XALAPA.- Como dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sigue sin escuchar a los veracruzanos que le reclaman la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, y por el contrario, ha emprendido en las últimas horas, junto con el Congreso local, una campaña para adelantarse a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare inconstitucional dicho tipo penal en la sesión de mañana lunes, en la que está previsto abordar el tema. Lo anterior, a través de una reforma que esta semana se sacaron de la manga los legisladores morenistas, a través del diputado Antonio Luna Rosales – muy identificado con el ex Procurador de Justicia y ex secretario de Gobierno Reynaldo Escobar Pérez -, para que este domingo el Congreso sesione y atienda la solicitud de derogación de las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal de Veracruz pero dejando la continuación del delito de ultrajes a la autoridad y las agravantes de prisión preventiva oficiosa. De manera paralela, el gobernador García envío una carta a la Suprema Corte para expresarle su preocupación por la solicitud de declarar inconstitucional el tipo penal. Por lo anterior, dice que "de declararse inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrá sancionar con otros delitos ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos, en consecuencia, podría suceder un incremento en las agresiones a quienes ejercen funciones de seguridad pública. También, García Jiménez advierte a la Corte que las personas que están en prisión por haber cometido este ilícito quedarán en libertad, por lo que este hecho causará un precedente jurídico y obligatorio a nivel nacional, toda vez que este tipo penal y el bien jurídico que tutela, se encuentran presentes en la legislación penal de la mayoría de los estados que integran la federación. Según Cuitláhuac, los elementos policiales han sido aliados en la reducción de delitos de alto impacto en Veracruz y el artículo 331 sirve como marco para proteger su integridad en el desarrollo de sus funciones, aunque no dice que también les ha servido de pretexto para cometer toda clase de abusos, atropellos y detenciones arbitrarias documentadas entre otras por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. No obstante, a decir del gobernador de Veracruz, el artículo en cuestión es claro en su redacción “se impondrá 6 meses a 2 años de prisión a quien agreda o amenace a un servidor público al momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, e insiste en que, “en ningún momento se hace referencia al verbo ultrajar”. En la carta dirigida a los ministros de la Corte, el Gobernador se refiere a lo que ya compartió a los medios de comunicación en su pasada conferencia de prensa, cuando señaló que no había problemas de taxatividad ni de inconstitucionalidad ya que la actualización del Código Penal se desprende del artículo 19 de la Constitución Política Mexicana. Así las cosas.
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