Tres estadounidenses llevan casi tres años en una celda de Poza Rica en prisión preventiva y acusan haber sido víctimas de tortura; Planta huachicolera ubicada en Perote operaba con permisos de Semarnat desde 2010 bajo la fachada de una empresa ambientalista
MEMORANDUM 1.-
Procesados en 2022 durante el gobierno de Cuitláhuac García por los delitos de privación ilegal de la libertad física y contra las instituciones de seguridad pública, tres ciudadanos estadounidenses llevan casi tres años sin sentencia, en una celda del Centro de Reinserción Social de Poza Rica. La abogada penalista y defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano, reveló que los detenidos fueron torturados por agentes estatales y dentro del penal. Denunció que, además de los golpes, sufren cobros para acceder a comida, medicinas o visitas familiares. Por lo anterior, Morales Solano presentó una denuncia por incumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Acusó que no se ha aplicado el Protocolo de Estambul, procedimiento que obliga a realizar dictámenes médicos y psicológicos a posibles víctimas de tortura. Según la abogada, fueron golpeados durante su detención en noviembre de 2022 para obligarlos a declarar. Desde entonces, permanecen en prisión preventiva. “Desde mayo de 2024 dimos vista a la Fiscalía sobre los hechos, pero no se ha iniciado investigación alguna”, aseguró. “Este mes cumplen tres años sin sentencia, debido a las omisiones de las autoridades encargadas de impartir justicia”, acusó la abogada. La ley federal exige que cada estado cuente con una Fiscalía especializada en tortura, independiente de la FGE. Veracruz, según la defensora, incumple esa obligación. “Existe una Fiscalía, pero depende directamente de la Fiscalía General, lo que contradice la independencia establecida en la Ley”, refirió. La abogada expuso que, pese a que la normativa ordena iniciar el protocolo de investigación en casos de posible tortura, la dependencia estatal no lo ha hecho. Los exámenes médicos y psicológicos —que deberían documentar las lesiones físicas y emocionales de los detenidos— siguen pendientes. Morales Solano aseguró que esta inacción constituye una omisión legislativa y ha llevado el caso ante los tribunales federales. “Interpusimos un juicio de amparo por esta omisión, y ya tenemos el informe justificado del Congreso”. Morales Solano manifestó que sus defendidos han sido castigados por denunciar las condiciones dentro del penal. Refirió que, tras quejarse por los cobros para acceder a alimentos y medicinas, fueron enviados a celdas de castigo y sometidos a malos tratos. “Se les impusieron internamientos injustos dentro del Cereso”. La abogada ha solicitado en repetidas ocasiones la intervención de la Fiscalía y del Ministerio Público, sin respuesta. “Aunque la ley ordena abrir una investigación por tortura, no se ha realizado ningún dictamen médico ni psicológico”. Mientras tanto, los tres estadounidenses permanecen detenidos sin sentencia. En los expedientes se acumulan las solicitudes y oficios no atendidos. La defensora asegura que las autoridades han fallado en garantizar los derechos básicos de sus representados y que la falta de independencia de las instancias investigadoras perpetúa la impunidad…. LA SECRETARÍA de Marina desmanteló en el municipio de Perote una instalación que funcionaba bajo el nombre Reciclados del Altiplano S.A. de C.V., fachada de una compleja red de huachicol industrial que operaba desde 2010 con permisos ambientales vigentes expedidos por la Semarnat. De este modo, lo que por más de una década se presentó como una planta de reciclaje ambiental resultó ser una refinería clandestina de combustible robado. El proyecto fue registrado hace 15 años por Rafael Salazar Jiménez, quien tramitó ante la dependencia federal un permiso con el supuesto fin de “recuperar hidrocarburos provenientes de aceites lubricantes gastados, diésel contaminado y combustóleo”. En el documento técnico se especifica que los residuos serían transportados en autotanques o pipas con capacidad de entre ocho mil y 10 mil litros, además de tambores de 200 litros para su almacenamiento temporal y “tratamiento ecológico”. Sin embargo, detrás de esa aparente legalidad se escondía una planta de refinación ilegal con maquinaria de destilación, tanques subterráneos, cisternas y un sistema logístico de transporte que permitió la distribución clandestina de combustible durante años. El predio se localiza en la colonia Libertad, una zona señalada en múltiples ocasiones por actividades criminales y robo de tráileres, a escasos 4.2 kilómetros del 111 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. A simple vista parecía una recicladora común, con bardas perimetrales y cámaras de seguridad; por dentro, era una operación encubierta de huachicol altamente estructurada. Durante el operativo federal, los marinos aseguraron 250 mil litros de hidrocarburos ilícitos, 12 pipas, tanques metálicos, bombas industriales y documentos relacionados con la venta y distribución del producto y ocho personas fueron detenidas. De acuerdo con estimaciones de la FGR y Pemex, el golpe económico asciende a más de 247 millones de pesos, afectando una de las principales redes de robo de combustible en la región central del estado. Los vecinos de la colonia Libertad denunciaron desde hace años los malos olores, el humo y la contaminación que salían del predio; en diversas ocasiones solicitaron la intervención de las autoridades ambientales, pero —afirman— “nunca hubo respuesta”, los gases y residuos emanaban de forma constante, mientras camiones y pipas entraban y salían sin control. El sitio ahora permanece asegurado con sellos oficiales y bajo vigilancia permanente de la Policía Municipal. Las autoridades no descartan que esta planta formara parte de una red regional de refinación ilegal, similar a la desmantelada en Las Vigas de Ramírez en agosto pasado, también bajo la fachada de recicladora de residuos peligrosos. El hallazgo dejó al descubierto no solo la magnitud del negocio del huachicol disfrazado de industria verde, sino también las grietas institucionales que permitieron que un proyecto autorizado por la Semarnat funcionara impunemente durante más de una década, en el corazón del altiplano veracruzano.