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XALAPA.- Tras el escándalo provocado a nivel nacional e internacional por el caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, que ha generado una fuerte reacción por parte de jueces y magistrados de todo el país, tanto a nivel local como federal, así como de asociaciones internacionales de juzgadores, que han expresado su preocupación y repudio ante lo ocurrido, el tema de la justicia en Veracruz está de nueva cuenta en el ojo del huracán por el arresto y persecución a la juzgadora. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento, exhortando a las autoridades a respetar los derechos fundamentales de la jueza y garantizar su vida libre de violencia, así como su acceso al debido proceso legal. La CNDH también recordó la importancia de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. El organismo nacional de derechos humanos reconoció que no tiene la competencia legal para intervenir en las investigaciones, pero hizo un llamado a las autoridades encargadas del caso, a que se garanticen los derechos humanos de la jueza Angélica Sánchez, se tome con perspectiva de género y exista respeto de la presunción de inocencia por el o los delitos de los que se le acusa. El caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández se remonta al sábado 3 de junio cuando, en cumplimiento de una sentencia de amparo federal, ordenó la liberación de Itiel "N", alias "El Compa Playa", a quien la Fiscalía de Veracruz había intentado atribuir erróneamente el homicidio del exdiputado del PRI Juan Carlos Molina en 2019. Sin embargo, dos días después, el lunes 12 de junio, la jueza fue citada en Xalapa por el secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Luis Priego. Fue en ese encuentro donde la jueza se vio envuelta en una situación aún más grave. De acuerdo con su relato, la jueza fue detenida por un grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, quienes le habrían sembrado drogas y un arma de fuego. Los elementos de la Policía Estatal justificaron su detención y afirmaron que la jueza les había disparado sin motivo aparente. Tras permanecer dos días bajo custodia, Sánchez Hernández fue finalmente liberada por la Fiscalía General del Estado debido a la falta de elementos para solicitar su vinculación a proceso. Al salir en libertad, la jueza denunció haber sido víctima de tortura en el cuartel de San José, en Xalapa, a cargo de la Policía Estatal. Sin embargo, a pesar de la denuncia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró en más de una ocasión que no se investigará a los policías que incurrieron en las presuntas atrocidades denunciadas por la agraviada.
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