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| Cabeza de Vaca y Álvarez Puga, entre las 269 extradiciones que EU ha frenado a México. | ||||||
| De 2018 a la fecha, el gobierno estadounidense no ha entregado a ningún presunto delincuente; en casos clave ha argumentado que no son "delitos violentos" o exige más pruebas. | ||||||
| Martes 19 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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De acuerdo con los expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos perfiles enfrentan acusaciones ligadas a la corrupción y el desvío de recursos. Por un lado, el exmandatario de Tamaulipas fue requerido por la justicia mexicana en agosto de 2025 bajo los cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, Álvarez Puga, esposo de la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, es señalado por su participación en esquemas de empresas “factureras” y un presunto desfalco a la Secretaría de Gobernación (Segob). El empresario fue solicitado en diciembre de 2025, acusado formalmente del delito de delincuencia organizada. En octubre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó su extradición. La Agencia de Investigación Criminal (AIC), en su momento, solicitó, a INTERPOL la emisión de una ficha roja de localización para la detención internacional, la cual fue concedida. Los obstáculos para los casos El documento de Relaciones Exteriores, dependencia a cargo de Roberto Velasco, revela los criterios que Estados Unidos ha aplicado para rechazar o retrasar la entrega de objetivos prioritarios. En el caso de Álvarez Puga, requerido el 4 de diciembre de 2025 por delincuencia organizada, la detención fue negada bajo el argumento de que sus actos no constituyen un “delito violento”. Una situación similar enfrenta el expediente de Cabeza de Vaca, solicitado el 8 de agosto de 2025. Por el cargo de uso ilícito de atribuciones, Estados Unidos exigió a México presentar la petición formal de extradición, mientras que por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, solicitó el envío de información adicional. Además de los casos de Álvarez Puga y Cabeza de Vaca, estos procesos también se encuentran frenados bajo el mismo parámetro: Caso Infonavit A Rafael “N” y Elías “N” -implicados en el caso Infonavit y requeridos en octubre de 2025 por delincuencia organizada-, las autoridades estadounidenses pidieron la petición formal argumentando que no cometieron un delito violento y no se les considera un riesgo para la sociedad. Cabe mencionar que el empresario Zaga Tawil fue detenido en abril por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Rafael, dueño de la empresa Telra Realty, y su hijo, Elías Zaga Hanono, cuentan con una orden de aprehensión vigente desde el 5 de julio de 2024. Caso Ayotzinapa Asimismo, las extradiciones del caso Ayotzinapa continúan trabadas. El juez José Ulises Bernabé y contra Pablo Vega Cuevas, miembro de Guerreros Unidos conocido como “El Transformer”, fueron solicitados a mediados de 2024 por delincuencia organizada. En ambas solicitudes, Estados Unidos requirió más pruebas e información adicional, o bien, la formalización de la petición. En otros expedientes, como el de William “N”, acusado de trata de personas en mayo de 2023, la solicitud fue denegada de forma directa. Justifican estatus El estatus de los 233 requerimientos que siguen pendientes muestra que 183 son peticiones formales de extradición y 50 son solicitudes de detención provisional. El dato que resalta la SRE es que, en 47 de esas 50 peticiones preventivas, Estados Unidos le requirió a México presentar información adicional. La Cancillería explica que esta constante exigencia de más pruebas no es una anomalía, sino que tiene fundamento legal en el Artículo 12 del Tratado Bilateral de Extradición. Este apartado permite a la parte requerida solicitar pruebas adicionales si estima que los elementos presentados inicialmente no son suficientes para justificar la medida. A esto se suma, indica la SRE, el Artículo 9 del mismo tratado, el cual establece que la entrega de ciudadanos nacionales no es obligatoria, sino una facultad discrecional del Estado, lo que obliga a los gobiernos a realizar una evaluación jurídica rigurosa antes de proceder. En la práctica bilateral, cuando existen delitos complejos como la corrupción o la desaparición forzada, Estados Unidos aplica sistemáticamente un alto estándar de revisión, lo que ha provocado, por ejemplo, que las solicitudes del caso Ayotzinapa acumulen más de 18 meses de retraso. La postura del Gobierno de México sostiene que pedir precisiones en los procesos legales se alinea también con el Artículo 17 de la Ley de Extradición nacional. Por ello, las exigencias de Estados Unidos reflejan un estándar de revisión que, bajo el principio de reciprocidad y debido proceso, debe acatarse para garantizar que cualquier medida restrictiva de la libertad esté debidamente fundamentada. |
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