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XALAPA.- Ante la creciente presión derivada del paro de transportistas en todo el país, quienes protestaban por la inseguridad en las carreteras, el gobierno no tuvo más opción que recurrir a su comodín: entregar la seguridad de estas vialidades al ejército. Esta medida, aunque se presenta como una respuesta necesaria para combatir la delincuencia en las carreteras, aviva los rumores y preocupaciones acerca de una posible militarización del país. El general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha destacado el despliegue de elementos para proteger las carreteras en Veracruz y otras entidades, como respuesta al aumento de asaltos. Si bien se han anunciado cifras que muestran una disminución en la incidencia delictiva en lo que va del año, la decisión de recurrir al ejército para garantizar la seguridad en las carreteras hace que inevitablemente la ciudadanía se cuestione el papel que deberían desempeñar las fuerzas armadas en la seguridad pública. Se informa que 3,602 efectivos y 1,917 unidades, han llevado a cabo 17,766 operaciones de vigilancia y cubriendo 49,706 kilómetros de carretera. Lo anterior, a través de diez estados que son: Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, México, Puebla, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Jalisco. El refuerzo de la seguridad en tramos carreteros clave y la creación de Fuerzas de Tarea "Carreteras" tienen como intención mostrar el presunto compromiso del gobierno con la protección de las vías terrestres; sin embargo, es al propio gobierno federal al que se le atribuye este preocupante aumento en la violencia, puesto que ha abonado al clima de ingobernabilidad al negarse a perseguir a los delincuentes derivado de su absurda política de “abrazos, no balazos”. Además, la amplia gama de áreas en las que están desplegados los efectivos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, que van desde la seguridad en instalaciones estratégicas hasta la lucha contra la pesca ilícita, refuerza la percepción de que el ejército está desempeñando un papel cada vez más amplio en la vida cotidiana del país. En total, se reporta que hay alrededor de 281,772 efectivos combinados entre la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas desplegados en todo el territorio nacional. Aunque se argumenta que estas medidas son necesarias para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, es importante recordar que el papel de las fuerzas armadas debe ser complementario al de las fuerzas de seguridad pública, no sustitutivo. La militarización excesiva puede erosionar las instituciones civiles y socavar los principios democráticos. Si bien es comprensible la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar la inseguridad en las carreteras, que el gobierno federal recurra al ejército siembra dudas sobre el rumbo que está tomando el país en términos de seguridad y democracia. Es fundamental que estas medidas se tomen con cautela y se asegure que se respeten los derechos civiles en todo momento.
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