XALAPA.- Con todo y que el ejercicio permite que la sociedad influya en sus representantes y los motive a cumplir sus promesas de campaña, la figura legal de revocación de mandato también representa un mecanismo de polarización social, alertó el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, a través de un estudio realizado por su cuerpo de investigadores. En ese tenor, el documento del IBD señaló que si bien la revocación de mandato constituyó un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos en materia política, en el control político de la ciudadanía hacia los gobernantes y de rendición de cuentas a partir de su desempeño, también precisó que la revocación de mandato es un mecanismo complejo en su implementación que puede estar sujeto a ciertas problemáticas como generar polarización en la sociedad. Por lo anterior, el documento destacó la necesidad de contar con medidas ciudadanas e institucionales sólidas que vigilen que la revocación de mandato sea utilizada para los propósitos democráticos creados, y así reducir los riesgos de un mal uso o que este mecanismo se distorsione para ser utilizado con otros fines políticos. Por otro lado, la nota del IBD refirió que con la reforma constitucional no sólo se incorporó la revocación del mandato para el presidente de la República, sino también para las personas titulares de las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En ese tenor, el estudio llamó la atención sobre el hecho de que, a poco más de doce meses de haber entrado en vigor la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, 14 entidades federativas ya reconocen en sus constituciones locales la revocación de mandato como un mecanismo democrático de participación directa. No obstante, aún hay 18 estados que falta cumplan con su armonización legal.
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