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| El Auditor suspendido por informe de cancelación del NAIM comparecerá el 9 de marzo ante diputados. | ||||||
| Con 26 votos, los legisladores integrantes de la comisión acordaron llamar al responsable de la auditoría al proyecto aeroportuario cancelado en Texcoco. | ||||||
| Miércoles 03 de Marzo de 2021 | ||||||
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Con 26 votos, los legisladores integrantes de la comisión acordaron llamar al responsable de la auditoría al proyecto aeroportuario cancelado en Texcoco. “Lo que queremos es tener cifras, tener datos, tener exactitud en lo que estamos hablando y me parece que ésa es la parte más relevante: hay que darle claridad a la sociedad y evitar que esto se traduzca en una escalada mayor”, puntualizó Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. La comparecencia se acordó para el próximo martes 9 de marzo a las 16:00 horas. Agustín Caso fue separado temporalmente como auditor especial de la ASF como parte de las investigaciones que se encuentran en curso derivadas de las presuntas inconsistencias detectadas. Además, de acuerdo con los informes del órgano de fiscalización, el costo actualizado por la cancelación del NAIM sería de más de 331 mil millones de pesos, tres veces más que los cien mil millones originalmente estimados por el Gobierno federal. Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió dichas cifras y pidió a la Cámara de Diputados investigar el informe “tendencioso y falso” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El pasado 1 de marzo, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, se presentó a la Cámara de Diputados para dar inicio a su comparecencia por la sobrestimación del costo de la cancelación del NAIM. Frente a la comisión legislativa de Vigilancia aseguró que en caso de comprobarse que algún servidor público actuó por intereses personales se les sancionará cesándolos del cargo. El Auditor acudió a la reunión con los legisladores para revisar el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Publica 2019, suscrita en el primer año de Gobierno de López Obrador, luego de que se asegurara que los cálculos hechos por la ASF son “inexactos” e incluso “exagerados“. “Pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización, y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior, por el bien de las instituciones de México y de todos los mexicanos para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que quede claro que no hay ningún tipo de presiones, ni de mala fe. Si lo hubiera o hubiera algún comportamiento negativo, yo sería el primero en denunciarlo” expresó. |
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