XALAPA.- Aunque conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el nombre de los funcionarios es un dato público y más cuando estuviera relacionado con un hecho de corrupción, la Contraloría General del Estado, a cargo de Mercedes Santoyo Domínguez, ha decidido clasificar como información confidencial el nombre de todos aquellos servidores y exservidores públicos que hayan sido denunciados por faltas administrativas o actos de corrupción, como abuso de funciones, cohecho o tráfico de influencias en la administración morenista. El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la décimo novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de Acceso a la Información para tomar la determinación de clasificar los nombres, edad y sexo de aquellos servidores públicos que hubieran cometido una falta entre el periodo de febrero de 2020 y septiembre de 2021. De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información solo datos como sexo y edad estarían plenamente justificados resguardarlos, pero no en el caso de los nombres. Como fuera, en la sesión de octubre, el Comité de Transparencia de la Contraloría General integrado por la secretaria técnica, Rocío Sigala Aguilar; Miguel Montoya Barradas, director general de Fiscalización, y Juan Martínez Franco, titular de la Unidad de Transparencia, resolvieron negar entregar dichos datos que fueron solicitados por un ciudadano. A la par, aprovecharon para clasificarlos como información confidencial junto con el de personas físicas o morales que pudieran haberse visto involucradas en la posible comisión de un hecho de corrupción o falta administrativa. De acuerdo con esta información, un ciudadano requirió datos como el número de denuncias interpuestas por hechos de corrupción o faltas administrativas. De igual forma, pidió desglosar si los procesos fueron abiertos por incumplir con las funciones, por no denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas, no atender instrucciones de sus superiores, no rendir cuentas, causar daños y perjuicios de manera culposa o negligente a la Hacienda Pública o al Patrimonio del Estado, cohecho, peculado, abuso de funciones o tráfico de influencias entre otras.
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