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XALAPA.- Con denuncias de presuntos actos de corrupción en algunas oficinas, como permitir la intervención de intermediarios no oficiales que ofrecían agilizar el proceso a cambio de pagos que iban de los 800 a los 1,500 pesos por unidad, es decir, con el pago de “mochadas”, ciudadanos del sur del estado continúan manifestando su inconformidad por las irregularidades, fallas administrativas y posibles actos de corrupción que, aseguran, han marcado el desarrollo del programa de ordenamiento vehicular para el reemplacamiento de motocicletas. Aunque la gobernadora Rocío Nahle anunció la ampliación del plazo para el reemplacamiento hasta el 31 de enero, luego de que se reconociera públicamente la saturación de las oficinas de Hacienda y las dificultades operativas de miles de motociclistas para realizar el trámite dentro del periodo originalmente establecido, para muchos contribuyentes, la ampliación del plazo no resuelve los problemas de fondo. Y es que, de acuerdo con testimonios ciudadanos recabados en Acayucan, el proceso ha estado marcado por largas filas, atención limitada y gastos dobles. En ese sentido, usuarios denunciaron que, pese a llegar desde la madrugada e incluso pedir permiso en sus trabajos, no lograron ser atendidos. “La gente se queda esperando horas y al final te dicen que no te van a atender. El trámite se paga y, si en 72 horas no te atienden, tienes que volver a pagar 199 pesos del Repuve para el trámite de altas”, denunció una de las afectadas. Otro usuario lamentó que incluso personas que llegaron alrededor de las 4:00 de la mañana, siendo de los primeros en formarse, fueron rechazadas sin una explicación clara. “Fue el primero y lo dejaron fuera. Pedimos permiso para venir a hacer el trámite y a la mera hora nos dijeron que no”, señaló. Ante estas quejas, el encargado de la oficina de Hacienda en Acayucan, Ociel Urbano González, explicó que la saturación no obedece únicamente a fallas logísticas, sino también a la falta de previsión ciudadana. Justificó que el proceso de regularización de motocicletas inició desde los meses de junio y julio, periodo en el que la afluencia fue baja, lo que provocó que muchas personas dejaran el trámite para el cierre del plazo. “El tiempo se está cerrando y la demanda se incrementó; la oficina se ve rebasada y no contamos con el recurso humano suficiente para atender a todos”, señaló. El funcionario afirmó que diariamente se entregan 40 fichas para mantener el orden y que posteriormente se elabora una lista para orientar a quienes no alcanzan atención, principalmente para revisar documentación, ya que gran parte de los retrasos se debe a que los usuarios acuden con papeles incompletos. Con relación a los señalamientos sobre la presunta preferencia a gestores o intermediarios, Urbano González negó cualquier irregularidad y aseguró que la oficina no trabaja con “coyotes”. “Los trámites se realizan respetando las citas y el orden de llegada. No hay corrupción en esta oficina”, reiteró, invitando a los ciudadanos inconformes a acudir y constatar el trabajo que se realiza. No obstante, los agraviados insistieron en que durante el proceso se detectó una operación discrecional en algunas oficinas, donde —aseguran— se limitó el número de trámites diarios y se permitió la intervención de intermediarios no oficiales que ofrecían agilizar el proceso a cambio de pagos que iban de los 800 a los 1,500 pesos por unidad, dejando en desventaja a quienes no podían acudir personalmente por motivos laborales, de salud o distancia. De igual forma, se reportó la falta de placas suficientes en algunas sedes, la suspensión de otros servicios administrativos y la ausencia de supervisión efectiva por parte de oficinas centrales, lo que, según los denunciantes, abrió la puerta a abusos y prácticas irregulares durante lo que va de la ejecución del programa. Por último, pobladores del sur de Veracruz consideraron que la ampliación del plazo resulta insuficiente si no se acompaña de una revisión integral al funcionamiento de las oficinas de Hacienda, mayor transparencia en la asignación de placas y una investigación puntual sobre las denuncias ciudadanas, a fin de evitar lo que al final pasó: que un programa de regularización se convierta en un proceso plagado de inconformidad social. Así las cosas.
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