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Tras visita del Tribunal de Disciplina Judicial a los juzgados de Orizaba, remueven a juez penal Juan Luis Mendoza Rosas.
El funcionario fue enviado al juzgado penal del distrito judicial de Córdoba, ubicado en el Centro de Reinserción Social de Amatlán, un cambio que dio lugar a diversas reacciones de abogados y justiciables, quienes consideran que las revisiones al Poder Judicial deben ir más allá de simples visitas protocolarias.
Viernes 19 de Junio de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Luego de la visita de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a los juzgados de Orizaba, se registró como uno de sus primeros movimientos el relevo del juez penal Juan Luis Mendoza Rosas, quien ha sido señalado de manera constante por litigantes y usuarios del sistema de justicia por presuntos actos de corrupción y nepotismo. El funcionario fue enviado al juzgado penal del distrito judicial de Córdoba, ubicado en el Centro de Reinserción Social de Amatlán, un cambio que dio lugar a diversas reacciones de abogados y justiciables, quienes consideran que las revisiones al Poder Judicial deben ir más allá de simples visitas protocolarias. Durante años, ciudadanos y abogados denunciaron retrasos en expedientes, resoluciones controvertidas y presuntas irregularidades en algunos órganos jurisdiccionales de la región, situación que incluso ha sido expuesta reiteradamente a través de redes sociales. Varios sectores señalaron que las inspecciones del Tribunal de Disciplina Judicial deben ser sorpresivas y sin previo aviso, con el propósito de conocer la verdadera operatividad de los juzgados y evitar simulaciones. De igual forma, abogados postulantes y usuarios del sistema judicial pidieron que los magistrados escuchen directamente a los justiciables, litigantes y representantes legales, al considerar que son ellos quienes diariamente enfrentan las decisiones y procedimientos dentro de los tribunales y pueden aportar información sobre anomalías. Señalaron que, en caso de encontrarse irregularidades, estas deben ser investigadas a fondo y sancionadas conforme a la ley, pues la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia depende de que exista transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas. Para numerosos sectores de la sociedad, la presencia de los magistrados representa una oportunidad para corregir deficiencias y recuperar la credibilidad del Poder Judicial, aunque advierten que los cambios de funcionarios no serán suficientes si no se acompañan de investigaciones profundas y de una verdadera apertura para escuchar a quienes buscan acceso a una justicia pronta y confiable. Así las cosas.

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