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XALAPA.- Aunque sea para mal, Veracruz está de moda. Y es que, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Carlos Castro, perpetrado el pasado 8 de enero, en Poza Rica, y llamó a las autoridades a realizar una investigación “coordinada, diligente y exhaustiva”, así como a identificar y sancionar a los responsables, al igual que otorgar medidas de protección a los familiares y colegas de la víctima. A través de un comunicado, el organismo refirió que según los reportes públicos, sujetos desconocidos ingresaron al local comercial donde se encontraba Castro y le dispararon directamente, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Refirió que el gobierno de México expresó a la RELE “su más profundo pesar por los asesinatos de profesionales de la comunicación y reiteró su compromiso con la libertad de expresión y con la investigación exhaustiva de los hechos conforme a la ley”. La relatoría especial refirió que se informó que existen diversas líneas de investigación que aún se encuentran en curso y sujetas al debido proceso. De igual forma, señaló que organizaciones de la sociedad civil indicaron que Castro era reportero de la fuente policíaca y director del medio digital Código Norte Veracruz, especializado en temas de seguridad. En 2024 habría sido víctima de amenazas e intimidaciones, por lo que recibió medidas de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de abril a octubre de ese año y se desplazó de Poza Rica, municipio al que regresó en el último trimestre de 2025. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en octubre de 2024 concluyeron las medidas de protección y no hubo reportes nuevos por parte del periodista. La RELE destacó que de conformidad con la Declaración de Principios de sobre Libertad de Expresión, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, señaló. Concluyó que corresponde a las autoridades esclarecer de manera efectiva las motivaciones del crimen, con pleno respeto al debido proceso y a los principios de independencia judicial. Así las cosas.
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