XALAPA.- La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, hace oídos sordos ante abusos del director de la Policía Ministerial, Samuel López Leza, contra trabajadoras del organismo autónomo, denunció la expolicía ministerial, Wendy Rodríguez Rivera, quien llegó hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para presentar su queja y espera que le sea reconocida la calidad de víctima con la finalidad de contar con asesoría jurídica y atención psicológica especializada. Refirió que en diversas ocasiones intentó contactar a Verónica Hernández Giadáns, titular del organismo autónomo, pero no logró llegar hasta ella pues en las audiencias solicitadas, siempre se le negó la posibilidad. "Son 9 años de servicio para la Fiscalía y de la nada este es el pago que tengo. Soy desempleada, me cortaron el único sustento, soy madre de tres niñas y ni siquiera tengo con qué alimentarlas", lamentó. La agraviada narró que el pasado 8 de julio, Samuel López Leza, Director de la Policía Ministerial y señalado ya por agresiones a mujeres diputadas, la agredió verbalmente frente a diversas personas, llamándola "india, vieja y que venía de un rancho". Explicó que, además, sin mediar mayor motivo, le fue prohibido el ingreso a su centro de trabajo y su salario fue cortado: "sin levantarme ningún acta incluso". Todo ello, a pesar de que en noviembre pasado fue reconocida y representó a la Fiscalía como uno de los mejores elementos. Sostuvo que todo esto derivó mientras se desempeñaba en su cargo de Policía Ministerial Acreditable, cuando fue concentrada a las oficinas de la Delegación Regional zona centro Xalapa, asignándole un horario de 12 horas corridas de 9 de la mañana a 9 de la noche, sin tiempo para comer, de lunes a domingo, sin ningún tipo de descanso, ni derecho a gozar de su periodo vacacional. De acuerdo con la afectada, el director incluso la tildó de "vieja india", diciéndole que era una persona "de rancho" y él el Director de la Ministerial. Tras ese episodio, cuando Wendy Rodríguez se presentó a cubrir el horario que le había sido asignado, se encontró con que había instrucciones de no permitirle la entrada y remitirla a las oficinas administrativas de la FGE. En la Fiscalía fue atendida por la subdirectora de Recursos Humanos Yadira Arróniz Sánchez, quien le informó que volviera a las oficinas de la Policía Ministerial, que ya le iban a dar acceso y le tenían un oficio. A su regreso, le presentaron un oficio de cambio de adscripción a la ciudad de El Espinal, en la sierra de Papantla. La mujer indicó que también denunció a su ahora exjefe de manera penal ante la propia Fiscalía y el órgano interno de control. En este marco, el abogado Tomás Mundo Arriasa presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a nombre de su representada Wendy Rodríguez Rivera, en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pues no ha querido reconocer a su clienta, precisamente como una víctima. Dijo que Wendy Rodríguez ha solicitado asesoría jurídica y atención psicológica especializada debido a ser víctima de acoso laboral y otros abusos dentro de la Policía Ministerial. "Wendy Rodríguez pide que se investigue y en su momento se emita la Recomendación que corresponda por los hechos graves a los que fue expuesta y en los que es evidente la violación a sus derechos humanos, por parte de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado". Aunado a ello, dijo que ha solicitado que se le realice una valoración por un profesional en psicología, con el fin de que dé fe y se haga constar el estado de salud emocional (integridad física) en el que se encuentra, derivado de los malos tratos, amenazas, hostigamiento, violencia y acoso laboral. Por ello, ha solicitado que dicten en favor de su representada las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a los derechos humanos y pedir el informe sobre las medidas adoptadas en el cumplimiento de estas.
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