| En ese tenor, la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, dijo que desde hace varias semanas el Poder Judicial está en un proceso de auditoría y revisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior, Orfis, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). |
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XALAPA.- Muerto el rey, viva el rey, parecieran decir en el Tribunal Superior de Justicia tras la destitución de la magistrada Sofía Martínez Huerta. Y es que, luego de muchos años de desorden administrativo, el Poder Judicial del Estado presumió que finalmente logró que los 103 contratos de arrendamiento se encuentren regularizados y se han pagado de manera puntual, además de que se han regularizado los predios a nombre del Poder Judicial para la construcción de las Ciudades Judiciales y los procesos licitatorios se han llevado con total transparencia y apego a la normatividad. En ese tenor, la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, dijo que desde hace varias semanas el Poder Judicial está en un proceso de auditoría y revisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior, Orfis, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Refirió que los trabajos de fiscalización se han enfocado en el manejo de fondos federales, en la obra pública, en el funcionamiento de los tribunales y en el contrato de la asociación público privado para la construcción de las Ciudades Judiciales. Bautista Flores explicó que están presentando toda la información del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de las participaciones federales que recibieron el ejercicio fiscal pasado. Por último, señaló que por instrucciones de la presidenta del Poder Judicial, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, en coordinación con la Contraloría, ya han cumplido con el 85 por ciento del avance de la auditoría correspondiente al año 2020.
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