De Veracruz al mundo
Rechaza fiscalía de EU que el gobierno de Venezuela pague defensa de Maduro.
Ambos acusados, en uniforme de reos, se sentaron al lado de sus respectivos abogados. Ya se habían declarado “no culpables” de los cargos federales en su contra durante su primera audiencia, cuando Maduro expresó que se consideraba “un prisionero de guerra”.
Viernes 27 de Marzo de 2026
Por: La Jornada
Foto: AFP.
NUEVA YORK Y WASHINGTON .- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores, acudieron a su segunda audiencia de procedimiento ante un tribunal federal en Nueva York, acusados de tráfico de drogas y, en el caso del mandatario, “narcoterrorismo”, en la cual se abordó el tema de su representación legal y los próximos pasos hacia un eventual juicio.

Ambos acusados, en uniforme de reos, se sentaron al lado de sus respectivos abogados. Ya se habían declarado “no culpables” de los cargos federales en su contra durante su primera audiencia, cuando Maduro expresó que se consideraba “un prisionero de guerra”.

El tema principal de la audiencia fue una disputa sobre cómo pagar la representación legal de los acusados con los abogados de defensa, al acusar que el gobierno de Estados Unidos viola los derechos constitucionales que garantizan el derecho de los procesados a contratar a sus defensores.

Autoridades estadunidenses insisten en que el gobierno de Venezuela no puede trasladar fondos a las cuentas de los acusados, ya que están bajo sanción de Washington.

El juez federal veterano, Alvin Hellerstein, de 92 años de edad, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y que preside el caso, escuchó el debate intenso entre abogados de defensa y la fiscalía sobre si se debe o no aprobar una licencia articular para permitir que fondos del gobierno venezolano paguen los costos de la defensa.

Subrayó que el gobierno de Estados Unidos no debe interferir en el derecho constitucional de los acusados a escoger a sus abogados de defensa.

El abogado de Maduro, por ahora, es Barry Pollack, quien argumentó que el gobierno bolivariano está dispuesto a financiar la defensa del mandatario y su esposa. Los fiscales insistieron en que Washington se ha negado emitir la licencia necesaria para el uso de esos fondos bajo las sanciones que siguen vigentes contra recursos y negocios oficiales venezolanos, y que la negativa al permiso para hacer una excepción es guiada por razones de “política exterior” y “seguridad nacional”.

El juez comentó que pensaba que “Estados Unidos está haciendo negocios” con Venezuela y que “las cosas han cambiado” en ese país.

Pero después de casi una hora sobre el punto, la disputa no fue resuelta y el juez indicó que emitirá su decisión próximamente. El resto de la audiencia abordó detalles de procedimiento y una solicitud del abogado de Flores para que ella reciba mayor atención médica debido a una condición cardiaca.

En Washington, sin esperar un juicio y descartar la presunción de inocencia otorgada a todo acusado, el presidente Donald Trump proclamó que Maduro es culpable. Durante una junta del gabinete comentó: “espero que se presenten los cargos. Él vació sus prisiones y fue un proveedor mayor de drogas. Fue capturado y ahora le será ofrecido un juicio imparcial”.

Los abogados ahora esperan la decisión del juez para ver si les pagarán y tendrán los recursos necesarios para su defensa. Argumentaron que si esto no se logra, el juez podría descartar el caso por completo.

El juzgador aclaró que eso no está por ocurrir, aunque tampoco descartó por completo esa opción.

Pollack es un abogado reconocido, sobre todo por su trabajo en defensa de Julian Assange y quien negoció el acuerdo extraordinario con el gobierno estadunidense que llevo a la liberación de su cliente y puso fin a su odisea legal de 15 años. El abogado de Flores es Mark Donnelly.

La acusación federal fue usada como la justificación de su secuestro en Caracas por fuerzas armadas estadunidenses el 3 de enero, bajo el argumento de que Maduro encabeza “un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha empleado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales incluyendo el narcotráfico”.

Los cuatro cargos incluyen “conspiración de narcoterrorismo”, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y otros “instrumentos destructivos”, todo lo cual ocurrió entre 1999 y 2025. Detalla que el presidente venezolano también fue socio del cártel de Sinaloa y de los zetas, como el Tren de Aragua, las Fuerzas Aramadas Revolucinarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl).

Al tribunal llegaron decenas de venezolanos para atestiguar el caso y hubo una pequeña manifestación de apoyo a Maduro en la plaza frente a la sede judicial.

Maduro Moros y Flores están encarcelados en la prisión federal de Brooklyn.

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