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XALAPA.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio la orden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de informar sobre la estadística relacionada con abortos practicados en sus clínicas y hospitales en el estado de Aguascalientes, así como del personal médico sin objeción de conciencia para practicarlos. Esto luego de que una persona solicitó al IMSS información sobre las prácticas médicas y el personal médico y de salud sin objeción de conciencia para la práctica de abortos, incluido su perfil profesional. Respecto de la información estadística de los abortos practicados, solicita las edades de las personas gestantes, estado de nacimiento y de residencia y cuántos abortos se practicaron conforme a la NOM-046. El IMSS, a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Aguascalientes, entregó la información incompleta de acuerdo al quejoso, pues el organismo no incluyó el nivel de detalle que solicitó, particularmente sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico y de enfermería para negarse a realizar algún procedimiento sanitario que forma parte de los servicios del Sistema Nacional de Salud cuando considere que va en contra de sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia, como ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. La Comisionada Josefina Román Vergara comenta: “Considero que dar a conocer lo requerido permitirá que la sociedad se allegue de las cifras reales sobre el personal de salud que se encarga de realizar esta práctica en nuestro país y su preparación, para que, con ello, se esté en oportunidad de verificar realmente la eficacia del aborto seguro”. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ninguna mujer o persona gestante que interrumpa su embarazo enfrentará cargos penales por abortar. Asimismo, determina que la interrupción del embarazo debe ser una práctica gratuita que deben ofrecer instituciones de salud públicas a nivel federal, como parte del análisis constitucional de un amparo presentado por la organización ciudadana GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida).
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