|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Aunque comparado con el tamaño del desfalco cometido en contra del erario público de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la multa es como quitarle un pelo a un gato, el exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Edgar Spinoso Carrera, deberá pagar 106 mil 512 pesos por su responsabilidad en el mal manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014. Lo anterior, en el marco del juicio contencioso administrativo 2255/19-13-01-9/419/20-pl-06-04, en el que el pleno de la Sala Superior por unanimidad de 10 votos a favor, a cargo de la ponencia del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, determinó la validez de la resolución impugnada, es decir que se validó la sanción al exfuncionario y del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por 106 mil 512 pesos con 95 centavos. Jiménez Illescas dijo que la conducta irregular que se le atribuye al ex Oficial Mayor de la SEV durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 18 de marzo de 2014 es procedente, pues omitió administrar adecuadamente los rendimientos financieros de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014 que fueron asignados a la SEV y se generaron en la Cuenta Bancaria en que fueron administrados por dicha dependencia. "Así como también se le imputa la falta de supervisión en la aplicación de las disposiciones legales que regulan su adecuado ejercicio, ocasionando que de esa manera que durante la auditoría practicada por la ASF la mencionada Secretaría no acredita contar con la documentación justificativa y comprobatoria que permitiera constatar que el destino dado a los rendimientos financieros que se generaron se encontrara dentro de los objetivos permitidos para su ejercicio". Habría que recordar que el exfuncionario demandó al director general de responsabilidades a los recursos federales en estados y municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, recurso proveniente de la Sala Regional del Golfo, la ponencia reconoció la validez de la resolución impugnada y en el considerando tercero se estableció que es competencia del director general de responsabilidades a los recursos federales en Estados y municipios adscritos a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF para iniciar y emitir la resolución en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, determinando que la resolución impugnada fue debidamente fundada y motivada. "La fiscalización se practicó sobre recursos federales otorgados a una entidad federativa y que con la conducta del hoy actor se originó un daño a la Hacienda Pública Federal", concluyó.
|
