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| AMLO envía reforma para incrementar sanciones por ilícitos con drones. | ||||||
| Martes 01 de Agosto de 2023 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En la exposición de motivos, el presidente López Obrador destaca que el uso de drones ha ido en aumento y si bien representan un avance significativo, ya que contribuyen al control de incendios, desastres naturales, rescate de personas heridas, patrullaje en zonas fronterizas y en general en misiones de paz y ayuda humanitaria, entre otras, las organizaciones de la delincuencia organizada utilizan esos artefactos aéreos no piloteados para transportar explosivos que son lanzados contras personas, utilizados en enfrentamientos y contra autoridades distintos órdenes de gobierno. “También se ha observado su uso en el transporte de droga y en el espionaje para obtener para obtener información privada de personas, fundamentalmente, del orden público, afectando así la paz social.”. En ese contexto, la propuesta del ejecutivo federal reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer agravantes en el uso de drones en “contra de bienes o servicios púbicos y privados, en contra de e la integridad física, emocional o vida de las personas”. Asimismo, “que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación”. En este caso, se impondrá una pena de prisión de quince a cuarenta años y multa de cuatrocientos a mil doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: La reforma del ejecutivo federal prevé también una sanción de diez a veinte años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotada a distancia realice la siguientes conductas: Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por si solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño. Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad. Y si el ilícito lo comete una un servidor público de alguna corporación policial, además de las penas señaladas y la destitución del empleo, se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados. |
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