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| ‘No se debe permitir que agresores lleguen a cargos públicos’: Morena. | ||||||
| La diputada Laura Imelda Pérez Segura propone que ningún aspirante con antecedentes de violencia familiar, doméstica o de género, obtenga una diputación federal o local | ||||||
| Miércoles 08 de Diciembre de 2021 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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La legisladora argumentó que la iniciativa pretende que las y los representantes populares federales y estatales sean personas capaces, con calidad moral y la población se sienta verdaderamente representada. “La probidad, debe ser el requisito de elegibilidad, porque no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, sino ser congruentes en la vida cotidiana. Hoy, lo personal es político, y no se debe permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley”, expresó. Esta iniciativa propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que sea requisito de elegibilidad al cargo legislativo federal o estatal “no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público”, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual, intimidad corporal, y ser deudor alimentario moroso. La parlamentaria indicó que, se contempla, en un artículo transitorio, para que los congresos locales de las 32 entidades del país, adopten estas disposiciones para quienes pretendan contender por un cargo de representación local. Pérez Segura mencionó que hubo intentos importantes desde el INE para que los partidos políticos asumieran este compromiso, como la propuesta de adhesión a la campaña de “He for she” promovida por ONU Mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018 y que consistían en: La morenista indicó que el INE con la denominada “3 de 3 Contra la Violencia” sólo pudo llevar a cabo una revisión muestral en mil 177 personas candidatas, y se concluyó que únicamente tres contaban con elementos suficientes para acreditar el cumplimiento. Advirtió que hubo varios factores que impidieron que tuviera éxito en el proceso electoral pasado: se adoptó iniciado el proceso electoral; no se contaban con bases jurídicas para solicitar información del tema a otras instituciones; no había la obligación legal de homologar registros, y no existían bases de datos para que el INE determinara negar o cancelar el registro de alguna candidatura. “Hay avances, pero no el éxito esperado. Por lo que resulta indispensable reforzar su mecanismo de actuación y otorgar garantías jurídicas, para que su aplicación sea correcta, vinculante y genere un cambio cultural de fondo. “Hay mucho camino por andar todavía para erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito de la política”, declaró. |
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