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A cinco años de la masacre en Camargo, familias rechazan cierre del caso y demandan reparación del Estado mexicano.
Las familias realizaron este jueves en Comitancillo, San Marcos, Guatemala, una caminata de memoria para honrar a quienes fueron asesinados, partiendo del cementerio local hacia la iglesia de la Santa Cruz.
Jueves 22 de Enero de 2026
Por: animalpolitico.com
Foto: .Fundación para la Justicia
Ciudad de México.- A cinco años de la masacre de 19 personas en Camargo —16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos— ocurrida el 22 de enero de 2021, las familias de las víctimas denuncian que, pese a que la FGR anunció el cierre del caso tras la sentencia de 50 años de prisión contra 12 policías de Tamaulipas, el crimen sigue sin esclarecerse a fondo y no han recibido reparación ni una disculpa pública del Estado mexicano.

Las familias realizaron este jueves en Comitancillo, San Marcos, Guatemala, una caminata de memoria para honrar a quienes fueron asesinados, partiendo del cementerio local hacia la iglesia de la Santa Cruz.


En el templo, familias colocaron fotografías de las víctimas y participaron en una misa en su honor. Después, en el atrio, dieron lectura a un comunicado en el que reiteraron que, a cinco años de los hechos, “las familias de las víctimas siguen esperando verdad y reparación”.


En el comunicado, las familias recordaron que los 19 cuerpos calcinados fueron hallados el 23 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas. Tras la indignación internacional que provocó la masacre, los gobiernos de México y Guatemala establecieron en marzo de 2021 un Mecanismo de Acompañamiento Binacional para coadyuvar en la investigación y gestionar la repatriación de los restos.

Pero tras la restitución, afirmaron, “las familias se enfrentaron al abandono institucional y siguieron su proceso de búsqueda de justicia, sumando fuerzas entre ellas y con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala”.

Ese acompañamiento derivó en un proceso que las familias calificaron como una articulación transnacional “sin precedentes”, en el que las familias guatemaltecas incluso participaron en el juicio oral desde sus comunidades de origen.


La sentencia de 2023: justicia parcial
El 25 de octubre de 2023, tras tres meses y medio de juicio, un juez condenó a 12 policías estatales de Tamaulipas, ocho de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

La decisión se fundamentó en elementos como los relatos de testigos, casquillos encontrados en la zona, la geolocalización de vehículos y celulares de los imputados, y pruebas de uso de armas asignadas el día de los hechos.

El comunicado de las familias reconoce la sentencia como un paso importante: “La sentencia condenatoria en contra de los 12 policías de Tamaulipas se reconoce como un acto de justicia”.

Sin embargo, advierten que “la sentencia no permitió esclarecer el motivo de la persecución, ejecución y calcinación de las víctimas, ni develar la estructura criminal, intereses, corrupción y autoría intelectual detrás de los hechos”.



La FGR cierra su carpeta; familias denuncian caso inconcluso
En el comunicado leído este jueves, las familias informaron que la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, de la FGR, requerida por tratarse de delitos de carácter “masivo, transnacional y macro criminal”, “acaba de notificar a los asesores de las víctimas, el cierre del caso”.

Las familias rechazan esa determinación y subrayan que el expediente judicial no está completo: “El caso sigue inconcluso. Las familias no han sido reparadas ni el Estado mexicano ha presentado disculpa pública por lo ocurrido”.

Reparación pendiente, disculpa ausente
Las familias recordaron que, desde febrero de 2021, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, les aseguró durante una reunión con autoridades guatemaltecas que se repararía “el daño con una compensación para ayudar a reconstruir un proyecto de vida, no por ponerle precio a la vida humana, sino como medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales”.

Sin embargo, hasta hoy —subrayan en su comunicado— nada de eso se ha cumplido.

También mencionaron la Recomendación 168VG/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue aceptada por las autoridades mexicanas y que estableció derechos para las víctimas, entre ellos: “atención psicológica y tanatológica especializada, continua y gratuita; atención médica; compensación económica; así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición”.

Las familias enfatizaron: “Hasta la fecha, ninguna de estas medidas ha sido cumplida”.


La masacre que marcó a dos países
La masacre ocurrió el 22 de enero de 2021, cuando 19 cuerpos calcinados fueron encontrados dentro de un vehículo baleado en Santa Anita, Camargo. La Fiscalía de Tamaulipas determinó que los policías estatales persiguieron, dispararon, ejecutaron y calcinaron a las víctimas para intentar ocultar pruebas.

“Nos están disparando”, alcanzó a avisar por teléfono una de las víctimas a su familia antes de ser asesinado, de acuerdo con la reconstrucción judicial.

Las víctimas eran 16 guatemaltecas —muchas originarias de Comitancillo—, un salvadoreño y dos mexicanos que trabajaban ayudando a migrantes a cruzar la frontera.

“Mi hijo Élfego viajó para darle una mejor vida a sus hijos”, dijo en aquella ocasión doña Adelina Díaz, madre de Élfego Miranda.


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