XALAPA.- A tono con la Semana Santa, en el papel de Poncio Pilatos, Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se lavó las manos, y afirmó que no puede interceder por los detenidos por ultrajes a la autoridad que no han sido liberados. ¿Será que le jalaron las orejas luego de la acción de inconstitucionalidad contra el delito de ultrajes aprobado por el Congreso? Según Namiko, el órgano a su cargo solo puede actuar en asuntos administrativos. "Los actos de los jueces no son materia del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por disposición expresa de la ley", aseguró. Pero, ¿qué acaso la negativa del Congreso local a publicar en la Gaceta Oficial la resolución de la Corte no es un acto administrativo? En ese tenor, la presidenta de la CEDH recordó que la Comisión conoce de actos y omisiones de servidores públicos y autoridades, pero en materia administrativa. "Ningún acto o valoración de algún órgano jurisdiccional es competencia de la Comisión", reiteró para hacerse de la vista gorda de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Poder Judicial, en contubernio con el Poder Legislativo. Lo anterior, a pesar de que el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad por violar el principio de taxatividad, contenido en el artículo 332 del Código Penal para el Estado de Veracruz, mismo que deroga la norma legal por ser violatoria de derechos humanos. La SCJN declaró además el efecto retroactivo a favor de todos los procesados por este delito en Veracruz desde el 12 de marzo de 2021, fecha en que entró en vigor la reforma que aumentó las penas de este tipo penal. Sin embargo, pese a ser un hecho público y notorio, los jueces de control se han negado a sobreseer los procesos en contra de decenas de personas acusadas de este delito. Lo anterior, bajo el argumento de que la declaratoria no puede cobrar vigencia, pues no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado. A la fecha, las personas que han logrado recobrar su libertad lo han hecho en cumplimiento a suspensiones o amparos otorgados por jueces federales, y por supuesto por encima de instancias que se mueven al son que les toque el gobierno del estado y sin ningún interés en defender los derechos humanos de los veracruzanos agraviados, como la CEDH que dirige Namiko Matzumoto.
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