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XALAPA.- Bajo el lema “9 años de impunidad y cinco meses de silencio”, periodistas y activistas del estado de Veracruz se manifestaron en la plaza Lerdo a nueve años del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, y advirtieron que siguen la impunidad, la complicidad y la omisión en el esclarecimiento de este crimen, registrado el 28 de abril de 2012. Los comunicadores le recordaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a reabrir la investigación de este caso que ha sido catalogado por las autoridades como un crimen pasional. En este marco, la periodista de La Jornada, Norma Trujillo, afirmó que no ha habido una investigación seria, que ha habido cuatro fiscales de distintas administraciones estatales y no les ha importado dar con el autor intelectual y material del crimen. “El 19 de noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir el expediente para esclarecer el homicidio”, señaló y advirtió que a pesar del compromiso, ni el Gobierno federal, hasta ahora, ni el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ni la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, han fijado su postura. La periodista y defensora de los derechos humanos dijo que la Fiscal no se ha pronunciado al respecto, tampoco el gobernador del estado la ha exhortado para que se retome la investigación o pida la atracción del caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR. Por lo anterior, con fotografías de la periodista, los comunicadores exigieron justicia y al Gobierno del Estado mostrar que tiene disposición y voluntad política para que se pueda avanzar en la investigación para el esclarecimiento del crimen que se ha convertido “en el teatro de la justicia veracruzana”, señaló la reportera. Sobre este tema, la coalición A Safer World of the Truth publicó un informe en el que advierte que la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez se vio comprometida a nivel estatal y que hay claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado. Por lo anterior, recomendó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) imponer su jurisdicción sobre el caso dado que constituye un grave crimen que ha tenido un impacto considerable en el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Así las cosas.
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