos en el manejo de recursos federales durante 2024, último año del gobierno de García Jiménez. Según la Segunda Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior, los SESVER, bajo la gestión de Díaz del Castillo, realizaron transferencias a cuentas no autorizadas, mezclaron fondos de distintas fuentes y efectuaron pagos no acreditados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024, por 83 millones de pesos en los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), derivado de irregularidades en anticipos, almacenes y bienes muebles. El monto más alto, por 56 millones 665 mil pesos, corresponde a anticipos no amortizados entregados a la empresa Grupo Antber, S.A. de C.V., por la adquisición de sistemas fotovoltaicos y equipos para hospitales en Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y el Centro Estatal de Cancerología. Por lo pronto, tras el revés judicial, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito admitió a trámite el recurso de revisión presentado por la defensa de la exfuncionaria, quien impugnó la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 534/2025. El Juzgado Segundo de Distrito había sobreseído el amparo y negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados en la causa penal iniciada por la Fiscalía Especializada. Durante la tramitación del juicio, el órgano federal le concedió una suspensión provisional que impedía la ejecución de una posible orden de aprehensión o comparecencia forzada, medida que se mantuvo hasta la resolución definitiva. La decisión del Tribunal Colegiado definirá si se confirma el sobreseimiento dictado por el Juzgado Segundo o si se modifica el fallo respecto a la solicitud de amparo promovida por Díaz del Castillo.

04 de Noviembre de 2025 / 22:46:02

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MEMORANDUM 2.- Bajo la premisa de que quienes ocupan cargos públicos deben ser removidos si no cumplen con su función, pues su labor es “brindar el servicio requerido para resolver los problemas y denuncias de los ciudadanos”, Román Vázquez González, líder de autodefensas en Zongolica, lanzó un fuerte llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno al señalar que su función es servir al pueblo y no asumir un rol de autoridad absoluta, además de exigir resultados en materia de seguridad, educación, salud e infraestructura. A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, Vázquez González aseguró que existe una percepción equivocada sobre el papel del gobierno, pues muchos continúan creyendo que “es el jefe supremo o patriarca de una comunidad” cuando, dijo, su responsabilidad es atender y resolver las necesidades del pueblo. “Un gobierno es un servidor público en el cual la ciudadanía confía la toma de decisiones para llevar adelante al país en economía, salud y educación. No son dueños absolutos de nada, no pueden tomar decisiones si el pueblo no se las otorga”, aseguró. En ese tenor, Vázquez González cuestionó que, pese a los impuestos que paga la población, los ciudadanos enfrentan carencias en servicios básicos y un panorama creciente de inseguridad. “La seguridad se les está saliendo de las manos, están dando muestra de su incompetencia. Las calles están llenas de baches, los alumnos carecen de maestros, el sector salud sigue sin poder atender las demandas, y la inseguridad ya rebasó al gobierno”, lamentó. El dirigente campesino consideró que el país atraviesa una situación crítica y no puede seguir siendo la ciudadanía quien pague el costo de la falta de capacidad gubernamental. Por último, destacó que los ciudadanos no deberían verse obligados a tomar las armas para protegerse. “Se supone que pagamos para un servicio, pagamos para esa seguridad. Un ciudadano no tiene por qué portar un arma para defenderse”, sentenció. El líder de autodefensas insistió en que es tiempo de que la población exija cuentas claras y resultados reales por parte de sus autoridades. Así las cosas.

04 de Noviembre de 2025 / 22:30:32

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MEMORANDUM 3.- De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025, en Veracruz fueron presentadas 81 mil 131 denuncias, pero sólo en 9 mil 914 se cuenta con una persona imputada, y el resto, 71 mil 217 permanecen en la impunidad. Lo anterior significa que la Fiscalía General del Estado mantiene una política de recepción de denuncias por parte de la ciudadanía, las abre e inicia, pero no encuentra a los responsables de los delitos. Con base en las cifras presentadas, el 87 por ciento de las denuncias que los veracruzanos presentan ante las fiscalías a lo largo del Estado de Veracruz no está detenido o ubicado el responsable, pero se mantiene la integración de la carpeta. Esto ubica a la Fiscalía General del Estado de Veracruz entre las de menor eficiencia junto con las de Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí y Baja California. A pesar de ello, la Fiscalía de Veracruz estableció que sólo tiene pendientes por resolver 16 mil 102 carpetas de investigación, de las más de 81 mil que se abrieron el año pasado. Refirió que 51 mil 389 carpetas se encuentran en etapa inicial y 4 mil 159 fueron concluidas.

04 de Noviembre de 2025 / 22:15:40

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