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XALAPA.- Vaya caso, el contratista Javier Armenta Calvo hizo pública una denuncia contra el alcalde de Juchique de Ferrer, Cruz Ulises Cuevas Hernández, a quien acusa de incumplimiento de pago y de un posible fraude tras entregarle un cheque sin fondos como anticipo de una obra pública. El contrato, firmado en 2022 para la construcción de un drenaje sanitario en la comunidad de Vista Hermosa (El Riego), asciende a cerca de dos millones de pesos, a pesar de que la obra fue terminada con recursos propios y se encuentra en funcionamiento, el adeudo persiste, mientras la administración municipal está por concluir. Más aún, Armenta Calvo acusó al alcalde de haber estafado a diversas personas a través de trabajos, dinero y productos, señalando que existen múltiples formas en las que se habría abusado de la confianza de quienes colaboraron con la administración municipal. El conflicto se remonta al año 2022, cuando Javier Armenta firmó un contrato de obra pública con el Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, presidido por el ingeniero Cruz Ulises Cuevas Hernández; el proyecto consistió en la construcción de aproximadamente un kilómetro de drenaje sanitario en la localidad de Vista Hermosa, también conocida como El Riego, una comunidad que durante años había demandado infraestructura básica. De acuerdo con el contratista, la obra fue ejecutada conforme a lo establecido en el contrato número 2022300950004, con una inversión cercana a los dos millones de pesos, recursos que él mismo adelantó para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas, hoy, el drenaje está terminado y en operación, beneficiando directamente a la población, lo que —subraya— demuestra que el trabajo fue realizado y entregado. Sin embargo, pese a la conclusión de la obra, el pago nunca se concretó. Armenta Calvo señaló que durante el primer año recibió únicamente promesas por parte del alcalde y de la administración municipal: “el próximo mes”, “el siguiente pago”, sin que ninguna se materializara, la situación se agravó cuando el edil le entregó un cheque por 500 mil pesos como parte del anticipo, mismo que fue rechazado por el banco por no contar con fondos suficientes. Refirió que desde ese momento ha intentado cobrar el adeudo sin éxito, “no existe -sostuvo- ningún depósito realizado desde la cuenta oficial del Ayuntamiento a la cuenta de su empresa, lo que refuerza la sospecha de un manejo irregular de los recursos”. El contratista sostiene que su reclamo está respaldado con documentos oficiales, cuenta con el contrato de obra pública certificado por la Síndica Única del municipio, así como con la evidencia de que la obra fue concluida en su totalidad, “estos elementos, afirma, demuestran que no se trata de un conflicto por incumplimiento del constructor, sino de un adeudo directo del Ayuntamiento”. La preocupación del empresario es que, con la salida inminente del alcalde, el problema quede sin resolverse y el adeudo se pierda en el cambio de administración, afectando de manera directa el patrimonio familiar construido con años de trabajo. Ante la falta de respuesta local, el contratista señaló que envió un oficio al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) solicitando la revisión de su caso, sin embargo, recibió una respuesta que indicaba que el contrato ya aparecía como pagado, algo que -asegura- no coincide con la realidad, pues no existe ningún depósito en su cuenta. Consideró que este punto abre una interrogante mayor: “¿cómo una obra presuntamente no pagada aparece como saldada en la cuenta pública 2022, misma que ya fue liberada por el órgano fiscalizador?”. Para Armenta Calvo, esta situación resulta alarmante y amerita una revisión más profunda de las cuentas del municipio de Juchique de Ferrer. Por lo anterior, el constructor hizo un llamado directo a la titular del ORFIS, Delia González Cobos, para que se realice una auditoría minuciosa, no solo de su caso, sino de otros contratos de obra pública. El contratista aseguró que no es el único afectado. Dijo que conoce a varios constructores que realizaron trabajos para el municipio y que tampoco han recibido su pago, pero que prefieren guardar silencio, a diferencia de lo que suele pensarse, sostuvo, no se trata de miedo a represalias, sino de la normalización de prácticas que han dejado a muchos proveedores en la indefensión. Como último recurso, el contratista hizo un llamado público para que su situación llegue a oídos de la gobernadora, Rocío Nahle, y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de evitar que casos como éste se repitan y queden impunes. “Están jugando con el patrimonio de una familia”, expresó, al destacar que el dinero reclamado no es una dádiva, sino el pago justo por un trabajo realizado con esfuerzo y responsabilidad. Además del conflicto legal que se avecina, la denuncia de Armenta Calvo funciona como una alerta sobre la necesidad de mayor transparencia, rendición de cuentas y protección a quienes, desde el sector productivo local, contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Así las cosas.
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