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XALAPA.- No es posible construir una sociedad del cuidado sin garantizar el derecho a decidir sobre la reproducción, aseguraron más de 80 activistas, colectivas y defensoras de derechos humanos de diversos estados del país, en el encuentro Tejiendo derechos: aborto y cuidados, realizado en la Ciudad de México en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. “En un contexto donde las responsabilidades de cuidado siguen recayendo de forma desproporcionadasobre las mujeres y personas con capacidad de gestar, la penalización del aborto y la falta de acceso a este servicio esencial de salud impone maternidades forzadas y, con ello, una carga de cuidados no elegida”, expuso Aidé García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Esta realidad perpetúa las desigualdades de género y limita la autonomía de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. “Hablar de cuidados sin hacerlo de aborto es incompleto. Las decisiones reproductivas están atravesadas por las condiciones materiales, sociales y emocionales que permiten o impiden cuidar y ser cuidada en condiciones dignas”, refirie Rebeca Ramos, directora de el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Desde los movimientos feministas, se exigió que los Estados de la región, y en particular el Estado mexicano, adopten compromisos concretos para avanzar hacia la despenalización total del aborto, y para construir sistemas integrales de cuidados que reconozcan esta labor como un derecho y una responsabilidad colectiva. “Impulsar una sociedad del cuidado con igualdad de género solo será posible si se garantiza el derecho a decidir cuándo y en qué condiciones cuidar. Eso incluye, sin excepción, el acceso pleno al aborto seguro”, reiteraron. Aprovechando el contexto del proceso Beijing+30 y la Conferencia Regional, las colectivas, redes y organizaciones participantes del encuentro llamaron a colocar la justicia reproductiva en el centro de las políticas públicas y a construir un horizonte feminista donde los cuidados y el derecho a decidir se reconozcan como dimensiones profundamente entrelazadas del bienestar colectivo.
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