Trabajadores del Poder Judicial denuncian hostigamiento y acoso laboral de nuevas juezas y magistradas

jueves 18 de septiembre de 2025

Visitas:

Trabajadores del Poder Judicial denuncian hostigamiento y acoso laboral de nuevas juezas y magistradas.

Las primeras denuncias se concentran en Veracruz y Sinaloa, donde personas juzgadoras electas supuestamente realizaron “presiones indebidas” para obligar a los trabajadores a renunciar.

Jueves 18 de Septiembre de 2025

Por: animalpolitico.com

Foto: Cuartoscuro .

Compartir	Twittear

Ciudad de México.- Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), de diversos niveles y estados del país, denunciaron ante las autoridades supuestos actos de hostigamiento y acoso laboral presuntamente cometidos por nuevas juezas y magistradas federales, que resultaron ganadoras tras la elección judicial.

Las primeras denuncias se concentran particularmente en los estados de Veracruz y Sinaloa, donde personas juzgadoras electas supuestamente realizaron “presiones indebidas” para obligar a las y los trabajadores a renunciar, violando así la reforma judicial que decretó en su artículo décimo transitorio que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

Estas “presiones” ocurren a pesar del llamado del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pidió a las y los nuevos jueces y magistrados federales del país no “desechar” o “despedir” a los trabajadores que ya estaban en el Poder Judicial, quienes aseguró cuentan con formación y experiencia que “hay que aprovechar”.

Por este motivo, las y los trabajadores solicitan la “intervención inmediata” de las autoridades para que cesen las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF, en diversos escritos dirigidos a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro presidente Hugo Aguilar e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Animal Político buscó tanto al nuevo TDJ como el OAJ para conocer si ya existen procedimientos para investigar los hechos y conocer la postura de las personas juzgadoras señaladas, pero al cierre de edición solo se había recibido respuesta por parte del Tribunal que aseguró están preparando un posicionamiento al respecto y que ya pidió informes para “respetar los derechos de los trabajadores”.

“Los trabajos constituyen el sustento de sus respectivas familias”: colectivo
El colectivo denominado “32 Circuitos Unidos” —que fue uno de los más activos durante las protestas contra la reforma judicial— fue uno de los primeros en denunciar la violación de derechos humanos del personal de base —que trabajan en órganos jurisdiccionales de Boca del Río, Veracruz, y Culiacán, Sinaloa— por parte de nuevas personas juzgadoras electas por voto popular.

“Hoy 17 de septiembre de 2025, en el Poder Judicial de la Federación asumieron el cargo en sus respectivas adscripciones las personas juzgadoras electas y comenzó, indiscriminadamente, la violación al (artículo) Décimo Transitorio de la Constitución, en materia de reforma judicial, que establece el respeto irrestricto de los derechos laborales de los trabajadores sin distinción de cargos y naturaleza del trabajo (base o confianza)”.

De forma particular, señalaron a la magistrada electa Antonia Ahleli Feria Hernández, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito (Veracruz), y la jueza electa Delia Icela Quiroa Flores, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (Sinaloa), por pedir de “manera injustificada” a las y los trabajadores de dichos órganos sus renuncias, despojándolos de sus trabajos que “constituyen el sustento de sus respectivas familias”.

En su escrito dirigido a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro Hugo Aguilar e integrantes del TDJ y el OAJ —con quien incluso buscarán una audiencia con carácter de urgente—, el colectivo solicitó su “intervención inmediata” para que cesen las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF.

Además, piden conminar a las personas juzgadoras electas que respeten de forma irrestricta los derechos laborales de las personas juzgadoras, así como que inicien una investigación contra dichas personas juzgadoras y se les sancione por su desacato al artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

“Por otra parte, exigimos a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como a Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, intervengan de manera inmediata para garantizar a sus agremiados el respeto irrestricto a nuestros derechos adquiridos”.

Las denuncias contra la magistrada Feria y la jueza Quiroa
En el caso de las denuncias presentadas contra la magistrada Feria Hernández, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C. publicó un escrito en el que rechazó la actitud mostrada por la jueza electa, quien supuestamente “solicitó la renuncia del personal de confianza y de las cinco personas secretarías de base”.

“Tal solicitud fue sustentada bajo el argumento de que se trata de una ‘nueva administración’ y por ende no existe relación laboral con ella, por lo que les retiró los expedientes y los concentró en su privado […] Si permitimos que conductas como estas subsistan y queden impunes, corremos el riesgo de que los derechos de todos los trabajadores se vean avasallados”.

Por este motivo, hicieron un llamado al PJF, sobre todo a los representantes sindicales, para que “elevemos la voz ante esa clase de atropellos”, mientras que exigieron al OAJ que haga respetar los derechos adquiridos de todos los trabajadores.

La colectiva Sororidad Judicial Federal también emitió un pronunciamiento a nombre de las mujeres trabajadoras del PJF para rechazar “enérgicamente” cualquier acto que vulnere los derechos laborales y de igual forma pedir al OAJ que garantice “condiciones justas, libres de violencia y discriminación”.

“La reciente solicitud de renuncia a personal de confianza y a compañeras secretarias de base del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito constituye un atropello que no podemos normalizar. Recordamos que estas decisiones afectan de manera diferenciada a las mujeres, quienes enfrentamos desigualdades estructurales adicionales”.

Sobre las denuncias presentadas contra la jueza electa Delia Quiroa, la juzgadora Marlen Ángeles, que fue destituida tras la aprobación de la reforma judicial, denunció a través de sus redes sociales que su reemplazo solicitó la renuncia a tres personas, sin motivo justificado, entre las que se encuentran una “madre soltera viuda con tres niños, víctimas de la violencia de Culiacán, Sinaloa”.

“Una persona requiere tratamiento médico por leucemia, una joven de la comunidad LGBTQ+ aporta diversidad, una madre viuda es el sostén de tres niños, otra madre tiene horas de trabajo virtual para las terapias de su hija en situación de vulnerabilidad, una joven brillante atraviesa un duelo por negligencia médica”, había escrito previamente en una publicación en la que le había solicitado no despedir a nadie.

Trabajadores solicitan que se publiquen los contactos y procedimientos para denunciar actos de hostigamiento y acoso laboral

La Unión de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación también denunció que la ejecución de “presiones indebidas” por parte de personas juzgadoras para obligar a las y los trabajadores a renunciar han sucedido en “todo el territorio nacional”, a través de un escrito dirigido al TDJ.

“En los últimos días, hemos recibido reportes alarmantes de casos en todo el territorio nacional en los que personas juzgadoras han incurrido en presiones indebidas para obligar al personal a renunciar a sus puestos”, se puede leer en el escrito.

De acuerdo con las y los trabajadores, estas prácticas además contravienen el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal que consagra la estabilidad del empleo como un derecho fundamental de los servidores públicos, así como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que protege contra despidos injustificados y actos de coerción en el ámbito laboral.

“La estabilidad del empleo no solo es un derecho laboral inalienable, sino también un pilar esencial para garantizar la independencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, ya que permite a los trabajadores desempeñar sus funciones sin temor a represalias o presiones que comprometa su integridad o calidad en su trabajo. Las conductas reportadas no solo atentan contra la dignidad de los servidores públicos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones judiciales y afectan la impartición de justicia”, señalaron.

Por lo anterior, solicitaron al TDJ la publicación de los medios de contacto y procedimientos para denunciar actos de hostigamiento y acoso laboral y que hagan un apercibimiento a las personas juzgadoras, instándolas a abstenerse de solicitar o presionar por renuncias injustificadas al personal.

Por: Alfredo Maza