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XALAPA.- El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no entiende que no entiende. Y es que, como no pudieron con la jueza Angélica Sánchez Hernández por la vía penal, ahora buscarán afectarla por la vía administrativa. De acuerdo con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la reinstalación de la exjueza está descartada, con el argumento de que existe una distinción clara entre el ámbito penal y la cuestión administrativa. Refirió que la decisión se basa en el proceso administrativo al que Sánchez está siendo sometida, además de la expiración de su contrato el pasado 30 de junio. En ese tenor, Jiménez Aguirre afirmó que, a pesar de que Angélica Sánchez logró obtener un amparo, dicha protección solo protege su situación en relación con una posible violación a sus derechos fundamentales en el momento de su detención. Sin embargo, dijo que la orden de aprehensión en su contra todavía está en vigor y forma parte central del amparo en proceso. "La audiencia constitucional está programada para los próximos días y será el juez de distrito quien tome las decisiones pertinentes", refirió la magistrada. La presidenta del PJE destacó que la concesión del amparo no implica que Angélica Sánchez sea absuelta de los cargos de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, ni tampoco invalida la carpeta de investigación en su contra. Con relación a su situación laboral, Jiménez Aguirre explicó que existe un proceso administrativo sancionador en curso, instruido por el Consejo de la Judicatura. "Ella también presentó un amparo contra este procedimiento y la autoridad federal nos instruyó a pagarle el mínimo vital mientras su contrato esté pendiente. No obstante, su contrato llegó a su término el 30 de junio, y en cumplimiento con ello, realizamos el pago", afirmó. Según lo explicado por Jiménez Aguirre, a partir de esa fecha, el contrato de la magistrada ha expirado y el proceso administrativo sancionador está en marcha, siguiendo todas las garantías procesales correspondientes, incluido su derecho a presentar pruebas en su defensa. "En algún momento, el asunto será remitido para su resolución al Consejo de la Judicatura, pero es importante destacar que la obtención de este amparo no implica su reinstalación. Existe una distinción clara entre el ámbito penal y la cuestión administrativa", concluyó la titular del PJE.
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