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XALAPA.- Será el sereno, pero la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presumió que durante su gestión la Fiscalía ha aceptado 10 recomendaciones en materia de derechos humanos, incluidas cuatro que anteriormente habían sido rechazadas por la gestión de Verónica Hernández Giadáns, lo que derivó en el reconocimiento de 187 víctimas. La titular del organismo precisó que cinco de estas recomendaciones fueron emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una por la Comisión Nacional, mientras que las cuatro restantes corresponden a casos que fueron reconsiderados. “En total son 10 las recomendaciones que he aceptado. Son cinco que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de la Comisión Nacional y cuatro que son recomendaciones reconsideradas que ya se habían rechazado. Yo las reconsideré y las acepté”, aseguró. La Fiscal General señaló que la aceptación de estos resolutivos implicó el reconocimiento formal de víctimas directas e indirectas en diversos casos, entre ellos el ataque al bar Caballo Blanco, ocurrido en Coatzacoalcos. “Estas 10 recomendaciones han conllevado el reconocimiento de 187 víctimas reconocidas directas o indirectas”, sostuvo. La Fiscal señaló que esta decisión forma parte de una política institucional para atender pendientes en materia de derechos humanos y asumir responsabilidades. “Esta institución tiene una deuda con la ciudadanía. Debemos avanzar no solo aceptando recomendaciones, sino también capacitándonos y disculpándonos de manera pública”, señaló. En su exposición, Jiménez Aguirre vinculó estos avances con una reorientación en la actuación de la Fiscalía, que incluye el fortalecimiento de acciones preventivas y operativas contra delitos. Reportó que, como parte de cateos y operativos recientes, se aseguraron mil 426 dosis de droga, 35 armas y 861 elementos balísticos, lo que, dijo, contribuye a reducir la comisión de delitos violentos. “Esto nos permite prevenir otro tipo de delitos, delitos violentos. Con estas armas muchas veces privan de la vida o lesionan”, explicó. De igual forma, indicó que el delito de extorsión mostró una disminución al pasar de 268 casos a 121 entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, además de la inhabilitación de 582 líneas telefónicas vinculadas a este ilícito. “Estas líneas se encuentran ya inhabilitadas. Han ido a la baja porque también ha ido bajando el delito de extorsión”, señaló. La fiscal expuso que los resultados también incluyen sentencias relevantes en casos de secuestro y homicidio, así como detenciones en flagrancia y operativos coordinados con fuerzas estatales y federales. Destacó que la aceptación de recomendaciones y el reconocimiento de víctimas constituyen una diferencia respecto a la actuación anterior de la institución. “Debemos avanzar en ello, no solo aceptando las recomendaciones, sino asumiendo lo que corresponde como institución”, concluyó.
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