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XALAPA.- Aunque negó que se trate de una denuncia con tintes electorales – pese a que fue presentada en plena campaña y tres años después - el diputado local de Morena por el distrito de Coatepec, Adrián González Naveda, junto con unas 50 personas, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Ayahualulco, Filiberto Morales y su hermano, el exalcalde Abundio Morales, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y corrupción. Según el legislador, la denuncia no la presentaron antes porque tuvieron conocimiento de ella hace apenas cinco días. “Fueron cinco días de mucho trabajo para integrar la carpeta y debo decir que todo este esfuerzo se está generando por la valentía de ciudadanos, porque a pesar de saber que estos caciques llevan robándose el presupuesto municipal desde hace muchos años, lo que faltaban eran pruebas para denunciar ante las instancias correspondientes”. En la denuncia también se involucra a la síndica de Ayahualulco, María Guadalupe Núñez Álvarez, al Contralor Municipal y al director de Obras Públicas, Oscar Mendoza García. Los denunciantes afirmaron que solicitarán que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) intervenga para revisar las cuentas públicas y las licitaciones de ese Ayuntamiento. Al respecto, el morenista Adrián González Naveda explicó que el Alcalde y sus hermanos, uno de éstos, Arturo Morales, actual candidato a la alcaldía del municipio, formaron la empresa constructora “Franton” con prestanombres para que las licitaciones de obras se queden en sus manos. El legislador dijo que los exempleados, supuestos prestanombres de los hermanos Morales son Tomás Tlaxcalteco Hernández y Francisco Vásquez Martínez. De acuerdo con el diputado local, los denunciados crearon una constructora con testaferros, aunque de hecho son los propietarios, ya que dijo contar con pruebas que acreditan que son los socios mayoritarios de la constructora y quienes se adjudican como dueños son empleados de los antes mencionados. Refirió que la constructora, que se denomina Franton, tan solo en 2018 obtuvo contratos por un monto de 18 millones de pesos, y en el 2019 y en el 2020, montos similares, por lo que se presume un quebranto patrimonial por el orden de los 60 millones de pesos aproximadamente, lo cual constituye un delito y será la representación social la que determinará qué más delitos se pueden constituir. Reiteró que la constructora se confirmó un mes antes de que concluyera el periodo constitucional de Abundio. “Algunos dirán, por qué se hace público esto durante el proceso electoral, pero deben entender que la gente se siente muy agraviada por el mal uso de los recursos públicos y la gente ya no tiene miedo de denunciar, porque sabe que le pertenecen las instituciones y operan para beneficio del pueblo”. Dijo que dentro de las pruebas que aportan a la representación social se tiene que los que figuran como socios de la constructora, uno de ellos fue Director de Catastro y después aparece como socio mayoritario, el otro socio, también aparece como empleado de los Morales en otros negocios de su propiedad. Por último, pidió a la FGE que es investigue y que pidan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuál es la solvencia de estas personas y en su caso, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que participe una vez que se hagan los pagos a la constructora a dónde van a dar los recursos de la misma, porque siguiendo el dinero, se darán cuenta a dónde irá a parar.
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