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XALAPA.- De acuerdo con el portal de transparencia del Tribunal Estatal Electoral de Veracruz (TEEV) los magistrados de ese órgano jurisdiccional pueden llegar a cobrar entre sueldo y gratificaciones, hasta 747 mil 571 pesos, en un mes, mucho más de lo que ganan no solo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sino el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Según datos del portal de transparencia, lo mínimo que ganan es 116 mil 209 pesos al mes, pero cuando coincide con los demás bonos puede alcanzar hasta casi tres cuartos de millón de pesos. Y se trata de datos públicos, por lo que no pueden decir que están inflados, donde se detallan cada una de las prestaciones y el sueldo que perciben. Así las cosas, los ingresos que cada uno de los tres magistrados cobran por su encargo son: sueldo mensual neto de cada uno de los magistrados, 111 mil 500 pesos; un premio mensual por buen desempeño (anual) por otros 111 mil 500 pesos, una compensación por 53 mil 62 pesos, una gratificación semestral por 6 mil 896 pesos, una regulación a la función pública (anual) por 42 mil 139 pesos , un bono anual de despensa por 57 mil 941 pesos, un estímulo a servidores públicos (trimestral) por 69 mil 950 pesos, ayuda para la capacitación y desarrollo (trimestral) por 41 mil 539 pesos, prima vacacional (semestral) por 13 mil 917, aguinaldo por 218 mil 616 pesos; ayuda para despensa y similares (anual) 15 mil 802 pesos y bono mensual por 4 mil 709 pesos. Según la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, nadie puede ganar más que el Gobernador del Estado, que en este caso ha declarado que cobra 59 mil 366 pesos y que no recibe ninguna compensación adicional. La ley también contempla que nadie puede ganar más que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo sueldo es de 108 mil 656 pesos. Sin embargo, sólo el sueldo de los magistrados Claudia Díaz Tablada, Roberto Sigala Aguilar y José Oliveros Ruiz, es de 111 mil 500 pesos sin incluir el resto de prestaciones, algunas mensuales, otras trimestrales, semestrales y anuales, lo que representa una violación flagrante a la Ley de Austeridad Republicana.
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