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XALAPA.- Con base en datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), más del 80 por ciento de recursos federales destinados a niñas y adolescentes mujeres se concentran en el eje de Desarrollo (relacionado con servicios educativos) pero se quedan en desamparo los ejes de eliminación de la violencia, el derecho a la salud y eliminación del trabajo infantil. De acuerdo con el estudio Inversión Pública en niñas y adolescentes mujeres en México, del CIEP, a 30 años de la creación de la Convención de los Derechos del Niño, la situación ha empeorado para el caso exclusivo de derechos de niñas y adolescentes mujeres. Y es que, los tres poderes de gobierno (federal, estatal y municipal) son los encargados de incorporar en su planeación financiera el destinar y ejercer recursos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Y es que no se cuenta con ninguna unidad responsable o programa presupuestario que tenga como población objetivo específicamente a las niñas y adolescentes mujeres, lo anterior, a pesar de que el gasto público entre 2017 y 2021 representó en promedio 0.7 por ciento del PIB y 2.6 por ciento del gasto Público y que, durante este periodo se observó un aumento anual de 7.5 por ciento, donde destacó el incremento de 14 por ciento de 2019 a 2020, por mayor asignación de recursos a programas prioritarios de becas. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, los recursos destinados a niñas y adolescentes mujeres ascendieron a 203 mil 771 millones de pesos, cuyo porcentaje del PIB representó el 0.83 por ciento. El estudio señaló también que el gasto para niñas y adolescentes mujeres se ha concentrado principalmente en el eje de derechos para el Desarrollo (83.7 por ciento promedio anual del presupuesto), el cual incluye acciones ligadas a la educación. En ese sentido, destacan el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa ((FONE) Servicios Personales, Servicios de Educación Media Superior, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, así como programas de beca por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Mientras que, para el eje de Supervivencia se destinó (2017.2021) el 15.6 por ciento; para el eje Protección y Participación apenas el 0.7 por ciento. La investigación reveló que la concentración de la inversión pública en derechos de desarrollo, dejaron desamparados los derechos de los otros ejes, tales como la eliminación de la violencia, el derecho a la salud y la eliminación del trabajo infantil. El análisis también encontró que la mayoría del gasto corresponde a gasto administrativo del sector educativo, en específico, a la nómina del personal docente de nivel básico, por lo que se tratan de recursos que llegan de manera indirecta a niñas y adolescentes mujeres. Entre sus conclusiones, la investigación destacó que al no contar con programas específicos para la atención de esta población, la inversión se diluye, ya que ningún programa o unidad responsable cuenta con acciones que promueva, protejan y garanticen directamente los derechos de poblaciones como lo son las niñas y adolescentes mujeres. Por tanto, no es posible entender y estimar los posibles efectos y resultados que la inversión pública tiene en disminuir la violencia hacia ellas, el acceso a una educación de calidad; el acceso oportuno a salud, entre los demás derechos.
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