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| El gobierno de Colima protege a su presidente del Poder Judicial. | ||||||
| La administración de Indira Vizcaíno enfrenta señalamientos de que dependencias de su gobierno niegan apoyo a Brenda Hernández, quien sostiene denuncias contra su expareja Juan Carlos Montes, presidente del Poder Judicial en Colima | ||||||
| Lunes 08 de Diciembre de 2025 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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No es un secreto en la entidad que la estructura institucional opera como un cerco para protegerlo, algo que niega cualquier funcionario consultado, aunque los hechos que narra dejan una sombra difícil de ignorar. Brenda en entrevista, aseguró que ya perdió la cuenta de las dependencias a las que ha acudido. Lo que sí recuerda, casi de memoria, es que su calvario inició en diciembre de 2023 con una demanda de pensión alimenticia por sus dos hijos. A partir de ahí, asegura, el proceso comenzó a mostrar una serie de anomalías. El juzgado no fijó una pensión provisional y solo lo hizo tras un amparo, aunque con un criterio que, según su defensa, nunca se utiliza. “Lo dejaron cubriendo gastos sólo cuando quisiera. Era como si todo girara alrededor de su voluntad”, aseguró. Recuerda que la caída de uno de los menores por las escaleras, en un momento en que el padre supuestamente debía cuidarlos, derivó en una denuncia por omisión de cuidado. “Tengo este una denuncia por omisión de cuidado y justamente ahí se entrevistan a los niños, ellos relatan en su entrevista, pues que no lo ven y que cuando lo ven no está, entonces cuando se los llevaba, porque ya no lo ha hecho últimamente, los dejaba en total abandono en su domicilio con otro hermano mayor, medio hermano mayor que tienen este, y los exponía de alguna manera”. Su denuncia por obstrucción de justicia en la fiscalía tampoco avanza. La semana pasada le informaron que “están solicitando copias”. Un expediente detenido es, en términos prácticos, justicia negada. Al final, no se trata solo de burocracia lenta. Se trata de una paralización selectiva en un caso que involucra a uno de los hombres más poderosos del estado. Después acudió al Instituto Colimense de las Mujeres. Ese día, recuerda, le dijeron que debía abandonar su trabajo, sacar a sus hijos de la escuela y esperar una camioneta sin placas que pasaría por ellos. “Sonó más a desaparición forzada que a resguardo. Me entró un miedo terrible. Me hicieron firmar que no aceptaría la ayuda”. Decidió entonces acudir a la fiscalía para denunciar obstrucción de justicia. Una semana atrás pidió avances y la respuesta fue que todavía estaban “solicitando copias”. La carpeta, literalmente, no avanza. También buscó un acercamiento con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien le aseguró no tener relación con el funcionario denunciado. Ella aseguró que las fotos de eventos oficiales cuentan otra historia y por eso, dice, la respuesta le pareció poco creíble. Brenda Hernández destacó que todo este panorama le deja una impresión muy clara. “Parece blindado. Como si hubiese un muro invisible que nadie quiere tocar”. Las fechas, los documentos y las decisiones judiciales que ella aporta permiten ver un patrón. Su demanda de pensión alimenticia, promovida en diciembre de 2023, quedó suspendida en un limbo procesal que rara vez se observa en expedientes ordinarios. No hubo pensión provisional. No hubo actuación oportuna. Hubo un amparo. Hubo una orden federal para corregir. Aun así, el juzgado emitió una resolución basada en un criterio que, según su defensa, jamás se emplea en otros casos equivalentes. Es decir, la excepción convertida en regla para un funcionario de alto rango. Lo más crítico de este caso es la sensación, difícil de ignorar, de que existe una especie de blindaje informal alrededor del presidente del Tribunal. No se afirma una culpabilidad, pero sí se observa una reacción institucional totalmente fuera de proporción. |
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